En 2015, el diario El Nacional de Venezuela compartió una nota publicada por el periódico ABC de España en la que se informaba que el poderoso chavista Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional, era investigado en Nueva York por vínculos con el narcotráfico. Las consecuencias, desde entonces, han sido tremendas: un juicio irregular en el que se imputó una multa millonaria, el embargo de su sede y, según informó el mismo medio hoy, la venta del inmueble a Cabello en una subasta pública donde ellos fueron los últimos en enterarse.
Para entender mejor cómo se ha llegado a este punto hagamos un rápido repaso cronológico por el proceso judicial -a todas luces amañado- en contra de El Nacional.
En 2015, Cabello denunció por difamación e injuria a El Nacional, La Patilla y Tal Cual, los tres medios que compartieron el mencionado artículo. Para junio de 2018, la justicia aceptó la demanda y ordenó al diario pagar una indemnización de mil millones de bolívares, equivalente a unos 12.500 dólares en ese momento.
Para abril de 2021, sin embargo, una sala del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) modificó la suma de la indemnización. Ante la devaluación del bolívar, ahora El Nacional debía pagar 237.000 petros (la moneda digital inventada por Nicolás Maduro). Según el chavismo, cada petro cuesta lo mismo que un barril de petróleo, por lo que la nueva multa contra el diario ascendía a 13,4 millones de dólares.
Un mes más tarde, un representante del sistema judicial llegó a la sede de El Nacional, en el este de Caracas. Estaba rodeado de hombres armados y ejecutaron el embargo del local, pese a no presentar orden judicial.
Como si fuese poco, en junio de 2021 un juzgado de Caracas elevó una vez más la indemnización. Esta vez la cifra se fijó en 533.250 petros, equivalentes a 30,05 millones de dólares.
El 27 de enero de este año, finalmente, la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo, hermana de Elvis Amoroso Hidrobo, Contralor General de Venezuela, adjudicó en una supuesta subasta pública la sede de El Nacional y los lotes de terreno sobre los que está construido a Diosdado Cabello.
“La jueza se lanzó con esta sentencia, asignó el edificio y supuestamente hizo una subasta. Nadie vio dónde llamaron a la subasta ni quién fue. No hubo cartel de remate en el edificio. Solo fue el abogado de Diosdado Cabello y le asignaron el edificio. Nosotros ni sabíamos que había esa subasta, se supone que cualquiera debería poder ir a comprarlo”, explica a El Comercio Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional.
—¿Cuándo y cómo se enteraron ustedes sobre esta subasta?
Nos enteramos el viernes pero hoy decidimos informarlo. Yo tengo un abogado que va todos los días a los tribunales y alguien dijo que había pasado algo con el edificio. El abogado fue y vio que había un despacho del juez diciendo que había hecho eso.
—¿La subasta se publicó en algún medio oficial?
Probablemente hoy ya lo hicieron, pero cuando se realizó el evento fue en secreto.
—¿Se conoce qué porcentaje de la indemnización se habría cubierto con esta subasta?
Eso no se sabe. Ellos no hablan de la rotativa, de las instalaciones, de todo el equipo mobiliario. Son decisiones chapuceras y ponen las cifras que les da la gana. Las acciones que toman no tienen justificación racional y, por supuesto, tampoco legal. Hemos mandado varios escritos para saber cómo llegaron a esa cifra de indemnización y el juez simplemente no responde.
—¿Cómo ha venido funcionando El Nacional desde el embargo de su sede?
El periódico impreso no sale desde hace varios años (desde el 2018) porque el chavismo buscó la manera de que los medios independientes no tuvieran acceso al papel. En algún momento tuvimos papel prestado por los medios del GDA, incluido El Comercio, y pudimos mantenernos un año más gracias a ese papel, pero no pudimos seguir más. Con la pandemia, el funcionamiento de la web estuvo descentralizado; entonces para quien lee la web no hay ninguna diferencia. Seguimos trabajando a distancia.
—¿Consideran que esta es la última etapa de la venganza de Cabello o temen más represalias?
No nos extrañaría que hubiera más represalias. Es una banda criminal, ellos van hasta el final, no tienen compasión. Si ven que pueden hacer daño adicional, lo harán.
