La justicia británica volvió a volcarse este martes en el conflicto entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó alrededor de 30 toneladas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra, cuyo control se disputan los dos rivales políticos.
Un tribunal comercial de Londres dio en julio la razón a Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente encargado de Venezuela, entre ellos el Reino Unido, impidiendo que el régimen de Maduro pueda recuperar los fondos.
Pero el régimen venezolano, que asegura querer destinar el dinero a la lucha contra el covid-19, presentó un recurso que fue admitido a trámite por la justicia inglesa. Denunciaron el hecho como un «descarado robo de piratería».
Se reabrió así el caso este martes, ahora ante tres jueces del Tribunal de Apelaciones que lo examinarán hasta el jueves por videoconferencia en una vista híbrida que combina la presencia de algunas partes en la sala, con la participación de otras. Se desconoce cuándo dictarán su decisión.
Justicia y política
Tras haber celebrado la primera sentencia como una victoria del pueblo y un precedente para otros bancos centrales europeos que custodien activos de Venezuela, la representante de Guaidó en Londres, Vanessa Neumann, conserva su confianza en la justicia.
«Mis expectativas son que la Corte de Apelación en el Reino Unido seguirá con la tradición de independencia jurídica en un paradigmático imperio de la ley, tal como se dio el ejemplo en la Corte Superior en julio», dijo a la agencia AFP en Londres.
Su campo siempre afirmó querer únicamente resguardar el oro venezolano de la reserva nacional para el pueblo y que el litigio comenzó porque Maduro intentó repatriarlo.
Pero para Sarosh Zaiwalla, representante legal del régimen bolivariano en este caso, el derecho internacional prohíbe la injerencia de cualquier país en los asuntos internos de otra nación soberana.
«El resultado de este caso podría amenazar la percepción internacional de que las instituciones inglesas están libres de interferencia política, así como a la reputación del Banco de Inglaterra en el extranjero como depósito seguro de activos soberanos», agregó antes del inicio del nuevo juicio.
Instrucciones contradictorias
El Banco de Inglaterra, que custodia este oro en sus cámaras acorazadas como hace para muchos otros países, es un prestatario de servicios cuyo cliente es el Banco Central de Venezuela.
Presidida por Calixto Ortega, la institución lleva intentando sin éxito recuperar los lingotes, valorados en más de 1.000 millones de dólares, desde octubre de 2018, mucho antes de que surgiera la pandemia de coronavirus.
Guaidó escribió en 2019 y 2020 a las autoridades británicas pidiendo que no accedieran y advirtió que los fondos podían servir para reprimir al pueblo venezolano, o llenar los bolsillos del régimen, que calificó de cleptócrata.
En su pugna con el poder, la Asamblea Nacional, dominada por la oposición y presidida por Guaidó, nombró en julio de 2019 a su propia dirección ad hoc del BCV. Sin embargo, la invalidó inmediatamente el Tribunal Supremo de Justicia, leal al régimen.
Así, el Banco de Inglaterra afirma encontrarse atrapado entre dos grupos rivales que le dan instrucciones contradictorias y pidió a la justicia que, antes de decidir el destino del oro, se dictamine quién tiene su control.
Basándose en las doctrinas legales inglesas de la voz única y el acto de Estado, la Corte Superior dictó en julio que debía reconocer a Guaidó siguiendo la decisión del gobierno británico y no podía investigar la validez de ninguno de sus nombramientos.
Es lo que los abogados de Maduro esperan invertir ahora, al término de estos tres días de juicio en apelación.