La ONG Espacio Público documentó que entre 2003 y 2022 se cerraron en todo el país al menos 284 emisoras, lo cual equivale a 71% del total de los medios de comunicación que se cerraron en ese período.
«En el 2022 el Estado venezolano ordenó el cierre de al menos 80 emisoras a nivel nacional, lo que sitúa al 2022 como el año con más emisoras radiales cerradas en las últimas dos décadas», señaló la organización en su informe preliminar.
Según el informe, la Comisión Nacional de Telecomunicación (Conatel) y algunos cuerpos de seguridad se encargaron de emprender las acciones y argumentaron que operaban de forma clandestina, sin apego a la ley.
Cierres de emisoras reportados por Espacio Público
Entre esas emisoras, Espacio Público menciona a éxitos 90.5 FM en Guárico, cerrada por motivos políticos, según lo dicho por su director, Leonardo González. Otras nueve emisoras cerraron bajo órdenes de Conatel en el estado Zulia.
«Sensacional Stereo 88.5 FM, Zulia Mía 91.3 FM, KP 92.9 FM, Refugio 94.3 FM, Palabra 97.3 FM, High Class 98.1 FM, Destino 98.3 FM, Radiolandia 103.3 FM y Río Stereo 107.7 FM6 quedaron fuera del aire», reportó la ONG.
Seis emisoras se sumaron a los cierres a escala nacional, esta vez en el Táchira. Frank Quiñones, periodista, productor y locutor de una de las emisoras afectadas dijo a Espacio Público que el 13 de septiembre las seis emisoras recibieron llamadas de Conatel, desde Caracas, y recibieron amenazas de confiscación de equipos si no los apagaban inmediatamente.
Fallas en las comunicaciones e Internet
Una de la violaciones más frecuentes durante 2022, según Espacio Público, se trató de las interrupciones y fallas del servicio de Internet, donde se sumaron unas 74 en todo el país. Su principales victimarios, Cantv y Corpoelec.
En mayo el Observatorio de Internet Ve Sin Filtro registró dos caídas múltiples en estados del país, mientras que el 17 de mayo hubo una caída crítica de proveedor Inter. La caída de la conectividad se registró en 60% y el estado más afectado fue Yaracuy, que llegó a 69% de sus valores normales de conectividad.
En agosto hubo varias caídas, que afectaron mayormente las entidades Cojedes, Guárico, Trujillo, Sucre, Barinas, Zulia, Falcón, Mérida, Distrito Capital, Táchira y Apure.
En diciembre, un corte de fibra óptica de Cantv afectó estados del oriente del país, sobre todo Bolívar, cuya conexión a Internet cayó a 37% de sus valores normales.
Intimidación a trabajadores de la prensa
«La intimidación a trabajadores de la prensa por parte de funcionarios de seguridad o trabajadores públicos es una situación común durante la cobertura de hechos noticiosos. Durante el 2022 se registraron al menos 84 denuncias por este motivo, principalmente durante pautas periodísticas llevadas a cabo en centros de salud, protestas ciudadanas e instituciones del Estado», afirma Espacio Público.
Dos de las situaciones se dieron en hospitales, la primera de ellas el 4 de enero en el Hospital Dr. Alfredo Van Grieken, en Falcón. Un vigilante intentó impedir el acceso a periodistas de Vpitv. El segundo caso ocurrió en el Hospital de San Cristóbal, donde periodistas resultaron intimidados por funcionarios de seguridad internos.
Durante los deslaves en La Tejerías, funcionarios de la GNB impidieron a periodistas de Cronica Uno, Unión Radio, IVC y Victoria 103.9 FM hacer cobertura de lo que ocurría en el lugar.
Detenciones arbitrarias
Las detenciones arbitrarias continuaron, aunque se registró un descenso respecto al número de detenidos en 2021 de 49%.
«En al menos 11 de estas detenciones se conoció de la aplicación de la inconstitucional Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, instrumento aprobado en el año 2017 por el gobierno de Nicolás Maduro que contraviene las exigencias mínimas de respeto a los derechos humanos», destacó el informe de la ONG.
Entre los detenidos se encuentra Luis Colina, quien subió a la red social TikTok un video criticando a funcionarios de la PNB que revisaban a una mujer en la calle. Otra detención ocurrió en junio, por funcionarios de la Policía de Chacao. Estos detuvieron a jóvenes activistas que realizaban un mural.
A los jóvenes Jholbert Godoy, Argelia Rovaina, Carlos Maneiro y Luis Martínez los trasladaron a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y los acusaron de instigación al odio.
«La noche del 10 de enero fue asesinado en su residencia José Urbina, a manos de grupos armados que operan en la zona fronteriza del estado Apure. Urbina era director de la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM y había advertido que recibió amenazas por denunciar la actuación de la GNB en los conflictos armados registrados en Puerto Páez, estado Apure. Al cumplirse un año de su muerte, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), organización política a la cual pertenecía Urbina, exigió justicia para su caso, ante la falta de respuestas por parte del Estado», mencionó.
Víctimas y victimarios según Espacio Público
Los medios de comunicación lideraron el lugar de víctimas durante este período. «Un total de 114 (37%) registros. En segundo lugar se ubican los periodistas y reporteros, con 75 víctimas (25%), seguidos por la ciudadanía en general, que fue víctima en 74 oportunidades (24%). Destaca que del total de víctimas, 60% pertenece al género masculino, mientras que 40% corresponde al femenino.
Entre las violaciones en contra de los medios se registraron bloqueos a medios digitales, ataques cibernéticos y amenazas de funcionaros.
Proveedoras de Internet bloquearon las noticias de los medios Efecto Cocuyo, EVTV Miami y Crónica Uno.
Algunos ataques se detectaron por tráfico inusual provenientes de direcciones IPs controladas por la empresa estatal de telecomunicaciones, Cantv, con el objetivo de que no se visualice la página.
En febrero «Diosdado Cabello hostigó al director del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, y amenazó con “ir por la página” del medio de comunicación», afirmó Espacio Público.
Principales victimarios
Según la ONG, estas instituciones figuran como las principales victimarios de vulnerar el derecho:
- Cantv
- Conatel
- Corpoelec
Diosdado Cabello y Tarek William Saab se posicionan como los principales victimarios en cuanto a funcionarios.
Los cuerpos de seguridad con mayores ataques resultaron en la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
«Al igual que los últimos años, la mayoría de las violaciones a la libertad de expresión se registraron en Internet. En esta ocasión, 118 casos (52%) corresponden a violaciones en línea, lo cual implica un incremento de 10% con respecto al año 2021. En este segmento se incluyen las interrupciones del servicio de Internet, bien sea por fallas propias como por fluctuaciones del servicio eléctrico, los bloqueos a portales web, así como las represalias hacia la ciudadanía o medios de comunicación por la difusión de informaciones en línea», dice.
En relación con los principales casos y dónde tuvieron lugar, menciona Zulia, Táchira, Distrito Capital, Barinas y Portuguesa.