Las sanciones han sido una herramienta efectiva (y cuestionada) contra la barbarie y la corrupción

Las sanciones de Estados Unidos les han sido una herramienta efectiva –también cuestionada– para contrarrestar de manera pacífica amenazas a sus intereses geopolíticos y estratégicos, también de seguridad nacional. Al tiempo que intentan frenar las atrocidades, corruptelas y violaciones de los derechos humanos en los países en que se han impuesto las autocracias del siglo XXI.

El economista Federico Alves considera que las sanciones son una forma de enfrentar a quienes atacan su estabilidad financiera y su sistema de vida, democrático y capitalista. Es el mecanismo de menor costo en dinero y en vidas para tratar de enmendar conductas irracionales. Sin las sanciones, las alternativas conducirían a situaciones de barbarie: invasión de países, bombardeos, guerras, intervenciones.

Solo unas pocas de las 913 sanciones que el régimen de Nicolás Maduro contabiliza como «crímenes de lesa humanidad» son sectoriales. La inmensa mayoría son individuales, parciales, específicas, selectivas e intransferibles. Solo afecta a la persona sancionada. Además, es una acción preventiva que el gobierno estadounidense puede revocar en cualquier momento. No acarrea carácter penal, aunque a los sancionados les puedan añadir acusaciones de delitos o procesos judiciales. Incluso pueden ser levantada tan pronto cese el hecho que las originaron, como los casos de corrupción y de violación de derechos humanos.

Sanciones por la defensa de la democracia

Un total de 57 países han sancionado a funcionarios por la profundización del socavamiento a la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, pero las de Estados Unidos han sido las que más impacto han tenido en los medios y las que se han mantenido y se han aplicado rigurosamente.

Por mucho tiempo la comunidad internacional centró su atención en los intensos, continuados y despiadados actos de represión, los asesinatos en las manifestaciones, los casos de torturas y los encarcelamientos irregulares, junto con los múltiples intentos para desconocer la independencia del Parlamento elegido en 2015 y los evidentes hechos de corrupción de la cúpula del poder y sus allegados. En gran parte consideraba que las sanciones no eran la vía para poner fin a la calamidad que campeaba, que se requerían acciones de mayor calado y contundencia.

Los hechos que ocurrían en Venezuela y que pasaban de extraordinarios a cotidianos chocaron con la reacción solidaria y el respaldo del secretario general de la OEA, Luis Almagro; de los expresidentes de países de la región reunidos en el grupo IDEA; así como del equipo de Donald Trump y los parlamentarios, republicanos y demócratas, que entendían que en Venezuela se cerraban las posibilidades de soluciones electorales, constitucionales y pacíficas.

De América Latina impusieron medidas Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Panamá, Perú y República Dominicana. En el norte de América, Estados Unidos y Canadá.

De Europa han aplicado sanciones Suiza, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, Reino Unido, Macedonia del Norte, Montenegro, Albania, Bosnia, Herzegovina, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Moldavia, Ucrania, Georgia, Serbia, Armenia. Ninguno del Caribe anglosajón.

El elemento común de las medidas adoptadas por el conjunto de países era sancionar a Nicolás Maduro para que modificara su conducta criminal. Sin embargo, la reacción del régimen no fue poner el interés del país y de los venezolanos por encima de cualquier ansia de poder. Todo lo contrario. Montó una campaña de desinformación para hacer creer a su base de seguidores y a los otros desinformados que las sanciones eran solo de Estados Unidos y sus aliados más cercanos. Lo presentaba como un bloqueo del imperialismo yanqui en contra el país, “la patria”, y su economía.

Las sanciones personales, en general, no tienen impacto alguno en la economía del país, solo en la persona sancionada. Unas van dirigidas a las personas que han deteriorado el Estado de derecho -políticos, fiscales, jueces, funcionarios policiales, diputados a la constituyente, magistrados del Tribunal Supremo- y otras a los implicados en actividades de corrupción, narcotráfico y terrorismo.

