Nadie imaginó que siendo durante 100 años una de las zonas más ricas del planeta y una de las regiones venezolanas de mayor cultura, arraigo, progreso y emprendimiento histórico, el Zulia terminaría convertida en tierra de nadie, arrasada por grupos criminales, con permisividad para llevar a cabo prácticas de terror, extorsión, amenazas y muertes.
Desde 2017 se implementó una terrible vorágine impuesta por una ilegítima asamblea nacional constituyente que anuló una decisión soberana, expropiando la victoria lograda en buena lid por Juan Pablo Guanipa, luego de que este se negara a jurar ante el organismo inconstitucional. Se desconocieron los resultados burlando además la voluntad popular de los votantes zulianos con un decreto fraudulento, y se impuso un gobierno usurpador que en poco más de tres años acabó con 491 años de historia y vanguardia.
Desde entonces ninguna región ha sido tan devastada y desmoralizada hasta ser convertida en la actual ruina urbana. Fue una hecatombe sin precedentes.
El Zulia, los apagones, la escasez de agua y gasolina
Primero azotaron las almas de sus habitantes con apagones interminables en medio de la más implacable crisis eléctrica; inmediatamente impusieron una escasez de agua y gasolina que aún persiste, luego vino la desaparición de miles de puestos de trabajo con comercios expropiados a punta de extorsiones y amenazas, hasta que por último fue impuesta una ola de saqueos y violencia mucho mayor que la del asalto de Henry Morgan en 1669 con 15 naves y 600 piratas. Todo esto antes de la llegada del covid-19 que simplemente lo aceleró todo.
La presencia de grupos insurgentes como el ELN y las FARC y el fortalecimiento de las bandas armadas no tardaron en desatarse en el violento cultivo. Maniatada y silenciada, el Zulia se convirtió una entidad abandonada a su suerte.
Son grupos que impusieron nuevas prácticas como las amenazas de granadas para extorsionar a minoristas y pequeños empresarios, que prefirieron perderlo todo, abandonar sus bienes y huir con sus familias a cualquier lugar del extranjero, antes de perder sus vidas y sucumbir ante un hamponato que cogobierna con su propia ley de miedo contra todo aquel que haga caso omiso de sus amenazas.
La CIA desestabiliza el Zulia
Por eso muchos zulianos han criticado como fuera de lugar la declaración de Omar Prieto el pasado 17 de marzo, cuando afirma sin ningún tipo de cifra, dato, imagen o documento en la mano, que el responsable de la delincuencia desatada en el Zulia no es otro que un organismo de inteligencia de la magnitud de la CIA, que según su corta estrategia de humo ahora se ocupa de asuntos de mera practica de extorsión.
Prieto acusa a Estados Unidos de ser el gran financista de las bandas delictivas que operan en la región. Un pésimo fake para incautos desprevenidos con el propósito de ocultar las verdaderas prácticas de un clan de extorsión que ha llevado a cabo medidas muy extremas contra los comerciantes que se han negado a pagar las extorsiones.
Muchas de esas amenazas han quedado documentadas en grabaciones que se viralizaron en las redes sociales, poco antes de cada uno de estos ataques.
Investigación de InSight Crime
Una investigación de la web especializada en crimen organizado InSight Crime, señala que aunque no hay cifras oficiales de criminalidad que permitan hacer un cuadro comparativo con respecto a esta nueva modalidad, es claro que los ataques con granadas son un nuevo elemento de terror que no había sido frecuente antes en esta región fronteriza de Venezuela. “Su uso podría ser indicativo del inicio de una exacerbada violencia por parte de algunos grupos del hampa común y la delincuencia organizada para imponerse en el control de los negocios criminales en la región”, replican los analistas.
Basta con hacer revista de la cantidad de trabajos de investigación periodística, declaraciones y titulares sobre el tema para darnos cuenta del grado de complicidad detrás de estos grupos, tanto en la región capital como en las zonas fronterizas, con el propósito de mantener a raya y controlar la población.
“Siendo así, las declaraciones de Prieto no son otra cosa que un manifiesto de su propio fracaso”, señaló Julio Montoya, parlamentario de la entidad por Primero Justicia.
“Un país que lo sanciona por corrupción, lavado y acoso a los organismos de ayuda humanitaria con el que se pretende asistir a la población afectada, decide financiar el auge delictivo que los sostiene en el poder. Es una lógica que no tiene ni pies ni cabeza”, agregó.
Al parecer el propósito de la CIA no sería otro que “quitarle el dinero a los comerciantes zulianos, sus familias, y aterrorizarlas para que se vayan y cierren el negocio, la empresa y con esto paralizar el motor productivo del país, en este caso del estado Zulia, que es un gran generador de empleo”, palabras textuales del cuestionado mandatario regional, que ahora pretende desconocer que esas acciones ya fueron cometidas durante su gestión.
Sancionado por la Unión Europea
Hay que recordar que además de las sanciones por parte de Estados Unidos, Prieto es el primer gobernador sancionado por la Unión Europea debido a que es una figura que “ha menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en la región, incluso ha amenazado con visitar las casas de los líderes de la oposición y ha asegurado que proclamará la independencia de dicho estado si asume el poder de un gobierno de transición dirigido por Juan Guaidó”, dice la publicación de la UE.
Las cifras de su desempeño no mienten. Con una tasa de 47,5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en 2020, el Zulia se situó entre los 10 primeros estados con mayor violencia en el país, de acuerdo con los resultados del Informe Regional Anual presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia en el Zulia (OVV Zulia). Esto sin obviar que la delincuencia desatada durante los tres años y tres meses de su gestión ha sido la principal causa de migración en la entidad que más ha sumado a la diáspora venezolana.
Afortunadamente los tiempos han cambiado y ya nada de esto quedará oculto, ni nada es privado, ni nada es secreto para los más importantes tribunales y agencias de investigación criminalística.
Por Damaso Jiménez