Directiva de Guaidó miércoles, Régimen de Maduro agrede a diputados
Juan Guaidó y los diputados que lo reeligieron lograron entrar al Palacio Federal Legislativo el 7 de enero tras librar inmensos obstáculos | EFE

El régimen de Nicolás Maduro ha atacado constantemente a diputados opositores a la Asamblea Nacional desde 2015. Bajo la sombra del supuesto desacato emanado por el Tribunal Supremo de Justicia, las agresiones han aumentado en los últimos meses.

La observación corresponde al último informe del Centro de Justicia y Paz, publicado el martes 14 de enero. Allí, la organización mostró cómo se incrementó la persecución y vejación por parte del régimen en contra de los diputados opositores.

En total, el máximo tribunal del país ha emanado 199 sentencias que pretenden ejercer el control absoluto y desmantelar el Poder Legislativo, según las cifras que maneja el Cepaz.

2,52% de las sentencias va contra las funciones administrativas de la Asamblea Nacional, entre las que se encuentra el manejo de su presupuesto y del personal y sus normativas internas.

Además, 71,43% de las sentencias contra los miembros del Parlamento afecta las atribuciones y competencias parlamentarias establecidas en la Constitución. El Cepaz puntualizó que 21,01% de las decisiones atenta contra la inmunidad parlamentaria y 5,04% contra el sistema democrático.

Del 28 de diciembre de 2015 al 16 de diciembre de 2019, un total de 59 diputados de oposición fue víctima de persecución política.

Debido a amenazas de detención o contra su integridad física, 33 parlamentarios se encuentran en el exilio, clandestinidad o en condición de refugiados en embajadas. Esta cifra es el equivalente a 19.76% del total de 167 parlamentarios de la AN.

El Cepaz señaló el caso del diputado Gilber Caro, a quien el régimen ha detenido en tres ocasiones, en violación de su inmunidad parlamentaria. El 20 de diciembre lo apresó y hasta ahora se desconoce su paradero.

Así, a 14 parlamentarios se les ha violado el derecho a la identidad y al libre tránsito, reteniendo y anulando sus pasaportes, sin existir ningún proceso legal ante los tribunales competentes.

También allanaron la inmunidad a 28 diputados, un patrón recurrente en contra de quienes acuden a instancias internacionales a denunciar violaciones de derechos humanos.

«La persecución se ha extendido a los familiares de los diputados. Sus domicilios han sido vigilados constantemente por los organismos de seguridad del Estado, grabando, fotografiando e intimidando a sus ocupantes», señala el informe del Cepaz.

La organización indicó que la Oficina Nacional de Presupuesto y el Ministerio de Finanzas pagan la nómina de empleados y obreros, pero únicamente salarios y tickets de alimentación. No se cumplen los compromisos correspondientes al seguro social y fideicomiso, entre otros.

Los diputados no perciben sus salarios desde el año 2016, ni los beneficios del cargo. Se calcula que la deuda es de aproximadamente 300.936.459,97 bolívares hasta 2018.