Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional electa en 2015, aplaudió este miércoles el avance que ha tenido la investigación del caso Venezuela I en la Corte Penal Internacional (CPI) luego de que el organismo diera un plazo al gobierno de Nicolás Maduro para responder a las acusaciones que lo señalan de cometer crímenes de lesa humanidad en el país.
«La CPI sigue avanzando en la investigación del Caso Venezuela I… Esto en aplicación del art. 18.2 del Estatuto de Roma. Justicia para las víctimas», afirmó Solórzano en Twitter.
Aseguró que resulta evidente que la CPI «no se deja engañar» por las pretensiones del gobierno de Maduro de simular una falsa reforma del sistema justicia en Venezuela.
Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de las Naciones Unidas, también apoyó el avance de dichas investigaciones y aseguró que pese a los esfuerzos del gobierno de Maduro por mostrarse como defensores de los derechos humanos, el mundo, a su juicio, conoce cuál es la realidad de Venezuela.
«Pueden hacer informes y declaraciones todos los días intentando venderse como defensores de los derechos humanos, pero los venezolanos y el mundo conocen cuál es la realidad de Venezuela: Maduro y todo su régimen son autores y cómplices de violaciones a los DDHH y crímenes de lesa humanidad», expresó en la misma red social.
El régimen presentó un "informe" de 21 páginas lleno de mentiras de cara al Examen Periódico Universal que se realizará el martes 25/01.
En el EPU se revisa el cumplimiento de los compromisos del Estado en materia de DDHH.
Aquí algunos puntos del informe claramente refutables:
— Miguel Pizarro (@Miguel_Pizarro) January 19, 2022
La CPI extendió hasta el próximo 16 de abril el plazo para que Maduro responda a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad formuladas en su contra.
Mediante un comunicado, la Oficina de la Fiscalía indicó que la prorroga está justificada en artículo 18 del Estatuto de Roma que permite a los estados donde se lleva a cabo una investigación oponerse a la misma.
La CPI señaló en el texto que el 16 de diciembre de 2021 fueron notificados formalmente los estados denunciantes y el gobierno de Maduro sobre la apertura de la investigación que inició el 3 de noviembre de 2021 cuando el fiscal Karim Khan visitó Venezuela.
Inicialmente el gobierno de Venezuela debía informar sobre los avances de su investigación el 16 de enero de este año, sin embargo, por varias circunstancias que se han de considerar excepcionales, dado el tiempo transcurrido entre la solicitud de Venezuela del 3 de enero al fiscal y su respuesta del 13 de enero, el suministro de información adicional, intentos fallidos de la fiscalía de reunirse en persona con el gobierno venezolano para discutir asuntos procesales relevantes, el receso del tribunal interviniente, así como los desafíos en curso provocados por la pandemia, se ha retrasado la respuesta del gobierno venezolano a la CPI.
Esta prórroga también está justificada para dar tiempo suficiente, a la luz de los cronogramas, para que que el fiscal viaje a Venezuela antes del vencimiento del plazo y, según lo previsto en diciembre de 2021, para entablar un diálogo significativo con el gobierno venezolano sobre cuestiones de admisibilidad con miras a evaluar, entre otras cosas, el alcance y necesidad de recurrir a posibles procedimientos del artículo 18 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con un documento, divulgado el pasado lunes pero conocido este miércoles, el fiscal Karim Khan planea una nueva visita a Venezuela antes de esta nueva fecha.
Resulta evidente que @IntlCrimCourt no se deja engañar por las pretensiones de la dictadura de simular una falsa reforma del sistema justicia en Vzla. #JusticiaParaLasVíctimas 🧵 2 pic.twitter.com/lB4i8rANSC
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) January 19, 2022