La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos identificó más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales en lo que va de año en Venezuela.
La delegación presentó este miércoles 10 de marzo la actualización oral de su informe sobre las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Marta Valiñas, jefa de la misión, dijo que entre el 7 y el 9 de enero funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales ejecutaron lo que podría considerarse una de las operaciones policiales más letales hasta la fecha en el país.
Mencionó el fuerte enfrentamiento ocurrido ese día en el barrio La Vega de Caracas. La misión, según fuentes policiales, pudo conocer que se desplegaron 650 agentes.
Valiñas expuso que las investigaciones preliminares indican que al menos algunos de los asesinados fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
La misión, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha recibido informes que señalan que funcionarios públicos continúan incurriendo en prácticas que obstaculizan la rendición de cuentas y que pueden revictimizar a los familiares que exigen justicia.
«Estos incluyen no entregar los certificados de defunción, cobrar por las autopsias y entregar los cuerpos con el ataúd cerrado, con la instrucción de que no se abra», indicó.
La jefa de la misión recordó asimismo que en el primer informe, presentado en septiembre de 2020, identificaron a presuntos perpetradores de unidades de inteligencia, seguridad y militares del Estado.
«Profundizaremos en nuestras investigaciones sobre estas estructuras, aclarando las responsabilidades y las cadenas de mando, utilizando el estándar de motivos razonables para creer. También estaremos atentos tanto a las acciones como a las omisiones por parte del gobierno», advirtió.
Se señalaron, en ese entonces, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo violencia sexual y de género, cometidos por agentes estatales venezolanos desde 2014.
«Nuestras conclusiones fueron claras: algunas de estas violaciones se cometieron a gran escala y constituyeron crímenes de lesa humanidad. La Misión de Determinación de los Hechos continúa estableciendo los hechos y las circunstancias de los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos en Venezuela», afirmó Valiñas.
Valiñas dijo que recientemente intentaron ponerse en contacto con el régimen chavista para iniciar un diálogo y realizar investigaciones en el terreño, pero no recibieron respuestas.
Exclusión de voces disidentes
La actualización del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos expuso que continúa la exclusión de las voces disidentes luego de que el chavismo ganó las cuestionadas parlamentarias del 6 de diciembre pasado.
Señaló que funcionarios de la FAES detuvieron el 25 de febrero a Gilberto Sojo, diputado a la Asamblea Nacional de 2015, por supuestas acusaciones pendientes de terrorismo vinculados por su participación en las protestas en 2014.
«Anteriormente había estado detenido en prisión preventiva por estos cargos, pero fue puesto en libertad en 2016 con medidas sustitutivas».
La misión resaltó el caso del parlamentario Juan Requesens, quien enfrenta todavía un juicio penal, pese a que se le concedió el arresto domiciliario en septiembre, acusado de delitos graves como intento de homicidio calificado frustrado contra Maduro.
Los investigadores de la ONU expresaron su preocupación por la realización a puerta cerrada, y sin justificación aparente, del juicio de Requesens. Esta situación, señalaron, va contra los principios de transparencia y del debido proceso.
«Para las y los que siguen encarcelados, los retrasos en los procesos judiciales han causado daños graves y, en algunos casos, irreparables. Salvador Franco, un hombre indígena pemón detenido arbitrariamente en prisión preventiva desde diciembre de 2019, falleció en enero tras no recibir atención médica por su grave situación de salud, incluso después de que un tribunal ordenó que se le brindara dicho tratamiento».
La misión de la ONU informó que investiga el caso del periodista Ronald Carreño, detenido en octubre de 2020 acusado por el régimen de conspiración, financiamiento al terrorismo, asociación y tráfico ilícito de armas de guerra. Añadió que aún no hay fecha fijada para su audiencia preliminar aunque ya transcurrió el plazo establecido por la ley.
En el documento se cuestiona que el Estado venezolano procese solo a funcionarios de bajo rango por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ocurrida en 2019, como consecuencia de las torturas que sufrió a manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
«En octubre, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la sentencia contra los dos presuntos responsables en el caso. La nueva acusación del Ministerio Público incluyó los delitos más graves de homicidio calificado con alevosía y tortura», expresó.