La foto había sorprendido a todos: María Gabriela Chávez, la hija del expresidente venezolano Hugo Chávez, posaba sonriente en 2014 junto a la familia Vignati, sus «hermanos argentinos», como ella los definió en sus redes sociales. La relación ya había trascendido la amistad: la empresa argentina Bioart SA había exportado por 60 millones de dólares a Venezuela, un negocio con supuestas irregularidades que salpicaba a la hija de Hugo Chávez en una investigación preliminar de la justicia.
Del lado argentino, las relaciones sociales de los Vignati también se extendían a la política. Facundo De Vido, el hijo del entonces ministro que manejaba extraoficialmente la diplomacia con Venezuela, estuvo habilitado legalmente para conducir una camioneta a nombre de la empresa. La exportación de arroz sería apenas el primer negocio que los Vignati, con el aval de los funcionarios argentinos, hicieron con el chavismo.
Bioart SA fue la única empresa habilitada entre 2012 y 2013 para vender arroz a Venezuela a través de un acuerdo binacional en el que no tuvo competidores, a pesar de sus escasos antecedentes en el rubro. La fiscalía especializada en lavado de dinero denunció a los Vignati por presuntos sobreprecios que acumularon US$23 millones, pero estas pruebas no alcanzaron: la justicia sobreseyó a todos los acusados en medio de la pandemia al entender que los sobreprecios fueron «proporcionales al riesgo» que asumía la empresa al venderle a un país en crisis como Venezuela.
Esta causa judicial sobre la exportación de arroz es apenas un ejemplo del trámite que llevan las investigaciones judiciales por ventas fraudulentas a Venezuela. Casi ninguna avanza y, las pocas que han logrado vencer la falta de colaboración desde Caracas, llevan demoras de más de una década, como el caso de Antonini Wilson, que continúa sin resolverse a pesar de que la investigación lleva más de una década.
La exportación de arroz con cáscara a Venezuela fue un negocio redondo para la familia Vignati. Fueron los únicos oferentes que vendieron arroz aprovechando el acuerdo binacional que les aseguró una facturación de 60 millones de dólares en dos años. Después de una investigación preliminar, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció en 2017 que las ventas de Bioart a Venezuela habían registrado un sobreprecio de 40%.
La complicidad de Hugo Chávez
Los fiscales Gabriel Pérez Barbera y Laura Roteta denunciaron que Bioart SA exportó arroz con cáscara por 606,5 dólares la tonelada, un valor que «duplicaría el precio de mercado del mismo producto, que entonces rondaba por 310 dólares». Los fiscales valoraron otros elementos. La Unidad de Información Financiera (UIF) había señalado a los Vignati en seis reportes de operación sospechosa (ROS) vinculados a compras de propiedades, vehículos, así como adquisiciones de moneda extranjera, inversiones a través de sociedades de bolsa y hasta compra de joyas entre 2013 y 2015, inmediatamente después de hacer los negocios con Venezuela. Las alertas desde el sistema bancario llegaban porque se trataba de movimientos «inusuales» en las cuentas de la familia.
La exportación de arroz con cáscara fue apenas el primer paso de ventas millonarias a Venezuela para los Vignati. Siempre bajo el paraguas de los acuerdos bilaterales, Bioart le vendió al chavismo aceite de soja, leche en polvo y maíz por al menos 145 millones de dólares, según un relevamiento realizado por la Sindicatura General de la Nación.
Los fiscales agregaron pruebas a la vinculación política de los Vignati. La empresa Bioart autorizó a Facundo De Vido, el hijo del entonces ministro de Planificación Federal, a conducir una camioneta Toyota Hilux 4×4, que formaba parte de su flota de vehículos, según consta en el expediente. Su padre, Julio, había sido el artífice de todos los convenios bilaterales que se firmaron con Venezuela y bajo su poder estaba manejar la diplomacia desde Argentina, una relación privilegiada por la amistad que mantenía Chávez con el matrimonio Kirchner.
¿Por qué Bioart SA vendió arroz más caro a Venezuela? Los fiscales de la Procelac acusaron a la empresa de un presunto pago de sobornos para defraudar al Estado venezolano, pero Roberto Vignati explicó ante la justicia que su empresa «decidió asumir los riesgos inherentes al contexto» de ese país, que había entrado en cesación de pagos. «Naturalmente, la asunción de riesgos se traslada a los precios; los riesgos no se asumen gratuitamente», sostuvo durante su declaración.
«Venezuela ya no era la misma que hacía dos años, los riesgos asumidos para venderle no eran los mismos, el contexto económico, los valores de los fletes no eran los mismos y, en fin, las condiciones comerciales no eran las mismas que estaban vigentes entre 2009 y 2012, cuando las otras cuatro empresas exportaron cientos de miles de toneladas de arroz a Venezuela», agregó Vignati, según consta en el expediente judicial.
Sobreseídos
La fiscal Paloma Ochoa, que estuvo tres años a cargo de la investigación, finalmente determinó en junio de 2020 que Bioart SA no había cometido ningún delito, una decisión luego avalada por el juez Daniel Rafecas. La fiscal consideró, después de valorar prueba de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Aduana, que el aumento de precio aplicado por Bioart SA «fue proporcional» en comparación a la última exportación del mismo producto realizado dos años antes.
Ochoa sostuvo que los testimonios de otros exportadores de arroz citados como testigos en el caso «revelaron que los costos y los riesgos en las operaciones llevadas a cabo por Bioart SA fueron superiores a los asumidos por los restantes exportadores, por haberse efectuado a precio cerrado». Y agregó que «no existe un precio internacional para el arroz con cáscara», por eso «su fijación depende de los términos de la operación comercial acordados» con el comprador del producto, en este caso el Estado venezolano.
La fiscal decidió dictar el sobreseimiento de los acusados sin esperar la respuesta del exhorto que envío a Venezuela para reclamar información tanto de los Vignati como de las investigaciones judiciales en curso en ese país sobre el entonces ministro de Alimentación de Venezuela, Félix Osorio Guzmán, que fue señalado en la denuncia como parte del esquema de irregularidades.
Por último, antes de pedir el archivo del caso, la fiscal Ochoa rechazó «las supuestas conexiones políticas» que señalaron sus pares de la Procelac después de comprobar que los Vignati no formaron parte de ninguna misión comercial de la Argentina entre 2012 y 2013. Pero pese a no integrar comitivas oficiales, los Vignati ya estaban en boca del poder desde hacía años.
22 de enero de 2009, Caracas. Hugo Chávez era el anfitrión de un acto con Cristina Kirchner. Mientras repasaban la lista de las decenas de acuerdos comerciales que iban a firmar ese día, la entonces presidenta argentina nombró a «Talleres Marisa SRL», la empresa predecesora de Bioart para venderle a Venezuela. «¿Marisa?», preguntó Chávez. «Sí, Marisa SRL», afirmó Cristina.