El Ministerio Público anunció este jueves la apertura de una investigación contra representantes en el exterior de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 60 países, por el supuesto cobro de sobornos para «robar activos» en el Caribe.
Según Tarek William Saab, fiscal general del régimen, 5 representantes de Guaidó participaron en un contrato firmado en Miami, Estados Unidos, que finalmente no se ejecutó, en el que acordaban el cobro de 750.000 dólares a un consorcio que pedía la autorización de la presidencia interina de Venezuela para iniciar litigios por activos estatales en 19 países.
Los señalados son Fernando Blasi-Blanchard, Magín Blasi-Blanchard, José Ignacio Hernández, Luis Pacheco y Javier Troconis, este último designado por Guaidó como comisionado presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos.
Asimismo, el Ministerio Público señala a Jorge Reyes y Pedro Antar como involucrados por ser los representantes del consorcio que, según la información oficial, pretendía «apropiarse de manera ilegal de activos de Venezuela y de cuentas por cobrar del Estado venezolano».
Los delitos
«Reyes y Atar presentaron en 2019 esta propuesta a Guaidó, sobre quien ya pesan varias investigaciones en la justicia venezolana por la supuesta comisión de delitos como terrorismo, vinculación con bandas criminales y golpe de Estado», indicó.
A los señalados se les acusa por los delitos de traición a la patria, legitimación de capitales, usurpación de funciones y asociación para delinquir.
El fiscal declaró que estos hechos fueron conocidos «vía noticia críminis», al tiempo que exhortó a Estados Unidos a proceder contra todos los señalados.
El consorcio, dijo, había acordado con los representantes de Guaidó quedarse con 18% de todos los activos que pudieran recuperarse en esta veintena de países que forman parte de la alianza venezolana Petrocaribe.