La ONG Provea afirma que el estancamiento del salario mínimo es una política de Nicolás Maduro para «precarizar» el empleo. Así lo afirmó al cumplirse dos años sin aumento salarial en el país.
A través de su cuenta de X (@_Provea), la ONG denunció que cada día se va extinguiendo la capacidad de ahorro del ciudadano. Recordó que un trabajador actualmente gana menos de 4 dólares mensuales.
Este viernes, recordó que el 15 de marzo de 2022 fue la última vez que Maduro incrementó el salario mínimo nacional. Hasta la fecha no se ha producido otro aumento.
Provea también recordó que en esa fecha la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) publicó su “cuestionado e inconstitucional instructivo”. El mismo que eliminó las inter-escalas salariales, violando las conquistas plasmadas en las convenciones colectivas del sector público.
“Con esa medida, los trabajadores perdieron entre el 39% y el 70% de sus ingresos”, subrayó la organización. También recordó que el salario mínimo sigue siendo 130 bolívares, unos 3,58 dólares según la tasa más reciente del Banco Central de Venezuela.
Estancamiento y persecución
“Después de una caída acumulada del 80% del Producto Interno Bruto (PIB) -en los últimos 10 años-, una reducción de más del 95% del valor nominal del salario mínimo nacional, y una disminución sostenida en el número de convenciones colectivas homologadas, el gobierno de Maduro luce como una verdadera fiera anti-obrera”, indicó la ONG.
Provea también cuestionó que el gobierno de Maduro insista en consolidar un nuevo modelo económico basado en el estrangulamiento de la capacidad de consumo de los trabajadores.
La ONG también repudia el incentivo a capitales vinculados a gobernanzas criminales y “la persecución a la disidencia laboral”.
Bonificación del salario
El 1 de mayo de 2023 el gobierno venezolano decretó un ajuste del ingreso mínimo mensual y no del salario mínimo general. En aquella fecha se aumentó el bono de alimentación (de 1,82 dólares a 40) y se anunció el pago de un bono contra la guerra económica de 20 dólares.
Con la implementación de los bonos gubernamentales, se comenzó una «tradición» de bonificar los ingresos de los trabajadores públicos y privados. Esto, en aras de complementar el ingreso mínimo salarial que tiene más de dos años sin sufrir incrementos.
En Venezuela, las empresas pagan lo estipulado en la ley por nómina y, para compensar el salario y tratar de compensar la grave crisis económica, dan una «bonificación» a sus trabajadores.
Los bonos no entran en cálculos legales, por lo que los empleados ven afectado sus beneficios de ley, que son calculados con base a los 130 bolívares. Esto crea una distorsión enorme entre los ingresos de los trabajadores y la verdadera capacidad de compra del ciudadano.
Así, desde marzo de 2022 el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares mensuales mientras que la devaluación y la elevada inflación hacen perder poder adquisitivo.
Mientras, los pensionados y jubilados que solo reciben el ingreso estipulado en ley y los bonos de «guerra económica» que entrega el gobierno. Esto provoca que los ingresos de los beneficios sean insuficientes.