En una semana, el gobierno de Nicolás Maduro pateó –una vez más y con inusitada violencia– el frágil sistema de protección de derechos humanos en Venezuela con la detención de la activista y experta en seguridad y defensa Rocío San Miguel y la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual funcionaba en Caracas desde 2019.
Esto en medio del pulso con la comunidad internacional y con la oposición por la inhabilitación de la aspirante presidencial María Corina Machado, y por la falta de un calendario electoral para este año.
El último estudio de la firma Polianalítica indica que Machado goza del apoyo de 50% de los potenciales votantes mientras Maduro no roza ni 20%, lo que es una muestra de la necesidad de control del chavismo al saberse perdidos.
Los activistas de derechos humanos aseguran que estas dos acciones intensificarán el patrón represivo que no en vano derivó en una investigación por crímenes de lesa humanidad contra Venezuela en la Corte Penal Internacional (CPI), y que al menos podía ser documentado de primera mano en Caracas con la oficina de la ONU.
Para la abogada Andrea Santa Cruz, el mensaje enviado con la detención de San Miguel es poderoso, pues el Estado arrecia contra las ONG y los activistas.
Esto ocurre no solo a través del actuar policial, sino que la persecución también será por vía “legal” a través del texto que puede ser aprobado en cualquier momento en el Parlamento y que lleva por nombre ‘Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines’.
Han pasado 8 días y Rocío San Miguel sigue sin poder comunicarse con sus abogados y familiares. #LibertadparaRocío pic.twitter.com/q3t7i3HGZ1
— PROVEA (@_Provea) February 17, 2024
“Es un riesgo porque son incumplibles los requisitos y se hace inviable la regularización porque es discrecional del Estado, somete a las ONG y es un instrumento de represalias”, dijo Santa Cruz mientras exigía la liberación de San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano y que hasta la fecha sigue sin comunicación con sus abogados, pues la justicia le asignó un defensor público al tiempo que allanó su vivienda.
En el último año, 62 organizaciones han sido criminalizadas, reitera Santa Cruz, y esto incluye persecución, intimidación y amenazas. “Se necesita un entorno para el espacio público en Venezuela y por eso no es aceptable que Rocío esté arbitrariamente detenida”, insiste Santa Cruz.
Pero la misma ONU ya había alertado el año pasado sobre el riesgo que corren los activistas y sus organizaciones y de cómo se puede incrementar si se aprueban los instrumentos legales en el Parlamento.
“De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela”, alertó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU en enero del año pasado.
Para Claudia Carrillo, psicóloga del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), la arremetida gubernamental es un tema serio que no se debe tomar con ligereza. A la par que pedía la libertad de San Miguel, Carrillo contabilizó 2.227 ataques a defensores y organizaciones, siendo los últimos tres años los de mayor amenaza, campaña de descrédito, y el “uso de la desaparición forzada como mecanismo de Estado”.
Sobre el último punto, los activistas insisten en que la práctica es común y que en el caso de San Miguel quedó claro. Fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando iba rumbo a Europa, y hasta hoy solo se tiene información por las declaraciones del fiscal general, Tarek William Saab, quien confirmó la detención dos días después y a través de la red social X.
«Las mujeres defensoras son las principales víctimas de la desaparición forzada, que es uno de los peores mecanismos. Esta acción busca quebrantar el tejido social en el país”, apuntó Marta Tineo, de la ONG Justicia Encuentro y Perdón, que justamente nace en 2014 por iniciativa de una madre cuya hija fue asesinada en protestas contra Nicolás Maduro.
En un año electoral –aunque aún sin fecha de elecciones–, las sensibilidades están a flor de piel. El gobierno ha encarcelado al menos 38 personas acusándolas de estar involucradas en una supuesta conspiración para asesinar a Maduro y otros integrantes del Ejecutivo.
San Miguel es una de ellas y quien, según el fiscal William Saab, su detención se practicó “dentro de los lapsos legales y en estricto apego a la ley. Se realizó audiencia de presentación previo a una orden de aprehensión”, declaró.
Y precisamente por rechazar la acción contra la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Caracas expulsó a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, a quienes les dio 72 horas para abandonar el país si no rectificaban su “postura en contra de Venezuela”, la cual ha sido “infame”, dijo el canciller Yván Gil.
Aunque la ONU ha mostrado preocupación, más lo han hecho las ONG. Para la organización Acceso a la Justicia, la expulsión de la oficina tiene consecuencias devastadoras, pues “las víctimas pierden su única instancia imparcial e independiente en el país, donde podían denunciar violaciones de derechos humanos sin temor a represalias”.
En un comunicado, la ONG reiteró que además de escuchar a las víctimas y documentar, “la oficina lograba liberaciones y ceses de violaciones, marcaba estándares internacionales y brindaba comprensión del contexto local.
Ahora, sin su presencia, se dificulta la defensa de los derechos humanos, la coordinación con otras entidades y la acción rápida en favor de las víctimas.
«Es un golpe a la protección de los derechos humanos de todos los venezolanos”, dice el comunicado.
Para algunos analistas, estas acciones se dan en un año electoral en el que la política sigue sin destrabarse dada la inhabilitación de Machado.
“San Miguel maneja muy bien el tema militar y la ONU ha dado informes contundentes que demuestran los abusos en Venezuela, por lo que es claro que el régimen iría contra ellos para infundir temor”, explica a este diario el politólogo Carlos Zambrano.
Para Zambrano, el rol de la comunidad internacional debe ser contundente en este momento, pues los abusos “que seguirán sucediendo” traerán “serias consecuencias para el país, como la continuidad del chavismo en el poder”.
Estados Unidos ha fijado posición una vez más y mostró su “alarma” por la “decisión de represalia de Venezuela de suspender temporalmente la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y expulsar a su personal después de que su informe expresó profunda preocupación por la detención de la activista Rocío San Miguel”, se lee en una publicación de X de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, pero que opera en Colombia.
En la calle, los pocos que están enterados de los acontecimientos –pues no todos tienen acceso a internet para leer noticias– tienen temor de expresar cualquier opinión en contra del gobierno, y toman como base el encarcelamiento, también calificado como desaparición forzada, de Carlos Zalazar, de quien no se ha tenido mayor información luego de que fue detenido por grabar al colombiano Alex Saab mientras hacía compras en la isla de Margarita. Ante hechos como estos, los ciudadanos prefieren no opinar.
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