La Fiscalía de la Corte Penal Internacional tendrá una oficina en Caracas en el contexto de las investigaciones que desarrolla por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El tribunal, con sede en La Haya, afrontará los desafíos que supone actuar en un terreno donde se denuncia la comisión sistemática de violaciones a los derechos humanos, la omisión del Estado y donde además no se ha judicializado a los altos responsables de la cadena de mando.
Liliana Ortega, directora ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic) recordó a El Nacional que esta decisión del fiscal Karim Khan está contemplada en las relaciones de cooperación y en el ejercicio de complementariedad con el gobierno de Nicolás Maduro. Afirmó que aún es pronto saber cómo se ejecutará y que en su momento se podrá evaluar y conocer el impacto que tendrá.
“Es un proceso inédito que entraña enormes desafíos para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para el gobierno, la sociedad civil y las víctimas. Lo importante es que todas las medidas que se tomen para asegurar las investigaciones y las acciones se adecúen para respetar los intereses y las circunstancias de las víctimas”, manifestó la defensora de los derechos humanos.
“El camino es largo”
Rocío San Miguel, presidente de la organización Control Ciudadano, dijo a El Nacional que la oficina que instalará la Corte Penal Internacional en Caracas no resolverá la posibilidad de justicia y reparación en tres meses, sino que será una cuestión de años.
“El camino es largo”, reconoció.
“Inclusive, el fiscal Khan habló de la realización en Caracas para el año que viene de una conferencia internacional para visibilizar la importancia de la complementariedad, para la vigencia del Estatuto de Roma. Y ¿qué es la complementariedad? Que la Corte Penal Internacional solo actúa cuando los Estados no quieren o no pueden; y el fiscal Khan ha demostrado querer hacer posible que los Estados cumplan, en primer lugar, con sus obligaciones derivadas del Estatuto de Roma. Aquí estamos hablando de un camino largo”, señaló.
San Miguel, con amplia experiencia en temas militares y de derechos humanos, expresó que no hay que anticiparse en defraudar expectativas porque han sido mucho más altos los resultados que ha dado el fiscal Khan desde noviembre, cuando anunció la investigación sobre Venezuela, que quienes le han precedido en el cargo.
Evitar las falsas expectativas
Ortega coincidió en que es importante no generar expectativas que pueden traducirse en una frustración enorme. Enfatizó que lo importante es la seguridad para las víctimas y que, además, se establezcan canales de comunicación con las ONG y la sociedad civil.
Para la directora de Cofavic, ese es el terreno fértil para generar confianza con el proceso que desarrolla la Corte Penal Internacional y, en el caso de Venezuela, la Fiscalía. “De manera preponderante, que las víctimas tengan un rol de protección y de garantías que les permita sentirse seguras”, expresó.
“Por ello, en esta etapa, los primeros anuncios señalan que apoyarán las capacidades internas para las investigaciones y por eso es el acercamiento con las autoridades venezolanas”, señaló Ortega.
Indicó que los asuntos de mayor envergadura son la forma en la que la oficina de la Corte Penal Internacional incidirá en las investigaciones y si generará mayor presión hacia el gobierno de Venezuela. “Veremos si realmente mejorará las capacidades o demostrará que hay ausencia en todos los niveles que marca el Estatuto de Roma. Porque eso es importante, aquí estamos ante la aplicación del derecho penal internacional, los estándares y rigores, y eso es lo que hay que valorar”, afirmó.
Es peligroso —insistió— que se alienten falsas expectativas que generarán desesperanza y llevarán a que la gente claudique en su razón de justicia. Destacó que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene capacidades técnicas muy bien valoradas en la comunidad internacional porque ha enfrentado procesos como el venezolano y muchos más complejos.
“La presencia es un logro”
Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), reconoció en un audio enviado a El Nacional el compromiso de las autoridades estatales de no poner obstáculos para el ingreso de miembros designados por la Fiscalía para trabajar sobre el terreno.
“Esta presencia y esta investigación son un logro. Principalmente de las víctimas y de sus familiares, que han superado el miedo y el temor a las represalias y han brindado sus testimonios para que se conozca la gravedad de lo que ha ocurrido en nuestro país. Pero también del liderazgo social y político de Venezuela, que hemos acudido ante las instancias internacionales de protección debido a la falta de justicia en nuestro país”, manifestó.
