La abogada Neida Pérez Morillo, abogada, defensora privada de los presos políticos militares y directora de la ONG Justicia Venezolana, afirmó este martes que en Venezuela persisten las violaciones al debido proceso y la falta de garantías procesales para los detenidos.
Sus declaraciones las hizo a propósito de la reciente actualización del informe sobre Venezuela de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La jurista precisó, además, que la situación de varios castrenses es de hacinamiento en centros de detención preventiva o sedes de cuerpos de inteligencia.
La situación se mantiene a pesar de haber una sentencia firme en contra que deben cumplir todas las cárceles militares del país.
Asimismo, Pérez Morillo alertó que no se cumple 100% los avances presentados por Bachelet. Resaltó que hay oficiales a los que se les sigue limitando la visita de familiares y, en el caso de la defensa, los obligan a estar acompañados por jurídicos.
«La comisionada en su reporte manifestó que su delegación en el país pudo visitar centros de detención. Todavía esperamos el seguimiento a la cárcel de Ramo Verde, donde no hay visitas familiares regulares y los abogados debemos ir acompañados de un jurídico, sin privacidad con los detenidos», manifestó.
Ante estos hechos, la profesional del derecho hizo público, una vez más, el planteamiento de esta organización, de que se instalen mesas técnico-jurídicas entre los representantes de la ONU y todas las ONG que hacen vida en el país. La finalidad es que puedan conocerse y hacerse seguimiento a todos los casos de presos políticos, civiles y militares.
A propósito última actualización del informe de @mbachelet, alta comisionada para los DDHH, sobre #Venezuela, @JusticiaOrg plantea que persisten irregularidades en materia de centros de reclusión del país, específicamente con #PresosPolíticos militares.
Hilo.#InjusticiaMilitarVE pic.twitter.com/XMxEP8xFhE— Justicia Venezolana (@JusticiaOrg) March 1, 2021