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Freno al saqueo de las riquezas del país

Las sanciones sectoriales que se tomaron en 2019, bajo el gobierno de Donald Trump, sí han tenido un efecto en la economía, pero no tan mayúsculo como el oficialismo pregona. Un efecto restrictivo en los manejos irregulares de la riqueza del país. El gobierno de Venezuela, el Banco Central de Venezuela y Pdvsa, o sus representante, no pueden realizar operaciones financieras ni de comercio con el gobierno de Estados Unidos ni con sus ciudadanos. Los ciudadanos venezolanos y las empresas que no tienen lazos con el régimen castrochavista sí pueden hacer negocios con los estadounidenses y con su gobierno.

Cuando las sanciones sectoriales fueron impuestas, la industria petrolera estaba prácticamente acabada, y las medidas de Washington tuvieron “un efecto atómico” en todas las modalidades de la corrupción. La economía estaba en caída libre, el ingreso per cápita era peor que el de Haití, el divorcio tecnológico con Estados Unidos y el despido de 18.000 trabajadores había minimizado la capacidad de refinación de Pdvsa. Pdvsa era una chatarra obsoleta y desmantelada, pero utilizaban su viejo prestigio para emitir bonos y refinanciar deudas.

Las sanciones «flotantes» fue un cañonazo en el plexo solar al castrochavismo del cual no se recuperará. El misil afectó los negocios irregulares del chavismo en la principal fuente de ingresos, y  que sumían en la hambruna a los venezolanos. Basta sumar los desfalcos conocidos en Pdvsa, desde Alí Rodríguez Araque hasta Tareck el Aissami, para tener una idea de la enormidad del saqueo. Una megacorrupción.

Bloquear las operaciones financieras de Pdvsa y de la empresas mineras de Minerven era apartarlos de la gallina de los huevos de oro.

Endeudar el país para poder seguir robando a manos llenas

Washington acusa al régimen de Maduro de desviar miles de millones de dólares de petróleo para fines políticos, al tiempo que multiplicaba la deuda de Pdvsa y la llevaba a la ruina. «Con la malversación de fondos, el soborno y el fraude se llenaron los bolsillos los participantes del régimen en detrimento de la compañía petrolera y del resto del país. Minimizada la capacidad de producción petrolera, Maduro y su círculo íntimo utilizan la minería ilegal para enriquecerse y mantenerse en el poder», dijo Mike Pompeo, secretario de Estado de Trump, en los primeros meses de 2019.

Las medidas Trump impiden a Pdvsa y al gobierno de Maduro renegociar la deuda con tenedores de bonos estadounidenses, vender bonos adicionales u obligaciones financieras de cualquier tipo. También la importación de crudo venezolano. Se intentaba frenar siquiera la venta de bonos de una industria que había disminuido su valor, pero que seguían usando su buen nombre en el exterior para la emisión de bonos y otros recursos financieros. El dinero no era para reanimarla ni se invertía en mejorar su capacidad de producción ni destinaban a mejoras sociales. Terminaba en esquemas de corrupción.

El argumento de la Casa Blanca negaba la opción de una sanción improvisada: «La mala administración de Maduro y el saqueo desenfrenado de los bienes de su nación han llevado a Venezuela más cerca del impago. Sus funcionarios ahora están recurriendo a esquemas opacos de financiamiento y liquidando los activos del país a precios míseros”.

Respuestas a la sanciones: irregularidades más sofisticadas

El régimen, en su intento desesperado por seguir manejando masas de dinero, recurre a las criptomonedas. Crea el Petro. Trump le salió al paso con la Orden Ejecutiva 13.827, del 19 de marzo, con la que prohíben la provisión, las transacciones y el financiamiento con esta moneda digital a estadounidenses o a personas que se encuentren en Estados Unidos. La moneda digital fue considerada un  intento del régimen venezolano de evadir las sanciones y, por tanto, incluyó a los responsables de la argucia en la OFAC.