Afirmó que la investigación y la cooperación con las autoridades venezolanas ratifica una vez más que en el país no hay voluntad ni las capacidades para investigar o sancionar los hechos. Tampoco para implementar medidas de no repetición.
“El fiscal no ha defraudado”
San Miguel dijo que se debe considerar que el fiscal Karim Khan no ha defraudado las expectativas sobre su interés respecto a la aplicación del Estatuto de Roma en Venezuela por la presunta comisión de los crímenes de lesa humanidad. Contra todo pronóstico, destacó, en noviembre del año pasado dio el paso significativo de abrir una investigación. “Ha emprendido un camino novedoso, hay una ruta novedosa sobre el caso de Venezuela, tanto en el modo en el que anunció la investigación, como en el mecanismo del memorando de entendimiento y el anuncio de abrir una oficina en Caracas”, señaló.
La presidente de Control Ciudadano manifestó que no se puede perder de vista que el fiscal estará sujeto a enormes presiones por parte del gobierno nacional. Asimismo, afirmó que las víctimas tienen razonables temores por la realización de justicia.
“Han sido burladas por el sistema judicial venezolano. Sin embargo, estimamos que la presencia de esta oficina pueda empujar, y esto es bien importante, las obligaciones que tiene el Ministerio Público de juzgar las cadenas de mando en la ejecución de estos crímenes; y pueda recabar o ayudar a recabar pruebas y demás elementos de interés criminalístico. En este caso por parte de las víctimas”, manifestó.
“Traer al país una oficina de la Corte Penal Internacional simplifica todos los trámites que se están llevando actualmente por las víctimas y organizaciones de derechos humanos ante La Haya. Eso es un primer punto importante, destacable, que robustece la hoja de ruta para hacer efectiva la vigencia del Estatuto de Roma”, agregó San Miguel.
Que no haya represalias, hostigamiento ni criminalización
Ortega añadió que aún se desconoce el alcance que tendrá esa instancia y que se deberá determinar si será de capacitación o de documentación, y cuál será el espectro de su funcionamiento. La Fiscalía de la CPI, indicó, debe tomar en cuenta el contexto país y garantizar que no haya represalias, hostigamiento ni criminalización hacia las víctimas ni todos los actores en la sociedad que contribuyan en la interlocución.
“Desde Cofavic creemos que hay que valorar paso a paso, no pronunciarnos de manera extemporánea ni antes ni mucho después, sino en el momento exacto. El asunto es que este es el ejercicio del derecho penal internacional y tiene un rigor y unos estándares que no pueden abandonarse. La Corte Penal Internacional tiene que desarrollar todas sus acciones en este marco, y en ese marco tiene que haber una preponderancia respecto a los derechos y a las circunstancias de las víctimas”, expresó.
Al principio, puntualizó la defensora de los derechos humanos, podría haber tareas de capacitación y de revisión de las capacidades, pero no está claro cuál será el alcance total de la oficina ni por cuánto tiempo actuará en el terreno. Por eso, reiteró que se debe actuar con responsabilidad ante la sociedad, las víctimas y los organismos internacionales.
“Hay que activar cada día las actividades de documentación y acompañamiento integral de las víctimas y, por supuesto, mantener un discurso serio y prudente. Un desafío para analizar es que haya un enfoque prioritario hacia las víctimas, desde las perspectivas políticas y sociales. Lo que no puede hacerse es dejar de desarrollarse ese enfoque porque la sociedad venezolana tiene el enorme desafío de reconstruir el tejido social, y eso pasa por una reparación integral que incluye la justicia”, dijo Ortega.
“Implica templanza y perseverancia”
San Miguel indicó que se trata de llevar el proceso hacia adelante y no de ser pasivos. Por la parte de la sociedad civil y de los venezolanos en general, de ser vigilantes, en primer lugar, de la Constitución, y del efectivo cumplimiento de los derechos humanos, pero también de involucrarse y ser participativos en todas las oportunidades que se presenten para la realización de justicia en Venezuela.
