Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera de Chávez
Foto: EFE/Javier Lizon

El tribunal de West Palm Beach, Florida, convocó para la semana próxima una audiencia, en la que llama a testificar un exbanquero venezolano sentenciado en Estados Unidos, en el caso de Claudia Patricia Díaz Guillén. La mujer es extesorera nacional de Venezuela, y resultó extraditada desde España a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.

En la audiencia del día 24 de mayo se tratará específicamente del posible conflicto de intereses que puede significar el hecho de que la abogada de Díaz, Marissel Descalzo, representó antes al acusado de un caso relacionado con el de ella.

Exbanquero y el caso de Claudia Díaz

Se trata del también venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray, expropietario del Banco Peravia en República Dominicana. Lo sentenciaron a tres años de prisión en noviembre de 2019 en un caso de conspiración para lavar de dinero.

Según la Fiscalía, en el juicio de Jiménez Aray, Marissel Descalzo brindó información sobre los activos que posee Díaz. Y eso podría jugar en contra de la ahora acusada; concretamente en lo que se refiere a la posibilidad de esperar el juicio fuera de la cárcel con una fianza.

El tema lo sacó la Fiscalía en la segunda audiencia celebrada desde la llegada de Díaz a Estados Unidos el 12 de mayo. Y atrasó la decisión del juez sobre si la acusada espera en prisión preventiva el juicio, como quieren los fiscales; o en libertad bajo fianza, como pide la defensa, que niega que haya riesgo de fuga.

El tribunal decidió celebrar una audiencia solo sobre el conflicto de intereses. Determinó que inmediatamente después o cuando lo considere continuará la audiencia para tratar sobre las peticiones de la defensa y la Fiscalía acerca de donde debería permanecer Díaz  hasta que se celebre el juicio.

Defensa y Fiscalía

En una petición conjunta dirigida este jueves al tribunal, ambas partes piden que se designe un abogado penal libre de conflictos para Gabriel Arturo Jiménez Array para que lo represente en la audiencia del día 24. El juez ordenó que testifique en persona o por Zoom.

Ese nuevo abogado debería ser nombrado antes de que se celebre la audiencia, según el documento conjunto de ambas partes.

«La enfermera de Chávez»

Díaz es conocida como la «enfermera de Hugo Chávez», pues formó parte del equipo médico del que fue presidente de Venezuela. Quien luego la nombró luego tesorera nacional, cargo que ejerció de 2011 a 2013.

Las acusaciones contra ella son conspiración para lavado de activos y lavado de activos. Y tienen que ver con una trama millonaria de corrupción para beneficiar a empresarios con tasas de cambio de divisas favorables.

El esposo de Díaz, Adrián José Velásquez Figueroa, también pendiente de extradición desde España, fue jefe de seguridad del mandatario.

Los conocidos popularmente como la «enfermera» y el «guardaespaldas» de Chávez establecieron su residencia en España en 2016. Tienen dos hijos menores de edad, según los documentos del juicio.

Descalzo asegura en la petición de libertad bajo fianza para su defendida que «no hay riesgo alguno de fuga». Argumenta que, entre otros motivos, ni Díaz ni su esposo tienen «activos suficientes ni dentro ni fuera de Estados Unidos para pagar la escapada y no pueden volver a Venezuela».

Regresar a su país natal sería «el equivalente a poner en peligro sus propias vidas ya que  fueron expulsados de Venezuela por la policía secreta en 2013», dijo la abogada.

La Fiscalía, entre las razones para pedir que Díaz permanezca en prisión, mencionó sus fuertes lazos con el gobierno venezolano.

Raúl Gorrín

En la misma causa que Díaz Guillén está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión. Es considerado prófugo por la justicia de Estados Unidos y fue acusado formalmente en agosto de 2018 como cómplice de «conspiración para lavado de dinero y lavado de dinero».

Según la Fiscalía, Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a Díaz Guillen y otro extesorero nacional venezolano, Alejandro Andrade. Este último se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años de prisión en 2018, por asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.


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