El sector opositor de Venezuela que lidera Juan Guaidó, presidente interino, solicitó a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, evaluar las reestructuraciones hechas por el régimen de Nicolás Maduro en el ámbito policial y en las detenciones ilegales, por considerar que son «meros formalismos».
El régimen informó el pasado martes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la reestructuración de dos cuerpos policiales, tras los requerimientos solicitados por ese tribunal en octubre de 2020, una reforma celebrada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos (Acnudh), al considerar que va en la «buena dirección».
Ante esta aprobación por parte de Acnudh, el opositor Humberto Prado, designado por Guaidó para los Derechos Humanos y atención a las víctimas, subrayó su preocupación y envió una carta a Bachelet para pedir la correspondiente revisión.
Según Prado, «estas supuestas reestructuraciones en el ámbito policial no son más que meros formalismos revestidos de una apariencia de legalidad. Al indagar en el contenido de las medidas, emergen inconstitucionalidades evidentes que demuestran la falta de interés del régimen por adecuarse a los estándares de derechos humanos».
En la carta remitida a la alta comisionada, señala que las modificaciones efectuadas por el régimen están «fuera del orden jurídico del país, claramente contrarias al texto de la Constitución Nacional y, por supuesto, desfasadas de la realidad social de Venezuela».
«Son meros formalismos revestidos de una apariencia de legalidad y acatamiento de los lineamientos internacionales en materia de derechos humanos», señala el escrito.
Agregó que «para que esta reestructuración tuviese algún valor práctico para la realidad política, social y jurídica del país, debería colocarse a la orden de una justicia autónoma e imparcial a los presuntos responsables de ejecuciones extrajudiciales», miembros de los cuerpos policiales en reforma.