Un total de 92 ONG venezolanas pidieron este martes al régimen de Nicolás Maduro que reactive el programa de trasplantes en Venezuela, suspendido hace cuatro años por no «poder garantizar el suministro de inmunosupresores», los cuales sirven para impedir que el cuerpo rechace un nuevo órgano.
En un comunicado, las organizaciones pidieron al Estado «la reactivación del programa de trasplantes en el país, garantizando el suministro de inmunosupresores y las condiciones idóneas en todo el proceso».
Entre los firmantes se encuentran la ONG que defiende los derechos de los niños Cecodap, la de pacientes renales Codevida, Asociación de Trasplantes de Venezuela y otras.
El programa está suspendido desde 2017, pero venía presentando problemas y una reducción en el número de beneficiarios desde 2014, cuando la crisis económica comenzaba a agudizarse.
Desde 2014 «se inició una caída del número de trasplantes, que culminó con la notificación realizada» por la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), adscrita al Ministerio de Salud, de la «suspensión del programa de donante cadáver en todo el país».
La fundación suspendió el programa alegando que no podía seguir garantizando los inmunosupresores y, en 2019, ante las constantes denuncias contra el Estado de pacientes y familiares que esperaban por trasplantes, el Ejecutivo dijo que el plan estaba paralizado debido a las sanciones económicas de EE UU.
Sin embargo, médicos y organizaciones no gubernamentales dijeron entonces que la paralización del convenio no se debía a las sanciones. El programaba presentaba retrasos desde años antes.
«El suministro irregular de medicamentos inmunosupresores de mantenimiento, las fallas del tratamiento previo al trasplante, las deficiencias en la red hospitalaria, el deterioro de los servicios y la migración del personal calificado son algunas de las razones que también contribuyeron a la suspensión» del programa, recordaron este martes las ONG.
La Organización Nacional de Trasplantes (ONTV) ha estimado que «en el caso de las personas que presentan enfermedades renales en condición de ser trasplantados, han perdido en estos cuatro años, 960 oportunidades de restituir su buena salud y calidad de vida, de las cuales 150 pudieron ser para niños, niñas y adolescentes».
Resaltaron, además, que las personas que actualmente reciben tratamiento en unidades de hemodiálisis presentan «un deterioro importante de su condición de salud porque, en muchos casos, reciben menos horas de diálisis debido al suministro irregular de agua», a la reducción del personal o no pueden acceder a los medicamentos.
Por último, señalaron que «la situación de riesgo de las personas que ya recibieron un trasplante se ha incrementado debido al acceso irregular a los protocolos de inmunosupresores y a la falta de vacunación contra el covid-19 que junto con las personas que reciben diálisis deben ser considerados población de alto riesgo».