El acuerdo al que llegaron hace nueve meses los partidos minoritarios de la oposición en la Mesa de Diálogo Nacional con el régimen de Nicolás Maduro parece estar materializándose. La designación del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo de Justicia es la más reciente de esas concreciones.
La hoja de ruta para llegar al CNE
El primero de los seis puntos establecido en la negociación señalaba la incorporación a la Asamblea Nacional de la fracción parlamentaria del PSUV y fracciones aliadas al régimen, exigencia que se cumplió ocho días después de la firma del acuerdo parcial el 24 de septiembre del año pasado.
Tras mes y medio de haberse incorporado al Parlamento, la llamada bancada de la Patria y el Gran Polo Patriótico aprobaron, junto con la oposición, la creación de una Comisión Preliminar para designar el Comité de Postulaciones Electorales que seleccionaría a los candidatos al puesto de rectores del CNE.
Ese era el siguiente punto en el acuerdo entre ambos sectores políticos: “Atender con la prontitud y la urgencia del caso la nueva conformación del CNE y las garantías electorales que deben acompañar los procesos de votación”. Esto, aunque fue establecido por Avanzada Progresista, Soluciones, Cambiemos, Movimiento al Socialismo y Bandera Roja era lo que desde hace mucho tiempo estaba pidiendo el G4 (Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática).
La Comisión Preliminar quedó integrada por los diputados de oposición Ángel Medina, Luis Aquiles Moreno, Stalin González, Piero Mouron, Olivia Lozano y Franklin Duarte. La fracción del PSUV propuso a William Gil, Nosliu Rodríguez y Jesús Montilla. Posterior a esto, el Parlamento convocó a la sociedad civil a enviar sus solicitudes para postularse a la conformación del Comité de Postulaciones que escogería a los posibles nuevos rectores del CNE.
Sin embargo, hasta hace apenas dos semanas se dio inicio a los primeros pasos para concretar la designación de los nuevos rectores electorales, pero sin que fuese la Asamblea Nacional la que llevara a cabo el proceso, y en su lugar fue el TSJ del régimen el que se encargó de nombrar a los rectores.
El Parlamento venezolano desconoció la legitimidad del Poder Judicial por haber llevado a cabo, en diciembre de 2015, con ayuda de la AN saliente de mayoría oficialista, un proceso irregular de designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Sectores de oposición y diversas ONG denunciaron inconsistencias en el proceso como la violación del período de impugnaciones, la falta de respuesta de las mismas y la omisión de la selección definitiva de los postulados.
En 2017 el Ministerio Público solicitó formalmente anular el nombramiento alegando que el proceso estuvo viciado. En consecuencia, la actual Asamblea Nacional, el 13 de junio de ese año, juramentó al Comité de Postulaciones Judiciales, presidido por el diputado Carlos Berrizbeitia, para la elección de nuevos magistrados principales del TSJ.
Los analistas
Ante la actual decisión del TSJ del régimen de Maduro de nombrar a los rectores del CNE, analistas estiman que esta era la única vía que quedaba para poder cambiar a los que estaban en el cargo debido a que ambas fracciones parlamentarias no llegaron a ningún consenso político para la designación del directorio electoral. Ni la oposición ni el oficialismo cuentan con las dos terceras partes de los votos en el Parlamento.
Explicaron que la bancada opositora no acató el exhorto del TSJ que exigía al Comité de Postulaciones presentar, en un plazo de 72 horas, la lista de los preseleccionados para designar el rectorado del CNE, por un tema de violación de competencias y porque, además, no contaban con esa lista.
El procedimiento jurídico no se cumplió. Por esta razón los partidos minoritarios que habían llegado al acuerdo con el régimen recurrieron al TSJ para que decretara omisión legislativa de la AN en la conformación del CNE y fuese el Poder Judicial el que buscara la salida al problema de la designación de los rectores.
“Lo primero, la AN puede ser que tenga la competencia pero para poder nombrar a los rectores. Aparte de la competencia, tiene que tener la voluntad política de querer hacer las cosas. Debe tener los votos necesarios en los distintos tiempos y pasos, e indudablemente conocer el aspecto técnico para poder decir todo eso que está descrito en la ley”, afirmó el consultor político Aníbal Sánchez.
