Maduro
Foto: Juan Barreto/AFP

Nicolás Maduro acusó este viernes a los dos candidatos opositores que no firmaron un acuerdo de reconocimiento del resultado de los comicios del 28 de julio –Edmundo González Urrutia y Enrique Márquez- de planear un golpe de Estado para «cualquier momento», de lo que asegura tener pruebas que no mostró ni detalló.

«¿Para qué se inscribieron en las elecciones? ¿Para qué? Se inscribieron para tratar de embochinchar el país, de hacer daño otra vez a Venezuela y, creen ellos, intentar un golpe de Estado en cualquier momento, tengo pruebas, sé lo que estoy diciendo», dijo Maduro.

Según el mandatario, González Urrutia, aspirante de la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, y Márquez, a quienes llamó «títeres de la oligarquía», pretenden «gritar fraude» y generar «violencia y un golpe de Estado», afirmaciones a las que Maduro recurre con frecuencia al hablar de la oposición.

Pidió a sus seguidores «nervios de acero» y «máxima unión y movilización» ante «cualquier circunstancia», para que gane «la paz en cada calle, en cada comunidad y en cada municipio».

Recordó que él, que fue quien propuso el acuerdo, sí firmó porque quiere «la paz y lo mejor para Venezuela», y porque está seguro de que va a «ganar por paliza, por nocaut» en los comicios.

El documento, suscrito por ocho de los 10 aspirantes, compromete a los firmantes a mantener un «clima de respeto, paz y participación democrática» para que en la jornada electoral y los días posteriores «no se interfiera o desconozca la voluntad del pueblo de Venezuela con hechos de violencia y desestabilización que atenten contra el bienestar del país».

Este viernes, Márquez tachó de «inútil» el acuerdo, pues su contenido es «redundante» y está «incompleto», además de ser «unilateral», al no haber «podido opinar y discutir su contenido».

González Urrutia dijo el jueves que no fue invitado a la firma del acuerdo, que ya había rechazado previamente, argumentando que el reconocimiento de los resultados ya está contemplado en el Acuerdo de Barbados, suscrito entre la PUD y el gobierno en octubre, con acompañamiento y respaldo internacional.


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