Los residentes de Pacaraima, municipio de Brasil fronterizo con Venezuela, en el noreste del estado de Roraima, a solo 20 kilómetros de Santa Elena de Uairén, exhortaron al gobierno federal a intervenir de manera efectiva para controlar la migración venezolana en la zona. Señalaron que no quieren ser ellos los que tomen medidas drásticas, y menos que se repitan eventos como los del 2018, cuando hubo actos xenófobos contra la diáspora y fueron expulsados de forma violenta del municipio.
“No podemos continuar con esta situación desordenada, de ellos seguir durmiendo en la calle, orinando, defecando y muchas veces robando para poder alimentarse, esa situación que cada día está provocando hurtos, asaltos; incluso tuvimos escenas de crímenes bárbaros nunca antes vistos en Pacaraima”, indicó Kleber Borges, representante de la Cámara de Comercio.
“Alertamos a las autoridades para que no esperen que se repita lo que ocurrió en 2018. Pedimos que se tomen las providencias para no repetir las acciones del pasado, la población no quería hacer aquello pero fue provocada, primero por la omisión del Poder Público y segundo por el contraataque de los inmigrantes”, dijo.
“Esta manifestación no es contra la migración venezolana, es contra el vandalismo que algunos migrantes de mala índole vienen a cometer; ese tipo de personas no son bienvenidos en ninguna parte del mundo. Esperemos que después de esta audiencia no sea necesario ir a las calles porque será una gran masacre, porque hoy somos minoría», agregó.
Migración venezolana al debate
Los ciudadanos de Pacaraima participaron en una asamblea general el martes para tratar la problemática que se ha originado por la migración venezolana en la ciudad y el estado.
En el debate advirtieron de fallas en la ley de inmigración, deficiencia en el control de seguridad de la entrada de migrantes por trochas, falta de control judicial de quienes entran a Brasil, necesidad de mayor espacio para acogerlos, carencia de espacio e insumos en los sistemas de salud y educación por la creciente demanda, aumento de la violencia e inseguridad, desabastecimiento de agua, y la deforestación e invasión de áreas protegidas, entre otros, fueron parte de las denuncias presentadas por los roraimenses.
Participaron el senador Telmario Mota (PROS); el alcalde del municipio, Juliano Torquato; representación de concejales y diputados; la Defensoría Pública de la Unión; Operación Acogida; Cámara de Comercio de Pacaraima, y la población activa.
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Que los atiendan en Venezuela
El senador Mota participó vía streaming desde Brasilia. Aseguró defender desde 2015 la ayuda humanitaria, pero dentro de Venezuela, nunca en el estado de Roraima. Sugirió que fuese en Sierra Lema, en Venezuela, donde la ONU atienda a los venezolanos, y que Brasil soo participe en la logística de interiorización y alimentación. “Traer la acogida dentro del estado de Roraima fue naturalmente un crimen contra nuestro estado», señaló.
Indicó que la migración en su mayoría era de carácter político. Afirmó asimismo que «no cabe un país dentro de un estado y menos dentro de un municipio».
«Brasil gastó hasta el momento 1.150.417.285,9 reais (230.083.457,18 dólares), según información del Ministerio de la Defensa. Si hubiese gastado ese dinero en nuestro estado, tendríamos una Roraima nueva”, manifestó.
También informó que hará un llamado al presidente Jair Bolsonaro para que en su visita al municipio, prevista para el 26 de octubre, se dedique más bien a velar por la situación de los brasileños.
La Defensoría Pública sobre la migración venezolana
También se manifestó la Defensoría Pública de la Unión, por medio de Rafael De Oliveira, en defensa de los derechos humanos a todos por igual. Su intervención, sin embargo, no fue bien recibida por los habitantes y debió terminar antes de lo previsto.
La Operación Acogida también intervino en defensa de su trabajo en el municipio en favor de todos los migrantes, resaltando el trabajo en conjunto que se realiza con las agencias Acnur, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), AVSI Foundation y otras en defensa de los derechos humanos y de los derechos de los migrantes de tener una atención digna.
«Hay muchos alumnos venezolanos. Tenemos que aprender a lidiar con ellos y debemos aprender el español sin recibir ningún incentivo por eso; estamos enfermándonos», manifestó una profesora de una escuela municipal.
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Visita de Bolsonaro
Para el 26 de octubre se espera la visita del presidente de Brasil al municipio. Mantendrá una reunión con las principales autoridades para intentar dar solución a los requerimientos de los vecinos del municipio fronterizo.
Después de un año y tres meses del cierre de frontera debido a la pandemia del covid-19, Brasil publicó el 23 de junio un decreto sobre la flexibilización para el paso humanitario de personas provenientes de Venezuela. Desde ese momento y hasta ahora se ha atendido a más de 35.000 venezolanos en Pacaraima.
Cerca de 600 migrantes y refugiados entran diariamente de forma irregular desde Venezuela a Brasil por esta ruta, según cifras de la OIM.
La Operación Acogida es un grupo de trabajo que comprende 12 ministerios presididos por la Casa Civil, ejecutado y coordinado por el gobierno federal y las Fuerzas Armadas, en el cual actúan Ejército, Marina, Aviación, agencias de la ONU, organismos internacionales, sociedad civil y entidades privadas. Se encarga del ordenamiento de la frontera y tiene capacidad para atender diariamente a 280 migrantes y refugiados dando atención médica y migratoria, además de acoger a 1.800 personas en el centro de atención BV-8 temporariamente, 800 personas para pernoctar (reciben cena y desayuno) y se está culminando un centro con capacidad para otras 1.000 personas.
A pesar de este esfuerzo aún se encuentran más de 1.000 personas durmiendo en la calle, muchas en barracas improvisadas. Además, desde el 25 de junio del 2021 se han producido 66.138 documentos y desde el 1 de julio de 2021 se ha atendido a un total de 99.178 personas con problemas de salud.
A pesar de los esfuerzos del gobierno brasileño para atender la demanda y el creciente flujo de migrantes que entran por esta frontera, el número de personas aguardando por atención sigue siendo alto, aproximadamente 3.000 de ellas esperan en lista para ser atendidas, pues todas necesitan al menos del permiso humanitario de ingreso al país otorgado por la policía federal.
Especial para El Nacional por Yesica Morais.