Un plan para matar a Nicolás Maduro y acabar con su gobierno. Ese sería el objetivo de la Operación Brazalete Blanco, denunciada días atrás por el fiscal general, Tarek William Saab, y que involucraría a una serie de figuras de la disidencia del país, entre ellos el militar retirado Ronald Ojeda Moreno, quien fue secuestrado en Chile la madrugada del martes.
La primera alarma fue lanzada el 23 de enero, cuando el gobierno venezolano publicó una lista de 33 militares «traidores a la patria», que incluía a Ojeda. Todos ellos, explicó el Ministerio de Defensa, fueron degradados y expulsados del Ejército, aunque varios ya habían sido separados de la entidad hace años.
Según comunicado del ministerio, los uniformados estaban «implicados en conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el sistema de gobierno legítimamente constituido, las autoridades e instituciones del Estado y el pueblo venezolano, contemplando, incluso, el asesinato del primer mandatario nacional, todo lo cual representa actos de traición a la patria».
En el caso de Ojeda, formaría parte del plan Brazalete Blanco, que fue revelado tras la detención de la activista venezolana y experta en temas militares Rocío San Miguel, el pasado 9 de febrero. La directora de la ONG Control Ciudadano es acusada de «entregar información» de sistemas de defensa militar a «potencias extranjeras».
En total, dijo el fiscal Saab, van 19 personas encarceladas por esta trama, mientras otras 15 estaban con orden de arresto, apuntó Infobae.
La trama de Brazalete Blanco
El lunes, Tarek William Saab ofreció una larga conferencia en la que dio a conocer detalles sobre esta supuesta conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. Según el fiscal, los involucrados en la Operación Brazalete Blanco «planificaron un ataque contra la 21º Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano y el Batallón Negro Primero, ambos ubicados en Táchira, para hacerse con el parque de armas de este cuerpo».
Se buscaba, según dijo, obtener 482 fusiles AK-103, 51 pistolas y 10 escopetas.
De esta forma, los disidentes -aseguró el fiscal- tenían planeado atentar contra la vida del gobernador de ese estado, Freddy Bernal, «e iniciar una escalada de actos terroristas hasta atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro».
Sobre una mesa, el fiscal Saab expuso ante la prensa mapas y computadores incautados y mostró fragmentos de una «orden de operación» confiscada a un militar detenido, acusado también de participar en el plan de magnicidio, en los que «aparece mencionada explícitamente Rocío San Miguel».
Según esos extractos, San Miguel debía hacer «enlaces» con medios de comunicación para divulgar «avances de la operación», generar «afinidad comunicacional con la población militar» y «coordinar» la defensa de oficiales involucrados a través de la ONG que dirige, Control Ciudadano, especializada en temas relacionados con la Fuerza Armada.
Los mapas incautados en un allanamiento a la vivienda de San Miguel tenían sedes militares «demarcadas», subrayó Saab. Uno de los abogados de la defensa, Joel García, informó aquel día que esos mapas eran usados por ella cuando daba clases en institutos militares y que databan de finales de la década de 1990.
Asimismo, el fiscal acusó a la activista de recibir «pagos» de «una trasnacional petrolera» que no mencionó y de actuar como «agente» de embajadas extranjeras.
«Es delicado tener como fachada una ONG como la Cruz Roja, entre otros organismos de DD HH, para presuntamente luego proteger la dignidad humana de quienes practican acciones terroristas», aseguró Saab.