defensa de Saab
El exjuez Baltasar Garzón busca una indemnización para el barranquillero Álex Saab, de hasta 12 millones de dólares, porque supuestamente se le violó su inmunidad. Foto: El Tiempo

La justicia de Cabo Verde acaba de tomar una decisión de fondo en el caso de la extradición del barranquillero Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro. La defensa asegura que hubo un claro choque entre los tribunales.

Tras estudiar las decisiones que tribunales han tomado sobre su envío a Estados Unidos, la Corte Suprema de ese país insular africano informó que no es competente para decidir  de fondo sobre el tema.

En consecuencia, el caso será devuelto al Tribunal de apelaciones, dilatando de nuevo la libertad o extradición de Saab, procesado en Estados Unidos por lavado de activos y corrupción, ligado al régimen de Nicolás Maduro.

La información fue confirmada por la defensa de Saab.

“Esta resolución expone que dicho tribunal no tiene competencia para decidir en lo relacionado al arresto domiciliario, y toma, por lo tanto, la posición de devolver el caso a la Corte de Apelaciones del país, para que sea esta la que estudie de nuevo las medidas provisionales solicitadas por el equipo legal del afectado”, aseguraron sus abogados en un comunicado a la prensa.

Defensa de Saab señala irregularidades

Y en la comunicación hablan del supuesto hallazgo de irregularidades dentro del trámite de la extradición: «El tribunal caboverdiano, ha remitido también algunas cuestiones a dicho Tribunal de Apelación debido a numerosas irregularidades”.

De hecho, hablan de una supuesta amonestación de la Corte Suprema a la Corte de Apelaciones, por ignorar los principios básicos del debido proceso.

La justicia de Cabo Verde no se ha pronunciado al respecto.

Pero la defensa de Saab, liderada por el exjuez Baltasar Garzón, asegura que hubo un claro choque, por  supuestas irregularidades y vulneraciones de los derechos humanos a las que ha sido sometido, en su criterio, el agente diplomático venezolano, preso desde el pasado 12 de junio.

Y recuerdan que llevaron el caso ante la Corte de Justicia de la Comunidad de los Estados de África Occidental (Cedeao).

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