Samuel Hernández entró al Metro de Caracas un miércoles a las 8:00 pm por las únicas escaleras mecánicas que funcionaban en la estación Los Dos Caminos. Dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana lo sometieron, golpearon e intentaron quitarle su teléfono celular.
“Todo estaba prácticamente solo, así como está ahora la ciudad. Había un primer guardia que me dijo que estaba requisando; yo pensaba que era una revisión normal, pero luego me di cuenta de que no era así: me botó al piso varias cosas que tenía en el bolso”, relató.
Los altos índices delincuenciales que se registran en la ciudad han hecho que los ciudadanos resguarden sus pertenencias con mayor recelo. En la requisa, el militar se dio cuenta de que el periodista de 22 años de edad tenía su teléfono celular escondido en la cintura y se lo pidió para, supuestamente, comprobar el código IMEI.
“Yo no te voy a dar mi teléfono porque eso es ilegal”, respondió Hernández.
El funcionario insistió. La zona de la estación en donde intimidó al joven apenas tenía luz.
“Si quieres continuar, entonces que sea en los torniquetes”, prosiguió el periodista. Caminó con rapidez hacia un lugar más visible y con mayor iluminación. Con molestia, el militar lo siguió y lo sometió.
“¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto porque te estoy revisando”, dijo en tono amenazante a Hernández, que se encontraba nervioso por los manotazos que había recibido.
Un segundo funcionario, que estaba en ese momento por las instalaciones del Metro de Caracas, se metió.
“¿Por qué te pones nervioso? ¿Qué es lo que estás ocultando?”, preguntó de forma acosadora. Fue cuando el periodista decidió gritar para llamar la atención de los escasos transeúntes que podían verse.
“¡Me están golpeando, me están golpeando!”, gritó. Se acercaron algunos curiosos, pero nadie dijo nada, solo miraron. Los militares, entonces, le pidieron que entrara en la caseta, pero el joven se negó.
“La única forma de que yo entre es que esté un operador. No hay motivos para que me agredan”, señaló.
Cada palabra generaba mayor molestia en los oficiales. Como si no bastara, se fueron contra Hernández, lo empujaron y le propinaron más golpes en los brazos.
Pasaron 10 minutos para que llegara algún trabajador del Metro. El joven entró a la caseta y los funcionarios le pidieron su cédula de identidad. Allí estaba un tercer guardia y, de acuerdo con el testimonio, fue ese el que peor trató al periodista.
“Yo te hubiese caído a coñazos si hubiese sido yo”, soltó enseguida el militar.
Los dos agresores salieron de la caseta con la identificación. En presencia del empleado y del tercer militar, el joven aprovechó para salirse de los grupos de WhatsApp para no dejar ninguna huella que pudiera generar más escozor.
“Me quedé como 10 minutos más. Luego los militares llegaron, me entregaron mi cédula y me dijeron que me fuera. No sé qué pasó. Me golpearon sin razón, nunca entendí por qué querían mi teléfono. No me han vuelto a requisar y no quiero que suceda, porque esa fue una mala experiencia”, aseguró.
“Seremos ladrones completos”
A Miguel García sí pudieron robarlo. El joven se despidió de sus amigos en la estación Plaza Venezuela del Metro de Caracas a las 9:00 pm, luego de asistir a un partido de fútbol en Ciudad Universitaria.
Se bajó en la estación Petare para subirse a un autobús que lo llevara hasta Guarenas, donde vive. Pero unos 10 militares lo retuvieron en la salida, para pedirle su identificación, cuestionarlo y revisar sus pertenencias.
El joven de 26 años de edad, que trabaja para una institución del Estado, tenía su teléfono celular en el bolso. Los militares, al verlo, se lo pidieron para verificar mediante el código IMEI si era robado y descartar cualquier otra irregularidad.
Luego de verificar, alegaron que faltaba un número en el código. “Yo les expliqué que el teléfono era legal, que lo compré, que tenía los papeles en mi casa y que la línea estaba a mi nombre”, aseguró García.
El joven intentó mediar, pero se dio cuenta de que los militares, en realidad, querían robarlo. Pidió con insistencia que le regresaran su celular hasta que, entre los nervios y la injusticia, les dijo disgustado: “¡Son unos ladrones!”.
La afirmación bastó para que todos los funcionarios lo rodearan y comenzaran a darle manotazos. Ante la mirada intrigante de los demás usuarios del servicio de transporte, que probablemente pensaron que se trataba de un delincuente. Sin saber que la autoridad estaba violando sus derechos humanos.
Entretanto, el jefe del grupo sacó la tarjeta SIM del teléfono y extendió su brazo para entregársela a García: “Toma, no te íbamos a robar, pero ahora que nos dijiste ladrones, seremos ladrones completos. Vete que no te queremos ver por aquí”.
Código IMEI, un modus operandi
Algunos militares se han valido de su uniforme para aplicar este modus operandi en el Metro de Caracas y robar a quienes se desplacen sin compañía por las instalaciones del sistema. La irregularidad y los atropellos no son nuevos: numerosas denuncias han sido formuladas por las víctimas en la redes sociales.
Los funcionarios castrenses exigen los teléfonos bajo la excusa de que verificarán el código IMEI, pero luego alegan, practicando la intimidación, supuestas irregularidades con el equipo. Estas situaciones, normalmente, terminan en un conflicto en donde el requisado es el que pierde.
Ningún miembro de los organismos policiales o militares que esté en funciones de seguridad ciudadana, puede meter sus manos en las pertenencias de los civiles ni revisar sus teléfonos celulares, si no tiene una orden judicial, aclaró el abogado Fermín Mármol García.
“Es evidente que hay una mala práctica de seguridad que, en un país donde exista un Estado de Derecho, acarrearía que se abra un expediente administrativo sancionatorio y también un expediente jurídico penal”, explicó.
Luis Carlos Díaz, experto en tecnología y redes sociales, sostuvo que el código IMEI es solo una excusa que algunos usan en el Metro de Caracas para despojar a los civiles de sus pertenencias. Indicó que se trata de un modus operandi, porque se ha señalado a varios uniformados que agreden y roban en confabulación.
Las víctimas de estas arbitrariedades por parte de la autoridad policial y militar pueden realizar la denuncia formal administrativa, en mayor instancia, ante la Fiscalía General de la República.
En caso de que el agraviado no tenga la disposición, Mármol García recomendó asistir a organizaciones de derechos humanos o recurrir a redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook para visibilizar los casos.
Puntualizó que un militar puede hacer una requisa corporal respetando tres aspectos fundamentales: el ciudadano debe ser informado sobre el motivo de la requisa, deben estar presentes al menos dos testigos hábiles y están en la obligación de resguardar el pudor.
“La persona que va a realizar la requisa tiene que ser del mismo sexo. Y si requiere que alguna prenda de vestir sea levantada o retirada, tiene que buscar un sitio que respete la privacidad y el pudor de las personas”, explicó.
El artículo 48 de la Constitución de la República establece la garantía del secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas y no podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente.