El proyecto de ley que pretende aprobar la Asamblea Nacional de mayoría chavista le dará potestad al Estado, en este caso a Nicolás Maduro, de suspender o disolver las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en el país.
El diputado chavista Julio García Zerpa explicó, durante la consulta pública realizada este viernes en el Palacio Federal Legislativo, que el proyecto establece en su artículo 16 que las ONG no podrán recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos, tampoco realizar actividades políticas, ni promover y permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República, así como cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana.
«¿Cuál es la sanción si esto sucede? Se podrán tomar medidas administrativas, proporcionales y adecuadas contra las ONG mediante la apertura de un procedimiento administrativo que podrá implicar la suspensión de actividades y la disolución de oficio de la ONG. Perdería su personalidad jurídica», indicó Zerpa.
Por otro lado, el artículo 17 establece una serie de ilícitos formales por los cuales también podrían ser sancionadas las ONG: incumplimiento de la obligación de inscribirse ante el registro; incumplimiento de la obligación de registrar los actos; no mantener los libros contables actualizados; incumplimiento a la obligación de coadyuvar al Estado en su actividad.
En este caso, quienes violen el artículo se enfrentan a una sanción pecuniaria, independientemente de lo que corresponda a las sanciones civiles, administrativas y penales que puedan proceder por su actuación.
El diputado explicó que la ley establecerá que el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) cree un registro especial de las ONG que operan en el país. Mientras que las organizaciones domiciliadas en el extranjero solo podrán operar en el país tras obtener una habilitación para hacerlo, la cual será otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La ley también obligará a las ONG a presentar ante la Contraloría General de la República una declaración jurada de patrimonio.
«Hay un pequeño grupo de organizaciones, que a veces no tienen ni siquiera personalidad jurídica, son un maletín con mucho dinero que proviene del extranjero y de dudosa procedencia, que tienen ingentes recursos que se utilizan en el país y que no se rinde cuentas sobre ellos», indicó Zerpa.