—¿Estas medidas judiciales también lo afectan directamente a usted y a otros directivos?
Yo tengo medidas cautelares, yo vivo en Madrid, me tuve que ir.
—¿Y qué pasaría si pusiera un pie en Venezuela?
Probablemente me detendrían. Ahí todo el mundo tiene un expediente, es como la Alemania Oriental. Cuando quieren criminalizar a alguien toman el expediente, buscan a un juez y dictan medidas cautelares. No hay juicio. La decisión no pasa por el juez sino por quien está arriba, llámese Diosdado Cabello o quien sea.
—Entonces el juicio es una pantomima, porque la verdadera sentencia es la medida cautelar…
Claro. En Venezuela hay 400 presos políticos, pero cuando contabilizamos los que ha habido en todos estos años pasan de 13.000. Cuando uno de sus abogados habla con el juez, este le responde cosas como: “¿Ves ese celular? Para yo soltarlo me deben llamar por ese celular”. No le dice que analizarán el caso o están revisando las pruebas.
—¿En algún momento hubo alguna posibilidad de conversación con Cabello u otro miembro del chavismo?
Él hizo una reunión con algunos miembros, yo estaba fuera. Cuando dictan la medida fue contra toda la junta directiva y otras personas que decidieron que tenía que ver con el periódico. Eso incluye a un consultor jurídico que ya no lo era hace 10 años o la abogada de la empresa para asuntos laborales. El juez ordenó una sesión de conciliación, ahí algunos les dijeron que se arrepintieron, pero no tienen nada que ver con la línea editorial. A esas personas les levantaron las medidas. Más nunca hubo otra reunión. Yo no estuve ahí y tampoco habría dicho que me arrepentía porque el periódico reprodujo una noticia, el fiscal de Nueva York investigaba a Cabello y él dijo que era mentira pero dos años después la DEA dictó una orden de captura y una recompensa por 10 millones de dólares. Eso demuestra que la noticia era cierta.
—¿Cuán grande es el poder de Cabello en Venezuela?
En las dictaduras, como las del Perú, la de Pinochet, de Pérez Jiménez, de Stalin, de Fidel Castro, hay un jefe y los demás hacen lo que diga el jefe. En Venezuela no es unipersonal sino una mesa de tres patas. Una es Maduro, que controla sus alianzas con los iraníes, las FARC, el ELN y la alianza con los cubanos. Cabello es el dueño del partido (el PSUV) y maneja los tribunales. Mientras que Vladimir Padrino López es el dueño de los militares. Son los tres capos que tratan de no pisarse la manguera, cada uno tiene su radio de poder. Cabello no es un subordinado de Maduro, es el jefe del partido y del Tribunal Supremo.
—¿Cómo consigue trabajar un periodista con el miedo constante de que un artículo lo pueda llevar a la cárcel?
La verdad es que la mayoría de los periodistas se han ido del país. Quienes hacen trabajos de investigación y denuncias importantes lo hacen desde fuera de Venezuela. Porque además los medios de comunicación tradicionales no pueden trabajar de forma tradicional, son plataformas web y en ese formato da lo mismo estar en Caracas que en Singapur.
Hay otro periodismo que es de riesgo y cubre las protestas. El año pasado hubo 9.200 protestas populares, es una barbaridad. Y hay periodistas que cubren eso. Pero hacer periodismo en Venezuela reflejando lo que pasa en los hospitales o en las protestas es hacer periodismo de riesgo. Acá se llevan presos hasta a los tuiteros. Todos los que reflejen ese tipo de cosas en Venezuela corren el riesgo de que los detengan y entren en ese mecanismo de medidas cautelares. Que entren en una prisión y no sepan cuándo salen porque no les hacen juicio.
—¿Qué esperanza queda para el futuro en un escenario como este?
Es muy difícil. Trabajamos porque tenemos la web. El Plan de la Patria contempla la hegemonía comunicacional, que a largo plazo es el modelo cubano. Ellos han ido paso a paso para llegar a eso y ahora solo quedan portales de Internet que bloquean cuando les da la gana. Realmente es muy difícil.