“Esto implica templanza, eso significa perseverancia. Esto significa integridad y fortaleza. Nosotros llevamos un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tardó 14 años en obtener una sentencia, emitida en el año 2018, y todavía estoy esperando el cumplimiento de la sentencia por parte del Estado. ¿Que pierdo las esperanzas de que el Estado cumpla con los términos de asistencia? No. Vamos a seguir insistiendo. Han pasado 4 años desde la sentencia. Es decir, tengo 18 años esperando el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Pero aquí seguimos. El que decaiga en la esperanza de obtener justicia después de tantos esfuerzos, después de tanta lucha, creo que escoge el camino equivocado. Aquí se debe tener perseverancia, integridad y la esperanza de que haya justicia”, expresó la presidente de Control Ciudadano.
La directora de Cofavic reiteró asimismo que se debe abogar porque se cumpla el Estatuto de Roma y haya respeto prioritario a los intereses y las circunstancias de las víctimas. “Aquí se está escribiendo la historia del derecho penal internacional y de la Corte Penal Internacional en las Américas, y por ello es un desafío que hay que verlo con prudencia, con firmeza y con la prevalencia de los intereses de las víctimas”, manifestó Ortega.
No habrá resultados de meses
La directora de Cofavic recordó que no habrá resultados en meses sobre el caso de Venezuela y, por lo tanto, no debe esperarse un resultado definitivo de manera inmediata. Abonar ese terrero, enfatizó, promoverá la desesperanza.
“Para enfrentar la impunidad lo peor que debe haber es desesperanza”, expresó.
Ortega afirmó que no será fácil que se invisibilicen las debilidades del sistema de justicia en Venezuela porque la comunidad internacional y la Corte Penal Internacional tienen suficientes herramientas técnicas para analizarlo.
“Puede haber algunos progresos en las investigaciones de algunos casos, y quizá los más conocidos, pero el asunto es que para el Estatuto de Roma y para la etapa en la que está la Fiscalía de la Corte penal Internacional, es muy importante que se investiguen y se sancionen a todos los responsables. Todos los estratos que haya tenido algún vínculo con los crímenes cometidos. Y ese es el desafío que tiene el fiscal. Podemos intuir que está analizando si esas investigaciones se puedan desarrollar”, expresó la abogada.
La oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas, añadió San Miguel, seguramente establecerá sus protocolos y metodologías. Pero considera que no recibirá denuncias porque ese no es su objetivo. Cree que, en cambio, la instancia local de la Corte Penal Internacional instaría a los poderes públicos venezolanos a que cumplan con el contenido del Estatuto de Roma. Además, podría recabar alguna información importante que robustezca los procesos.
“De esa forma lo veo, y muy similar al rol que ha cumplido en Caracas la oficina del Alto Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Con otras competencias, con otras funciones, pero ha sido sumamente importante para el país”, indicó.
Avances con la oficina de Bachelet
San Miguel destacó la incidencia que ha tenido en el sistema de justicia en Venezuela esa oficina de la ONU, a cargo de la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Para la abogada, ha tenido un papel importante, aunque es distinto al que cumplirá la Corte Penal Internacional.
“El diálogo que ha mantenido con el gobierno ha significado la liberación de presos políticos, ajustes en normativas y en algunos mecanismos. Todavía insuficientes, pero significan una esperanza de que se puedan construir caminos”, dijo.
Presume que existirá una coordinación importante entre ambos organismos y que incluso eso minimizaría el impacto de las cosas que ocurren actualmente.
Exigen el ingreso de organismos
El coordinador de Provea expresó que la profundidad del deterioro institucional y que se mantenga una situación de impunidad ameritan la actuación de todos los mecanismos internacionales de protección con roles complementarios.
“Esta presencia permanente de un equipo de la Fiscalía dentro de Venezuela se va a sumar a los altos oficiales de Naciones Unidas. Desde las organizaciones de derechos humanos vamos a seguir exigiendo que se permita también el ingreso de otros organismos, a los cuales se les ha impedido el ingreso a Venezuela. En primer lugar, el de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, los relatores de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló.
Aseguró que las organizaciones y los familiares de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos colaborarán con la oficina de la Corte Penal Internacional. Dijo que el mandato de esa instancia debe ser robusto y conocido para que finalmente los procesos judiciales en Venezuela tengan las tres características que solicitan los estándares internacionales: ser significativos, genuinos y efectivos.
“Esperamos que esta oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas comprometa a las autoridades a no tomar ningún tipo de represalias contra quienes colaboremos con ella”, concluyó Uzcátegui.