La ONG Provea publicó este jueves 12 de noviembre un informe, titulado La disciplina del miedo, en el que resaltan que durante los primeros 6 meses del estado de alarma decretado por la pandemia en Venezuela se registraron 5 muertes durante las protestas y 600 personas fueron detenidas.
El informe indicó que los primeros meses de la cuarentena para evitar la expansión del covid-19 se caracterizaron por la ausencia de institucionalidad democrática y la emergencia humanitaria compleja sobre el país.
«La ausencia de lineamientos claros sobre las políticas de cuarentena y distanciamiento social, ante la falta de los reglamentos que debían detallar la implementación de lo establecido en el decreto de estado de alarma, ocasionaron diversas interpretaciones de las autoridades, en las cuales se priorizó el mantenimiento del orden sobre el respeto a los diferentes derechos humanos«, dice el informe.
Manifestaciones y detenciones
Entre los meses de marzo y septiembre de 2020 5 personas fueron asesinadas y otras 442 fueron detenidas en el contexto de manifestaciones en el país, indicó Provea.
Otras 159 personas fueron detenidas de manera arbitraria: 108 casos ocurrieron en los primeros tres meses. El Distrito Capital concentró 34 casos, mientras que el estado Amazonas no registró arrestos.
La Guardia Nacional Bolivariana fue responsable de la detención de 34 de estas personas, las Fuerzas de Acciones Especiales de 17 y la División General de Contrainteligencia Militar de 17.
Al menos 59 de las detenciones arbitrarias fueron contra periodistas y personas vinculadas a medios de comunicación. Mientras que 33 de los detenidos están vinculados a partidos políticos y funcionarios activos. En el caso del personal de salud, 25 de ellos resultaron arrestados, al igual que 10 trabajadores sindicalistas.
Intimidación
«En el patrón relativo a las políticas de intimidación al ejercicio de la manifestación pacífica, el gobierno realizó una estrategia que denominó Furia Bolivariana para disuadir el ejercicio de los derechos de libertad de asociación y reunión, así como el de libertad de opinión e información», indicó el informe.
En los dos primeros meses del estado de alarma se registraron 58 ataques contra residencias de personas: fueron vandalizadas con mensajes intimidatorios.
«Esta política logró el objetivo mantener la primacía de la narrativa oficial para informar sobre la evolución de la pandemia en Venezuela, incrementando la censura y autocensura de líderes sociales y políticos, periodistas y medios de comunicación e integrantes del gremio médico en el país», agregó Provea.
La ONG también denunció que la pademia fue utilizada por el régimen para incrementar la política de persecución y acoso contra la oposición.