• Américo Alex Mata García, director suplente en la junta directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. En la campaña presidencial de Maduro en 2013, Mata supuestamente solicitó y recibió pagos de Odebrecht.
• Willian Antonio Contreras, superintendente para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), responsable de imponer controles de precios en Venezuela.
• Nelson Reinaldo Lepaje, jefe de la Oficina del Tesoro Nacional de Venezuela. Autorizó la apertura de cuentas bancarias con fondos del Tesoro Nacional en monedas nacionales y extranjeras.
• Carlos Alberto Rotondaro, presidente de la junta directiva del Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS). Su manejos irregulares conllevaron la insuficiencia de vacunas y antibióticos, un factor determinante para que regresaran enfermedades ya controladas como la difteria y el sarampión.

En mayo de 2018 sancionaron a cuatro personas vinculadas con el régimen y señaladas por narcotráfico: Pedro Luis Martín Olivares, ex jefe de Inteligencia Financiera de la Disip; Walter Alexander del Nogal Márquez, socio de Pedro Martín Olivares en el narcotráfico, y Mario Antonio Rodríguez Espinoza, también socio en el narcotráfico de Pedro Martín Olivares. Veinte empresas propiedad de estas personas fueron objeto de medidas punitivas.

Ese mes, además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista de sancionados de la OFAC a Diosdado Cabello, a su hermano José David Cabello, presidente del Seniat; a Marlenys Contreras de Cabello, esposa de Diosdado Cabello y ministra de Turismo; y a Rafael Sarría, empresario de oscuros procederes, y a Fidel Ernesto Vásquez, secretario general de la ANC y supuesto testaferro de Diosdado Cabello.

​Dos meses después hubo más sancionados por el Departamento del Tesoro. Los integrantes de un grupo vinculado con operaciones financieras por 2.400 millones de dólares provenientes de la corrupción en los manejos de divisas:

• Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario, dueño de Globovisión, por sobornar a los jefes de la Oficina Nacional del Tesoro.
• Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera y exenfermera de Hugo Chávez.
• Adrián José Velásquez Figueroa, ex edecán de Chávez, esposo de Claudia Díaz.
• Leonardo González Dellán, testaferro de Alejandro Andrade.
• Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, cuñado y socio de Raúl Gorrín, directivo de Globovisión.
• María Alexandra Perdomo Rosales, esposa y socia de Raúl Gorrín.
• Mayela Antonina Tarascio Pérez, esposa de Gustavo Perdomo.

En enero de 2019, Maduro ordenó la expulsión de todo el personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, pero no se suspendieron las sanciones. Al contrario, cinco funcionarios de inteligencia y seguridad cercanos a Nicolás Maduro y que estarían involucrados en hechos de «represión y corrupción», fueron incorporados a la lista:

• Manuel Ricardo Figuera, jefe del Sebin.
• Hildemaro José Rodríguez Mucura, comandante de la Dgcim.
• Iván Rafael Hernández Dala, director de la Dgcim.
• Rafael Enrique Bastardo Mendoza, director de las FAES, la sección política de la PNB.
• Manuel Salvador Quevedo Fernández, presidente de Pdvsa.

Días después fueron incluidos por corrupción e impedir la entrada de la ayuda humanitaria en 2019, los gobernadores Omar José Prieto Fernández (Zulia), Ramón Alonso Carrizales Rengifo (Apure), Jorge Luis García Carneiro (Vargas) y Rafael Lacava Evangelista (Carabobo).

En marzo llegaron las de  dos civiles y cinco militares por impedir la entrada de ayuda humanitaria en febrero 2019.

• Richard Jesús López Vargas, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana.
• Jesús María Mantilla Oliveros, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana.
• Alberto Mirtiliano Bermúdez Valderrey, general de división del Ejército y comandante de la Zona de Defensa Integral del estado Bolívar.
• José Leonardo Norono Torres, Comandante de la Zona de Defensa Integral en el estado Táchira.
• José Miguel Domínguez Ramírez, jefe de las FAES en Táchira.
• Cristhiam Abelardo Morales Zambrano, director de la PNB de Barinas.
• Adrián Antonio Perdomo Mata, presidente de Minerven (por corrupción y comercio ilícito de oro).

