Zonas fronterizas Arco Minero del Orinoco - Minería ilegal
Minería ilegal en el estado Bolívar | Foto: Google Earth

La organización Fundaredes informó su último boletín que en las zonas fronterizas de Venezuela con Colombia se ha registrado un repunte significativo de la violencia, pese a la implementación de las medidas restrictivas por la pandemia de covid-19.

En su informe más reciente, mencionó los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, presuntos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la delincuencia organizada, por el control de espacios tanto del lado colombiano como en el venezolano.

Fundaredes resaltó que el cierre de los pasos fronterizos legales y las restricciones para el ingreso al país no ha frenado a los grupos armados, que generan incertidumbre y zozobra en los habitantes de las zonas limítrofes, en los estados Zulia, Amazonas, Táchira, Apure y Bolívar.

Aseguró que se han registrado 151 hechos que, además de los enfrentamientos armados, incluyen desapariciones de personas, asesinatos y desmembramiento de cuerpos, heridos y otros delitos como el tráfico de personas, extorsión y contrabando.

El informe precisó que más de 100 hombres armados tomaron las adyacencias de haciendas, escuelas y zonas del municipio Catatumbo del estado Zulia. Agregó que muchos productores abandonaron sus tierras ante las incursiones violentas de guerrilleros.

Residentes denunciaron, de acuerdo con la ONG, que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército tienen conocimiento de la presencia del grupo Los Rastrojos en 22 fincas del municipio. Incluso, aseguraron que los oficiales saben en dónde están ubicados, pero no ha habido acciones para impedir que sigan operando.

Fundaredes documentó que, en el caso del estado Táchira, entre los meses de abril y mayo, en medio de la cuarentena para prevenir el contagio de covid-19 y en momentos de mayor presencia militar, dos personas fueron asesinadas en los pasos ilegales y otras 12 fueron reportadas como desaparecidas.

“Una de las víctimas fue un joven tachirense de 26 años de edad, identificado como Michell Andrés García Flores, que se dirigió hasta el sector La Parada, Colombia, a comprar un pollo para su familia, pero nunca regresó”.

La organización confirmó, según afirmó, que en el sector La Cristalina, que abarca parte de los municipios Capacho Viejo y Lobatera, está establecida una célula del ELN bajo las órdenes de una mujer que se hace llamar comandante Selva. Esta persona, se encargaría de extorsionar a productores agrícolas  y demás habitantes pidiéndoles ganado, siembras y terreno para resguardarse a cambio de protección.

Fundaredes expuso que en el estado Amazonas hay presencia de miembros del ELN en Puerto Ayacucho, Puerto Páez y San Fernando de Atabapo. Subrayó que el registro de la criminalidad es superior a los números que se reportan oficialmente.

En el boletín también se menciona la situación que ocurre en el estado Apure. Refiere que con algunos miembros de las etnias indígenas Yaruro y Cuiba se habrían aliado con el Ejército de Liberación Nacional para cometer delitos: extorsión, asesinatos y ataques a finqueros.

La organización agregó asimismo que existen constantes enfrentamientos en el estado Bolívar por el control de los yacimientos del Arco Minero del Orinoco. El documento mencionó que San Félix, El Callao, El Dorado y Tumeremo son algunas de las presuntas zonas asociadas a la guerra entre bandas, ajustes de cuentas y presuntas ejecuciones extrajudiciales.


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