El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 3.393 protestas durante el primer semestre de 2021, un promedio de 19 diarias. Esta cifra representa una disminución de 23% en comparación con el mismo período del año anterior.
Un año y tres meses después de la llegada del covid-19 en Venezuela, la situación de vulnerabilidad de las familias ha ido en aumento. No solo cargan con las consecuencias de una pandemia, de los controles prolongados ejercidos por el Estado sin un plan efectivo, sino que la población enfrenta las dificultades y desafíos propios de la emergencia humanitaria compleja, publica en su página web el observatorio.
Explican que en estos seis meses de 2021 los venezolanos continúan ejerciendo el derecho humano a la protesta pacífica en las calles, a pesar de las acciones represivas perpetradas por representantes de las instituciones del Estado y civiles armados, que se han amparado en el estado de alarma por el covid-19 para profundizar el control social y realizar prácticas contrarias a la garantía de derechos. Periodistas y defensores de derechos humanos han estado bajo acecho.
A la fecha, el Estado venezolano no ha demostrado tener voluntad política real para dar cumplimento a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales de protección de derechos humanos. Es fundamental el diseño e implementación de medidas, planes y políticas públicas que garanticen y protejan de forma plena y efectiva el derecho a la reunión y manifestación pacífica.
Conflictividad del primer semestre 2021 en las protestas
Durante los seis meses del año, 59 protestas fueron reprimidas, con resultado de 1 persona fallecida, 25 manifestantes detenidos y 7 heridos.
La exigencia de derechos laborales se mantuvo en el primer lugar del índice de manifestaciones durante los primeros seis meses del año, siendo la dolarización del salario la principal exigencia.
Trabajadores del sector salud se unieron en demanda de la resignificación del trabajo. Además, junto con pacientes y sus familiares reclaman dotación de materiales, equipos de bioseguridad, así como jornadas de vacunación contra el covid-19.
Trabajadores del sector educativo continúan reclamando sueldos justos y condiciones dignas y seguras para trabajar. Esta solicitud incluye desde jornadas de vacunación contra el covid-19 hasta el cese de las amenazas de ser sustituidos por jóvenes integrantes del Plan Chamba Juvenil.
Productores, comerciantes y trabajadores del sector informal rechazan las medidas restrictivas en cuanto a horarios, cobros excesivos de impuestos y retención ilegal de mercancía como prácticas cotidianas de las autoridades, lo que les dificulta generar los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas (alimentación, salud, servicios, educación).
Transporte público
Concentraciones y cierres de vía han sido protagonizadas por transportistas en rechazo a las tarifas del pasaje, falta de unidades de transporte y las frecuentes y extensas jornadas de espera en estaciones de servicio adquirir combustible.
Usuarios del transporte público denunciaron las constantes alzas en las tarifas, que en algunos estados se cobra en moneda extranjera.
El colapso de los servicios básicos aumenta y recrudece con el pasar de los días. Los reclamos por agua potable no cesan. Aumentan las penurias para adquirir y usar gas doméstico. Además, aumenta la preocupación ante los cada vez más frecuentes y prolongados cortes eléctricos en todas las entidades del país.
Aumentan las protestas por fallas en los sistemas de drenaje de aguas servidas y deficiencia en la recolección de desechos sólidos. Así como conflictos en ciernes que pueden afectar la salud pública.
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