La Ley Orgánica del Poder Electoral establece que la Comisión Preliminar debe remitir a la plenaria de la AN las postulaciones de las personas que pertenecen a sectores de la sociedad civil para integrar el Comité de Postulaciones. Una vez designado dicho comité los integrantes de la Comisión Preliminar pasan a formar parte del mismo. Además de esto, señala que los integrantes del comité serán escogidos por plenaria de la AN y el presidente o presidenta del Poder Legislativo debe juramentar al Comité de Postulaciones, actos que no se llevaron a cabo.
“Para nombrar al CNE lo primero que se hace es la constitución de una Comisión Preliminar: son 11 diputados, esos 11 diputados sí fue posible designarlos gracias a que la bancada del oficialismo retornó al Parlamento. Se cumplió la primera etapa que tenía que ver con la constitución de la Comisión Preliminar. De esos 11 diputados parece que una parte es afecta a la línea de Guaidó y la otra no lo es. Ellos siguieron avanzando y llegaron a la etapa que para pasar a ser comité hay que incorporar a unos miembros de la sociedad civil, estos miembros de la sociedad civil, que son 10 personas, también fueron repartidos. Eso no era lo correcto, debieron llamar a la sociedad civil a que presentara nombres. Ellos hicieron un procedimiento en la UCV para que llevaran sus currículum, pero después entre gallos y media noche supimos que salió una lista de 10 nombres que representaban a la sociedad civil, de los cuales también tenían sus tendencias marcadas. Otra vez la mitad era pro Guaidó y la otra mitad no lo era. Así quedaron 21 nombres, pero ahí viene lo que es la constitución del comité electoral. Según la ley ese nombramiento tiene que hacerse en una plenaria. Esa acta de plenaria en la que se nombraba a los 21 miembros del Comité de Postulaciones nunca ocurrió. Según el artículo 22 de la Ley del Poder Electoral esa plenaria se vota con los dos tercios de los de los asistentes a esa sesión. Esa parte yo no la he visto”, manifestó Sánchez.
Señaló que para hablar de Comité de Postulaciones antes tiene que ser juramentado. Si esto no ocurre se estaría hablando de un comité ilegal. “No hubo ese acto de juramentación. No podemos confundir nota de prensa con actas, no podemos confundir fotos en un salón administrativo del palacio con una plenaria”, dijo.
El régimen de Maduro, aseguró, jugó a que quedara claro que la AN no cumplió su función, para así aplicar la omisión legislativa y poder designar a los rectores, como ha ocurrido en los últimos 20 años en cuatro ocasiones (2003, 2005, 2014 y 2016). En esta oportunidad, los cargos en el Poder Electoral quedaron distribuidos de la siguiente manera: Indira Alfonzo Izaguirre, con la presidencia; Rafael Simón Jiménez como vicepresidente, Tania D’amelio, Gladys María Gutiérrez y José Luis Gutiérrez como rectores principales.
“No sé cuál es la mayor sorpresa que pueda tener la gente de que algunos factores empezaron a reunirse a destrancar el juego hacia una ruta electoral y creo que eso fue lo que pasó. Si no hubiese el TSJ designado a los rectores, estuviese trancado el camino de la vía electoral”, afirmó.
El juego de la oposición
Sánchez aseguró que la AN tuvo la oportunidad de designar a los rectores del CNE siguiendo el procedimiento jurídico y en los tiempos establecidos. Sin embargo, esto no ocurrió, a su juicio, por falta de voluntad política y entendimiento necesario para organizarse desde el mes de noviembre y diciembre para determinar si se hubiese cerrado 2019 con al menos la lista presentada de los candidatos.
“A los mejor ellos estarían jugando a no realizar las parlamentarias. A lo mejor estarían jugando a aumentarle el volumen a la conflictividad política. A crear la mayor ingobernabilidad a ver si ocurría, no solo una implosión social, sino en medio de la tranca de las decisiones políticas en un estado de la ingobernabilidad obligar a algún sector a ceder. Obligar al gobierno actual a ceder a lo que venían jugando: a la necesidad de tener un acuerdo o una negociación. Ellos no estaban jugando a tener unas elecciones transparentes, con confianza, en el tiempo preventorio que correspondía de acuerdo con la Constitución”, indicó.
Respecto a la nueva directiva del CNE, Sánchez destacó que la reestructuración del Poder Electoral tiene que ser completa, no solo del directorio. Entre ellos figuran los organismos subordinados y las direcciones: la de registro, de partidos políticos, de tecnología, de organismos subordinados de juntas electorales, al igual que el aspecto de las secretarías y el aspecto que tiene que ver con consultoría jurídica.