En abril, fueron sancionadas las 34 embarcaciones que Pdvsa utiliza para transportar petróleo a Cuba como pago por ayudar con tareas de represión e inteligencia a que Maduro se mantenga en el poder. “Tomamos medidas contra barcos y entidades que ayudan a mantener el régimen ilegítimo de Maduro», dijo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro.

Además de la juez Carol Bealexis Padilla de Arretureta, por ayudar a Maduro a mantenerse en el poder, fueron sancionados por corrupción Iliana Josefa Ruzza Terán, directora del BCV, y Jorge Alberto Arreaza Montserrat, ministro de Relaciones Exteriores.

En este lote fue incluido el BCV para evitar que lo usen como herramienta para continuar saqueando los bienes venezolanos y los fondos de las instituciones gubernamentales. La medida obstaculizó el comercio del oro proveniente del Arco Minero.

Entre junio y septiembre de 2019 incorporan a 20 personas, en su mayoría familiares de Maduro y de Cilia Flores.

• Eustoquio José Lugo Gómez, viceministro de Finanzas.
• Luis Alfredo Motta Domínguez, ministro de Energía Eléctrica y expresidente de Corpoelec.
• Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro.
• Rafael Ramón Blanco Marrero, subdirector de la Dgcim.
• Hannover Esteban Guerrero Mijares, segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la 35 Brigada de la Policía Militar.
• Alexander Enrique Granko Arteaga, director de Despacho de la Dgcim.
• Rafael Antonio Franco Quintero, director de Investigaciones de la Dgcim.
• Alex Nain Saab Moran, testaferro de Nicolás Maduro.
• Alvaro Enrique Pulido Vargas, testaferro de Nicolás Maduro.
• Emmanuel Enrique Rubio González, hijo de Álvaro Pulido.
• Walter Jacob Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores.
• Yosser Daniel Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores.
• Yoswal Alexander Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores.
• José Gregorio Vielma Mora, gobernador del estado Táchira.
• Shadi Nain Saab Certain, hijo de Alex Saab.
• Isham Ali Saab Certain, hijo de Alex Saab.
• Mariana Andrea Staudinger Lemoine, nuera de Cilia Flores.
• Amir Luis Saab Morán, hermano de Alex Saab.
• Luis Alberto Saab Morán, hermano de Alex Saab.
• David Nicolás Rubio González, hijo de Álvaro Pulido.

A Maduro Guerra lo señalan de aprovechamiento de la corrupción de Nicolás Maduro y socavamiento de la democracia. A Blanco Marrero, Guerrero Mijares, Granko Arteaga y Franco Quintero, de violaciones de los derechos humanos. A los demás, de corrupción.

En agosto quedaron bloqueadas todas las propiedades e intereses del gobierno de Venezuela en Estados Unidos, que entren a futuro en Estados Unidos o que se encuentran bajo el poder o control de cualquier estadounidense. Asimismo, prohibió cualquier tipo de transacción con esas propiedades y autorizó sanciones a cualquiera que brinde apoyo a Maduro.

Las sanciones contra los corruptos que “ahorcan” al pueblo

El régimen desató una campaña internacional y en todos sus medios nacionales en la que se muestra como víctima del «terrorismo económico». En un comunicado manifestó que con las sanciones Estados Unidos formalizaba “un criminal bloqueo económico, financiero y comercial para ahorcar al pueblo venezolano».

