Leopoldo López rechazó medida judicial en contra de El Nacional-en Nicaragua
EFE/Mariscal

El líder y fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, denunció que el régimen solicitó su extradición de España, país donde se encuentra desde el año pasado. Para el político, esta es una nueva maniobra para intimidar a la oposición, así que advirtió: “Nadie nos callará”.

“No me callaron con casi siete años de detención arbitraria, con torturas y con la persecución contra mi familia; la dictadura nos subestima si piensa que esta nueva maniobra va a poder intimidarnos. Todo lo contrario. Jamás podrán silenciarnos. Esto solo refuerza nuestra lucha por la libertad”, expresó López, de acuerdo con una nota de prensa publicada por la presidencia interina.

“Esa solicitud, en sí misma, es ilegal. Porque la está solicitando el TSJ ilegítimo de una tiranía criminal. Esta es otra maniobra más de la tiranía, que no hace sino desenmascarar la criminalización que ejerce la dictadura sobre quienes luchamos por la libertad de Venezuela y de los venezolanos. Pero se les olvida que nada de lo que han hecho (inhabilitarme, encarcelarme, torturarme, perseguirme en Venezuela y ahora en el exilio) ha logrado callarme ni detener nuestra lucha”, agregó.

A su juicio, acciones como esta siguen dejando en evidencia el cinismo del chavismo: “¿Qué autoridad tiene Nicolás Maduro, que ha sido señalado como violador de derechos humanos por la ONU? ¿O el TSJ, que es una institución secuestrada por la tiranía que él encabeza? El mundo entero sabe que es Maduro quien ha asesinado a miles de venezolanos con una dictadura represora, hambreadora y ejecutora de crímenes de lesa humanidad”.

La solicitud de extradición de Leopoldo López fue dada a conocer por el periodista Eligio Rojas en el diario Últimas Noticias. Hasta ahora no ha habido una declaración oficial de ninguna autoridad del régimen.

De acuerdo con la nota del medio pro oficialista, el Ministerio Público hizo la solicitud a España y el planteamiento se formuló ante el Juzgado 5° de Ejecución del Área Metropolitana de Caracas, que luego remitió el expediente a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.


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