“La oposición está quedando con un representante en cada organismo. Por ejemplo, Juan Carlos Del Pino va a ser el representante de la oposición en la comisión de registro electoral. Las personas que repiten el cargo pudieran poner en desventaja a la oposición, aunque Del Pino también tiene bastante experiencia. Él viene de ser director de partidos políticos, no es nuevo”, afirmó.
El resultado hubiese sido el mismo
Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, cree que la bancada opositora dio una respuesta correcta al tribunal, porque si hubiesen creado una lista de un día para otro, el resultado hubiera sido exactamente el mismo, pues el TSJ hubiera escogido esa lista en las mismas proporciones y en las mismas condiciones que hay actualmente.
Coincidió con Sánchez en que la única manera de que la AN hubiera podido designar rectores pasaba por un acuerdo para votar en una proporción equivalente a los dos tercios entre oficialismo y oposición.
“La realidad es que la intención de la Constitución cuando dicen que los rectores tienen que ser elegidos por los dos tercios es que todas las partes que tienen representatividad política tengan que negociar para decidir entre ellos quiénes van a ser los árbitros que van a tomar las decisiones en sus propias elecciones. No es para que uno se imponga sobre el otro porque entonces la única manera de que tú tengas rectores nombrados por la AN es que alguien tenga la mayoría calificada, y la verdad es que la mayoría calificada normalmente es una rareza”, dijo.
La negociación, continuó, no podía ser la excusa para que el TSJ interviniera.
Manifestó que el Poder Judicial debió haber insistido en que la AN tenía que negociar.
El actual escenario, afirmó, es que una de las partes no reconoce al nuevo CNE, y al no reconocerlo, ocurrirá que una parte de la comunidad internacional lo va a desconocer, así que la legitimidad del CNE y de sus decisiones quedarán en entredicho.
Un error de muchos años
“Lo que sucede en el derecho público a diferencia del derecho privado es que en el derecho público la administración pública solamente puede hacer lo que las leyes le permiten hacer. En el derecho privado tu puedes hacer todo lo que la ley no te prohíba. Tu puedes revisar la Constitución, la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales o la Ley Orgánica del Poder Electoral y no vas a conseguir nada que se refiera a la omisión legislativa y a la competencia del TSJ para nombrar a los rectores. Aquí se cometió un error hace muchos años al permitirle al TSJ que nombre los rectores”, agregó Alarcón.
Aseguró que tanto el régimen de Maduro como los partidos que participaron en la Mesa de Diálogo Nacional tienen coincidencia de intereses. Y fue más allá: señaló que al régimen le interesa que haya una elección parlamentaria y que participe alguien en representación de la oposición y a este grupo, que es una oposición minoritaria, le interesa ocupar el cargo de la oposición que tiene la mayoría en el Parlamento.
Explicó que a Maduro le conviene que la oposición mayoritaria no participe en los comicios parlamentarios porque si lo hace y logra convencer a sus electores de ir a una elecciones, el resultado posiblemente sería como el de 2015, pero si la oposición mayoritaria decide no votar, entonces obviamente quien va a sacar la mayoría de la AN es la bancada del PSUV y los que obtendrán una proporción mayor de votos a la que tiene hoy en día o mayores curules va a ser esta oposición minoritaria. Entonces, de alguna manera, explicó, hay coincidencia de intereses en los partidos que conforman la MDN y el régimen.
¿Ir a votar con con el nuevo CNE?
Alarcón indicó que es normal que la sociedad sienta desconfianza hacia el nuevo Poder Electoral, pues aunque Tibisay Lucena ya no está en la presidencia del órgano la forma en la que fueron elegidos los nuevos rectores posiblemente hará que la desconfianza que había se transmita a los nuevos rectores del CNE.
Argumentó, sin embargo, que la abstención nunca es buena porque lo que la población quiere es expresar su opinión y las urnas son el sitio para hacerlo. “El problema con esto es que cuando la gente va a un proceso electoral bajo el paradigma de una elección democrática, la gente quiere una elección para elegir. Y la realidad del asunto es que cuando tú no estás en democracia, muchas veces no vas a una elección para elegir, sino que vas a una elección para confrontar”, subrayó.
“¿Es bueno abstenerse? depende de lo que vayas a hacer con eso. Abstenerse por abstenerse no te va a dar nada. Si tú tienes una estrategia que se deriva de la abstención, como pasó con la elección de Maduro en 2018 y en enero de 2019, bueno entonces podemos considerarlo, pero la abstención por la abstención no te da nada”, recalcó.
@Kzcastilla