La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió este viernes que el régimen de Nicolás Maduro utilice acusaciones de «incitación al odio» contra periodistas para criminalizarlos y coartar la opinión contraria a la oficialista.
La SIP, con sede en Miami, dijo que se trata de un «instrumento predilecto del régimen de Nicolás Maduro para amordazar a la prensa y a los periodistas».
La difusión de mensajes de odio se castiga hasta con 20 años de cárcel, multas a empresas y clausura de medios de comunicación, entre otras sanciones, según una ley de 2017.
Precisó que el delito de instigación al odio, figura utilizada con frecuencia contra periodistas en Venezuela, está contemplado en la «Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia».
«Esta es una muestra adicional del asedio del régimen contra los periodistas y la prensa», señalaron Christopher Barnes, presidente de la SIP, y Robert Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de esa organización.
«La censura y la criminalización»
Lamentaron que se disfrace «la censura y la criminalización de la crítica con una legalidad incongruente a los principios internacionales que garantizan libertad de expresión en sociedades democráticas».
Condenaron las frecuentes detenciones arbitrarias contra periodistas durante la cobertura noticiosa y las acusaciones de «incitación al odio que el poder político imputa a sus críticos a través de una justicia que carece de independencia y no respeta el debido proceso».
Detenciones
Entre los incidentes más recientes, el 15 de julio el periodista Otilio Rodríguez fue detenido durante más de 20 horas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por informar sobre la presunta participación de miembros de esa institución en la venta ilegal de gasolina.
Rodríguez, quien trabaja en la radio Pura Candela 93.3 FM y dirige los portales Carupanero.com y Somos Noticia, fue imputado por «instigación al odio», señaló la SIP en un comunicado.
Ese mismo día, integrantes de la GNB detuvieron durante unas dos horas y despojaron de sus credenciales de prensa al reportero gráfico Gleybert Ascencio y a los conductores Ronald Montaño y Yonathan Torres, del periódico Crónica Uno.
El 13 de julio fue detenido Nicmer Evans, director del portal Punto de Corte, por supuestamente instigar al odio. Su vivienda fue allanada, requisaron equipos electrónicos y la cuenta de Twitter del medio digital fue intervenida.
El 17 de julio el tribunal ratificó la privación preventiva de libertad contra Evans.
Los periodistas Mimi Arriaga, coordinadora del portal 800Noticias, y Marco Antoima, también fueron imputados por instigación al odio.
Ambos están acusados por el presunto manejo de cuentas anónimas en las redes sociales. Arriaga fue detenida el 18 de junio y Antoima el 20 de junio.
Esta semana se les concedió arresto domiciliario, se les prohibió la salida del país y la publicación de otros mensajes que «inciten al odio».
Además, la SIP reseñó que en de marzo fue detenido durante 12 días el periodista Darvinson Rojas, acusado de «instigación al odio» luego de publicar en Twitter estadísticas sobre el covid-19 en el país.