Una coalición de organizaciones internacionales de derechos humanos expresó profunda preocupación por la propuesta de ley del gobierno de Nicolás Maduro que permitirá la regulación de las actividades y la financiación de las ONG en Venezuela.
En un comunicado, dijo que la ley restringirá la libertad de asociación al exigir que las ONG obtengan la aprobación de las autoridades chavistas y revelen quiénes son sus financistas.
El grupo advirtió además que el lenguaje ambiguo en el proyecto de ley genera temores de una mayor persecución de los defensores de derechos humanos en el país. Estas personas podrían sufrir posibles multas, cancelaciones de registros y cargos penales, especialmente críticos con el enfoque en la financiación extranjera y etiquetándolos como «agentes extranjeros».
🇻🇪@WOLA_org y organizaciones firmantes llamamos a comunidad internacional a condenar proyecto de ley del gob de #Venezuela para obstaculizar trabajo de sociedad civil.
Gobierno debe garantizar entorno propicio para personas defensoras de derechos humanos.https://t.co/660jHFSEiN
— WOLA (@WOLA_org) January 17, 2024
«El énfasis explícito de la ley en el financiamiento extranjero y la designación de las ONG como ‘agentes extranjeros’ agrava aún más sus preocupantes características», afirmaron las organizaciones, entre las que se encuentran Robert F. Kennedy Human Rights, Human Rights Watch, la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina y otras.
Posible aumento de la represión
Alertaron asimismo que la sola existencia de este tipo de propuestas legislativas representa una amenaza y tiene un efecto intimidatorio sobre la sociedad civil. Agregaron que constituye una forma de control, lo que atenta contra de la obligación estatal de asegurar un entorno propicio para la defensa de los derechos y los valores democráticos.
«Conforme el país se acerca a las elecciones presidenciales de este año, así como a las elecciones legislativas y regionales en 2025, la temporalidad de este proyecto de ley suscita preocupaciones sobre posibles aumentos en la represión gubernamental, situaciones que son tradicionalmente monitoreadas por las organizaciones de la sociedad civil», manifestaron.
La coalición pidió al régimen socialista cesar cualquier forma de hostigamiento contra las ONG y lo instaron a cumplir con sus obligaciones internacionales, que permitan garantizar un entorno seguro para los defensores de derechos humanos.
Instó a la comunidad internacional a condenar el proyecto de ley propuesto y los esfuerzos continuos del gobierno venezolano para hostigar a las organizaciones de la sociedad civil en el país. Asimismo, pidió a los países solidarizarse con las personas que enfrentan una criminalización y persecución constantes.
#Venezuela 🇻🇪 | DPLF & intl. organizations denounce repressive bill targeting civil society. Ahead of key elections and amid an @IntlCrimCourt investigation, stopping this bill is crucial. Venezuelan gov’t must respect freedom of association.
Learn more: https://t.co/wKAVo2GdqO pic.twitter.com/qzKfWed2fH
— Due Process of Law Foundation (@DPLF_info) January 17, 2024
«Será muy severa»
Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, afirmó que la ley para supervisar las actividades y el financiamiento de las ONG «será muy severa». «Ya comenzamos la consulta pública, ya algunos comenzaron a chillar, pero se acabó la mamadera de gallo con las ONG en este país», dijo.
El oficialista alegó que la mayoría de las organizaciones supuestamente están conspirando contra el Estado y afirmó que, con la promulgación de la norma, tendrán que registrarse y rendir cuentas de sus fuentes de financiamiento.
Se centró específicamente en la ONG de derechos humanos Provea para someterla a un escrutinio financiero. «No digan que no se lo estamos advirtiendo, y desde ahí atacan, montan conspiraciones, reciben dinero por escribir mal contra su propio país», acusó.