El caso se remonta a 2015, cuando El Nacional y otros 80 diarios del continente, entre ellos El Tiempo, replicaron una nota del ABC de España y The Wall Street Journal en la que se vinculaba al primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, con narcotráfico.
Presuntamente afectado en su imagen y reputación, Cabello demandó entonces al diario de Caracas, primero por la vía penal, luego por la civil.
En el contexto de la segunda demanda, se había establecido una indemnización de 1 millardo de bolívares, que el diario —ya reducido a su mínima expresión— estaba dispuesto a pagar.
En cinco días de este mes, sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen anuló la que era una sentencia firme y fijó un nuevo monto, en petros, que equivale a unos 13 millones de dólares.
Para Miguel Henrique Otero, director del diario fundado por su padre y abuelo en 1943, el monto, que se rehúsa a pagar, es inexplicable. Una expropiación de su sede en Caracas —la tercera en su historia— parece inminente.
—Se cumple una semana desde que introdujeron un documento aclaratorio del dictamen del TSJ. ¿Han recibido respuesta?
—Primero, Venezuela está en cierre total, entonces en el TSJ no hay nadie, esta semana desaparece. Y, después, eso tiene un lapso legal que son como cinco días hábiles. O sea, se tardarán toda la semana que viene para dar una respuesta, para que ellos expliquen cómo llegan a esa cifra, porque no lo explican en la sentencia.
Ponen una cifra, además, en petros, que es una moneda que nadie conoce, una criptomoneda que utilizan para lavado de capitales, transacciones con los iraníes y cosas así.
—Ya han dicho que no pueden pagar el monto, pero ahora que Cabello manifestó supuestas intenciones altruistas, ¿considerarían hacer crowdsourcing?
—No. Nunca en mi vida le voy a dar 13 millones de dólares a Diosdado para que él diga que los gasta en una escuelita y se los coja para él. No hay manera de que le paguemos ese dinero, aunque lo tengamos. Porque además es un monto puesto arbitrariamente y él va a hacer con eso lo que le da la gana, a lo mejor se lo das y va a comprar armas para su gente.
Yo no sé. Nadie va a chequear si se lo da a una escuelita o no. Entonces, no, que vayan, que procedan, que embarguen el edificio, las instalaciones, la rotativa. Ese gobierno en algún momento caerá y recuperaremos todo.
—El objetivo parece claro: hacerse con la sede de El Nacional. Lo venían advirtiendo ustedes. Lo reconfirmó Cabello antier. ¿Hay algo que puedan salvaguardar?
—La rotativa no se puede mover de ahí. Eso tardaríamos uno o dos años en moverla. Y los equipos que están adjuntos a la rotativa tampoco los podemos mover. Ese es un plan que él tenía preconcebido.
Él en programas anteriores, desde hace mucho tiempo, decía que iba a montar una escuela de periodismo, que seguramente la va a dirigir él con todo su equipo de Con el mazo dando. Él ya tenía ese plan. Esta cosa de la escuelita, eso lo inventó hace dos días para que la gente crea.
Él sabe que no le vamos a dar los 13 millones de dólares y él tiene ya el plan de utilizar ese edificio, en su escuelita de periodismo, imprimir su periódico, él dirigirlo, ser editor de ese periódico y que se parezca a El Nacional. En forma, no en fondo, por supuesto.
—Cabello dijo que a dicha universidad de la comunicación la llamará como su padre, Miguel Otero Silva. ¿Qué ha significado todo esto para usted y su familia?
—Es muy duro, pero un periódico no es un edificio. Un periódico no es una rotativa. Un periódico es un nombre, un prestigio, una historia, unos periodistas y una audiencia.
Eso no va a impedir que nosotros sigamos porque en estos momentos somos una web.
En el momento que nos impidieron seguir imprimiendo, que, bueno, imprimimos un tiempo más, muchos periódicos nos dieron papel para imprimir, eso lo hicimos durante año y medio, incluyendo El Tiempo; pero después nosotros no pudimos imprimir más.
