El Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) acudió este lunes al Consejo Nacional Electoral (CNE) a solicitar el cambio de reglamento vigente para la realización de ese proceso, pues a juicio de esa organización opositora se limita el derecho a revocar de los venezolanos.
Movimiento Venezolano por el Revocatorio
En el documento consignado ante el Poder Electoral denunciaron las que calificaron de «inconstitucionalidades presentes en las normas del año 2007».
César Pérez Vivas, vocero de la coalición, indicó que plantearon que el CNE en principio de autotutela y en función de la sentencia de la Sala Constitucional de 2004 debe adecuar las normas a la Constitución.
Destacó que el reglamento vigente para activar el referéndum revocatorio viola los principios de celeridad, seguridad, transparencia e igualdad.
Nicmer Evans, también miembro de Mover, detalló que en las observaciones presentadas ante el CNE se incluyeron todo lo relacionado con los tiempos de solicitud de activación.
Manifestó que un proceso revocatorio pudiera celebrarse entre tres y cuatro meses.
El Movimiento enfatizó que el 10 de enero exigirán formalmente la activación del proceso refrendario contra Nicolás Maduro.
Además, Evans apuntó que se encuentran a la espera de que el CNE publique la lista de cargos susceptibles de ser revocados.
Añadió que siguen trabajando en acelerar el proceso de legitimación de Mover por el CNE.
«Esto para lograr el objetivo de activar todo el mecanismo que a partir de 2022 permitirá que los venezolanos puedan expresarse libres y conscientes en relación con la continuidad en el poder del actual primer mandatario», dijo.
Asimismo, cuestionó la desproporción en la cantidad de centros para validar la voluntad de la convocatoria del proceso.
Añadió que no se deben reducir los puntos a las capitales de los estados, limitando el derecho de los ciudadanos que viven en otras ciudades.
Judicialización de las firmas
El portavoz recalcó que el CNE debe poner a favor de la activación del referéndum revocatorio el sistema tecnológico del que dispone.
«Con todo el aparataje del que puede disponer el Poder Electoral facilitaría y evitaría firmazos, reafirmazos y contrareafirmazos. Estos han limitado procesos de esta naturaleza tanto en 2004 como en 2016, cuando la judicialización de la firma fue la excusa para impedir la activación de estos procesos», señaló.