Al mes, la OFAC impuso medidas contra cuatro empresas y bloqueó cuatro de sus buques por transportar petróleo venezolano y sus derivados a Cuba. A finales de septiembre, prohibieron la entrada a territorio estadounidense a un extenso grupo de funcionarios, políticos y personas en general por ayudar al régimen de Maduro:

• Miembros del régimen de Nicolás Maduro a nivel de viceministro, o equivalente, y superior;
• Todos los oficiales del Ejército, la PNB o la GNB en el rango de coronel y superior;
• Todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente;
• Todos los nacionales o extranjeros que actúen en nombre o en apoyo de los esfuerzos del régimen de Maduro para socavar o dañar las instituciones democráticas o impedir la restauración del gobierno constitucional;
• Extranjeros que obtienen un beneficio financiero significativo de transacciones o negocios con personas que violan derechos humanos, socaban la democracia o participan de hechos de corrupción.
• Los familiares directos de las personas incursas en corrupción, violación de derechos humanos o apoyo al régimen de Maduro.

Entre noviembre y diciembre, fueron sancionados otro cuatro militares y tres civiles:

• Remigio Ceballos Ichaso, ministro para Relaciones Interiores Justicia y Paz.
• Néstor Neptalí Blanco Hurtado, funcionario de la Dgcim.
• José Adelino Ornelas Ferreira, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en de la FAN.
• Pedro Carreño Escobar, constituyente.
• Carlos Alberto Calderón Chirinos, director del Sebin, El Helicoide.
• Gustavo Adolfo Vizcaino Gil, director general del Saime.
• Juan Carlos Dugarte Padron, exdirector general del Saime.

En diciembre fueron emitidas sanciones contra seis petroleros propiedad de Pdvsa: Ícaro, Luisa Cáceres de Arismendi, Manuela Sáenz, Paramaconi, Terepaima y Yare.

En 2020 sancionan como “socios” de Nicolás Maduro a siete diputados que se autojuramentaron en la directiva de Asamblea Nacional ilegítima por “socavamiento de la democracia”:

• Luis Eduardo Parra Rivero.
• José Gregorio Noriega Figueroa.
• Franklyn Leonardo Duarte.
• José Dionisio Brito Rodríguez.
• Conrado Antonio Pérez Linares.
• Adolfo Ramón Superlano.
• Negal Manuel Morales Llovera.

En febrero, la sanción alcanzó a Didier Casimiro, presidente de la empresa usa Rosneft Trading S. A., sancionada por colaborar con Nicolás Maduro. A Casimiro por las reuniones con funcionarios de Pdvsa para fortalecer relaciones estratégicas con la petrolera de la Federación de Rusia.

En marzo, la Fiscalía General de Estados Unidos anunció procesos penales a las cabezas del régimen y funcionarios en altas posiciones por narcoterrorismo, lavado de dinero y corrupción. Ofreció recompensas millonarias a quienes faciliten información para su captura y enjuiciamiento. La recompensa sigue vigente.

• Nicolás Maduro, $15 millones.
• Diosdado Cabello, $10 millones (igual cantidad para los demás).
• Tareck el Aissami.
• Hugo “el Pollo” Carvajal.
• Clíver Alcalá Cordones.
• Maikel Moreno.
• Vladimir Padrino López.
• Néstor Reverol.
• Luis Motta Domínguez.
• Fidel Ernesto Vásquez.
• Joselit Ramírez.
• Edylberto José Molina.
• Rafael Antonio Villasana Fernández.
• Vassyly Kotosky Villarroel.

El 18 de junio el Departamento del Tesoro sancionó la red dirigida por Alex Saab y el ministro Tareck el Aissami Maddah, que se enriquecían con el programa «petróleo por alimentos». Las empresas Libre Abordo y Schlager Business Group fueron sancionadas, al igual que sus operadores Joaquín Leal Jiménez, Olga María Zepeda Esparza y Verónica Esparza García.

El 23 de julio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández, socios confiables de Nicolás Maduro y su hijo, que realizan transacciones ilícitas que incluyen la venta de oro y coltán extraídos en el Arco Minero.

El 18 de diciembre Estados Unidos sancionó a EX-CLE Soluciones Biométricas, por prestar servicio al CNE en las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre.