Entonces, nosotros no somos un periódico impreso temporalmente porque no hay suministro de papel. Somos una web, con el nombre, con la trayectoria, con la influencia, con la audiencia que hemos tenido siempre, y vamos a seguir siendo, aunque nos quiten el edificio.
Y al final del camino, porque eso es una dictadura y las dictaduras caen, desaparecen, renaceremos como el ave fénix y seremos el gran periódico del poschavismo, en otra imprenta o en esa imprenta, que la recuperamos. La imprenta no es la que hace el periódico.
—Esta semana, además, se conoció otra decisión judicial, tomada en diciembre de 2020, que suspende la programación de Radio Rumbos. Se suma al cierre, este año, de otras ocho emisoras, según reportó la SIP en su más reciente informe. ¿Cuál es el objetivo del régimen?
—Todo esto es parte de un trayecto que se inició con el Plan de la Patria, donde está este objetivo de hegemonía comunicacional que no es sino el modelo cubano a largo plazo. Con la radio y la TV, como es una concesión del espectro radiofónico, ellos tienen eso que llaman la Ley Resorte, que se inició de una manera muy contundente cuando cerraron RCTV.
Pero, con el tiempo, han cerrado, penalizado, multado radios, han logrado la autocensura casi total y han logrado que la radio y la TV se silencien; sin embargo, cada vez que una radio se sale del carril, la cierran, le quitan la concesión, inventan cualquier cosa.
Algo sacó Radio Rumbos y hay un audio que está circulando, una grabación que hizo una persona de (la patronal) Fedecámaras, que les molestó muchísimo, eso fue en diciembre.
Entonces le abrieron un expediente a través de Conatel, que es el ente regulador con la Ley Resorte, que es punitivo, discrecional, y, bueno, llegaron a montarle un expediente para quitarle la señal.
—Pudieron conocer que no todos los magistrados firmaron la sentencia. ¿Han avanzado en estas investigaciones? ¿Puede esto ayudar a retrasar la expropiación?
—Hay un magistrado que no firmó y que nunca vio la sentencia. No sabemos si hay dos magistrados en esas condiciones. Porque la sala recibió instrucciones de Diosdado Cabello e hizo lo que Diosdado Cabello dijo que hiciera, y les pasaron por encima a los magistrados.
Algunos nunca van a decir nada, otros no sé si lo van a decir públicamente, pero publicaron la sentencia sin que ellos la vieran, ni la firmaran. Eso es ya un problema complicado que amerita que en un momento determinado pueda hacer que la Sala Constitucional asuma el caso o vaya para allá.
Claro, eso no es ninguna esperanza de que reviertan eso porque todo el TSJ está en manos del gobierno y actúa como apéndice del gobierno, pero sí es una complicación para ellos porque queda muy mal una sentencia hecha en esas condiciones.
—Las declaraciones en condena de lo que se pretende hacer con El Nacional no han parado. Más recientemente habló la CIDH, diciendo que la medida contravenía estándares interamericanos de libertad de expresión. ¿Puede esta presión frenar al régimen?
—No sabemos. Vamos a ver si lo logramos. La cantidad de apoyos que tenemos y la cantidad de instituciones que se han manifestado es increíble.
Y a Diosdado Cabello yo no he visto a nadie en el gobierno que lo apoye, por ahora, porque por más que sea el gobierno ha estado vendiendo la idea de que para traer inversiones extranjeras hay seguridad jurídica y las cosas han cambiado, y esta es una demostración de que no hay ninguna seguridad jurídica, que mañana una empresa que invierte en Venezuela, algún funcionario público importante decide acabar con ellos, se pelearon con el funcionario, no le dieron una comisión, cualquier cosa, ellos van al TSJ.
El TSJ en cualquier tipo de demanda les aplica una sentencia prohibitiva y entonces esa seguridad jurídica es esa. ¿Dónde está la independencia de poderes? Hay parte del gobierno que está muy preocupado con esto porque además el mundo entero se está enterando de cómo funciona el TSJ en Venezuela, después de que tienen tiempo vendiendo la independencia jurídica.