El relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes de la ONU, Felipe González, calificó como de «inadmisible humillación» el ataque incendiario contra las pertenencias de un grupo de migrantes, la mayoría venezolanos, este sábado en Chile durante una marcha contra la inmigración irregular en Chile.
El suceso tuvo lugar al término de una multitudinaria marcha que convocó alrededor de 5.000 personas en la norteña ciudad de Iquique, cuando un grupo de manifestantes quemó las carpas que eran utilizadas por extranjeros para pernoctar en plazas y playas.
«Inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables, afectándolos en lo más personal», escribió González en Twitter respecto a estos hechos.
«El discurso xenófobo, asimilando migración a delincuencia, que por desgracia se ha ido volviendo cada vez más frecuente en Chile, alimenta esta clase de barbarismo», continuó.
Inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables, afectándolos en lo más personal. El discurso xenófobo, asimilando migración a delincuencia, que por desgracia se ha ido volviendo cada vez más frecuente en Chile, alimenta esta clase de barbarismo. https://t.co/WwCRGIbFxu
— UN Special Rapporteur Migration Felipe González M (@UNSR_Migration) September 25, 2021
Violencia contra los migrantes
En declaraciones a EFE, el director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita Migrante (SJM), Carlos Figueroa, condenó también la violencia de esta marcha «acontecida como respuesta a un problema humanitario y sanitario».
«Llamamos a respetar la integridad y dignidad de todas las personas y, sobre todo, llamamos a respetar y velar por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes», agregó.
A la fecha son alrededor de 3.500 migrantes —según algunos vecinos— los que se encuentran varados en las calles de Iquique, gran parte de ellos luego de haber ingresado a Chile por pasos no habilitados en la frontera y cruzar la ruta hacia la costa.
La mayoría llega desde Venezuela buscando una oportunidad en Chile, pero entre las restricciones sanitarias, la política migratoria y su escasez de recursos económicos quedan atrapados sin poder continuar el viaje por el país, durmiendo en albergues o en campamentos improvisados en las calles.
Según la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, entre enero y julio de este año se registraron 23.673 denuncias por ingreso al país por pasos no habilitados, lo que supone 40% más que en todo 2020.