El 19 de enero de 2021 a tres personas relacionadas con la venta de petróleo de Pdvsa a México: Alessandro Bazzoni, Francisco Javier D’Agostino Casado y Philipp Paul Vartan Apikian. También 14 entidades y 6 embarcaciones. Participaban en la trama “petróleo por alimentos”.

La cuenta Jorge Rodríguez Gómez y su cadena de embustes

El diputado del PSUV a la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, que ha sido alcalde de Caracas, vicepresidente ejecutivo de la República, presidente del CNE, ministro para la Información y la Comunicación, y se mantiene activo como psiquiatra y escritor, repite cada vez que encuentra un micrófono que Venezuela ha sido víctima de los trastorno psicopáticos y narcisistas de Donald Trump. Afirma que el mandatario estadounidense fue brutal, intensivo, inmisericorde y cruel en la aplicación de las sanciones contra Venezuela. “De las 926 medidas coercitivas y unilaterales contra el país, 60% fueron impuestas por Estados Unidos. Y como consecuencia Pdvsa dejó de producir 4.000 millones de barriles, cerca de 232 millones de dólares, entre 2015 y 2020, mintió sin que se le aguara el ojo.

Hasta 2020, Estados Unidos fue el principal comprador de los productos de Pdvsa y sus filiales. No compró más porque la corrupción y la ineptitud gerencial redujeron considerablemente la producción petrolera. Los datos de U.S. Energy Information Administration indican que las importaciones de crudo desde Venezuela pasaron de 2,33 millones de barriles diarios en enero de 2012 a 1,56 millones de barriles diarios en octubre de 2018. Una caída estrepitosa que refleja el deterioro sostenido de la producción venezolana.

Las cifras de la OPEP dan cuenta de que la producción de Petróleos de Venezuela en 2017 se ubicó en 1.927.000 barriles diarios. En noviembre de 2018 la producción había disminuido a 1.137.000 (bpd), lo que significa 790.000 barriles menos que el año anterior. Un descenso de 40%, si se compara con 2017. No había sanciones coercitivas ni unilaterales.

Derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y CPI

Las sanciones verdaderas las debe tomar, con justeza y apego a la ley, la Corte Penal Internacional, que cuenta con suficientes elementos, evidencias y pruebas de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el régimen instaurado por Nicolás Maduro Moros.

En el informe de la misión internacional independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se señala que “que los servicios de inteligencia del Estado, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”. Además, en los actos represivos se cometen graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. “Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables procesados de acuerdo con la ley», reclamó Marta Valiñas, presidenta de la misión de la ONU.

En informe “ofrece un análisis detallado del papel que desempeñan funcionarios en las cadenas de mando de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición”.

La misión documentó 122 casos de víctimas sometidas a tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes de la Dgcim. La tortura se llevó a cabo en su sede Boleíta, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.

El Sebin también habría torturado o infligido malos tratos a detenidos, entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos, principalmente en el centro de detención El Helicoide, en Caracas.

La misión investigó 51 casos que ocurrieron desde 2014 y detalla cómo las órdenes fueron impartidas por autoridades del más alto nivel. “Las violaciones y los crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy, ya que se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas en un clima de casi total impunidad”, señala.

Las sanciones de 57 países han sido contra estas conductas que violan derechos humanos y contra los participantes de esquemas de corrupción para saquear los bienes públicos y las riquezas de Venezuela.

Como señala el ingeniero y analista financiero Henkel García, director de la empresa de consultoría económica y financiera Albus Data, las sanciones sectoriales no han sido “inocuas” para los venezolanos, pero tampoco son la razón de la situación actual de Venezuela.

La explicación de la debacle del país está en políticas económicas equivocadas e irreales y a la dinámica política que se ha aferrado a una utopía como plan de gobierno y de ingeniería social. Incluso si se levantan las sanciones, a las pocas semanas estará claro que las medidas no fueron la causa de la calamidad actual.

Lista total de sancionados por Estados Unidos y otros 56 países