El gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición suscribieron el 13 de agosto un memorando de entendimiento en Ciudad de México, para avanzar hacia acuerdos que permitan concretar condiciones para procesos electorales y el levantamiento de las sanciones económicas.
Para Román Duque Corredor, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, el gobierno de Maduro no es legitimado en el memorando de entendimiento.
Según Corredor, el hecho de que exista una mesa de negociación «para tratar de arreglar lo que no funciona en el país» y que tengan que sentarse ambas partes en otra nación, es «suficiente para decirle a Venezuela y al mundo» que el actual «gobierno no tiene legitimidad en el ejercicio de poder».
El experto explicó que el acuerdo como el de la Asamblea Nacional elegida en 2020 por el que aprueba el memorando de entendimiento, no contiene fundamento jurídico y, además, la publicación no la exige ninguna norma jurídica, no tiene sino fines de publicidad y políticos, como sucede con los acuerdos de duelo o conmemorativos.
En discusión la gobernabilidad de Venezuela
«Lo que sí es cierto es que la AN acepta que el gobierno que se define como tal en el memorando, admite discutir su propia gobernabilidad con otra parte», dijo. Aseguró que significa «reconocer implícitamente que su condición de poder está cuestionada».
Corredor también explicó que un memorando en el que sus suscriptores admitan llamarse «partes» para los propósitos que se definen como objeto del mismo significa «igualdad y no desigualdad entre ellas», explicó.
«Lo que hay es un mutuo reconocimiento político como partes del proceso de negociación, aprobado por la AN, jamás un reconocimiento jurídico a legitimidad alguna», agregó.
De hecho, aseveró que la agenda aprobada constituye la más «clara demostración de que no ha habido elecciones libres y con condiciones», que es el origen legítimo del poder público.
Finalmente, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia instó a buscar una solución al problema de la gobernabilidad en Venezuela, para «el bienestar, la paz y el respeto de los derechos humanos» en el país.