Fatou Bensouda informará, en los próximos días, los avances logrados en varios exámenes preliminares antes de dejar su cargo como fiscal de la Corte Penal Internacional: entre ellos estaría el caso de Venezuela, en el que varios altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro son señalados por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
Bensouda cesará sus funciones el 15 de junio, pero hay indicios que hacen creer a las víctimas y defensores de derechos humanos que el asunto venezolano pasará a la fase de investigación: la Fiscalía comunicó el año pasado que existen razones para creer que en se cometieron crímenes de lesa humanidad, al menos desde abril de 2017.
A medida de que ha transcurrido el 2021 se intensificó una campaña desde el régimen, en la que el fiscal chavista Tarek William Saab ha tenido la vocería. El funcionario exigió a la Corte proporcionar información detallada sobre el material y las pruebas de los hechos que analiza en el caso de Venezuela. También se quejó de que no ha habido interlocución.
“Nuestra expectativa es que luego de tres años de análisis, de recopilación de información, la Fiscalía lo cierre y lo pase a la Corte, y se inicie ante la Sala de Cuestiones Preliminares la fase de investigación. De ocurrir sería algo histórico porque ningún examen preliminar que ha hecho la Corte en América Latina ha pasado a esa fase”, dijo Alí Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, a El Nacional.
Las opciones de Fatou Bensouda
Marino Alvarado, excoordinador general de la organización de derechos humanos Programa Venezolano de Educación y Acción, señaló a El Nacional las tres principales opciones que tiene la fiscal Bensouda sobre el caso de Venezuela en la Corte Penal Internacional.
1.- Cerrar el examen preliminar porque considera que no hay motivos razonables para que se avance a la fase de investigación.
2.- Considerar que, pese a toda la documentación que ha obtenido de Venezuela, en la que determinó que posiblemente haya comisión de crímenes de lesa humanidad, debe continuar el examen preliminar para recabar más información.
3.- Considerar que hay suficientes razones para que se cierre el examen preliminar y continuar hacia la fase de investigación.
Está última, afirmó Alvarado, sería la mejor noticia para las víctimas en Venezuela y para el movimiento de derechos humanos que ha documentado y ha aportado información. “Esa es la que tiene mayor posibilidad, de acuerdo con los informes preliminares que ha sacado la fiscal. Ello implicaría, en primer lugar, que entremos en un proceso penal”.
El abogado mencionó una cuarta opción, aunque consideró que hay pocas posibilidades de que ocurra: que Bensouda delegue esa determinante decisión a Karim Khan, su relevo en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que asumirá el cargo el 16 de junio.
Alvarado explicó que en la fase preliminar la Fiscalía analiza toda la información disponible, tanto la que ha obtenido de manera independiente, como la que han aportado la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet, los relatores de las Naciones Unidas, las organizaciones de derechos humanos y las víctimas.
“Las víctimas y los testigos pasarán a jugar un papel fundamental porque la Fiscalía y uno de los tribunales de la Corte analizarían un caso en concreto, ya sea por tortura, ejecución o detención arbitraria, y cuáles son los presuntos responsables. Estaríamos hablando de la posibilidad de que la Corte llame a comparecer o dicte órdenes de arresto de funcionarios o altos funcionarios señalados en el informe como presuntos responsables”, señaló.
Fase de investigación: ¿con alcance real?
Acceso a la Justicia dijo que, aunque se inicie la investigación en La Haya sin la colaboración del Estado venezolano, la Fiscalía y la Corte tienen mecanismos para recopilar información. Más aún en el caso de Venezuela, donde hay alrededor de cinco millones de desplazados y refugiados que han sufrido abusos por parte del régimen y que pueden prestar testimonio.
“Lo ideal sería que el gobierno colaborara y diera su apoyo. Su falta de colaboración puede dificultar el proceso, pero no necesariamente impedirá la acción de investigación”, afirmó Daniels.
Pero podrían pasar años para que la Corte Penal Internacional dicte posibles órdenes de aprehensión en contra de los chavistas que habrían cometido crímenes de lesa humanidad, por acción u omisión, o se llamen a comparecencia.
El excoordinador de Provea indicó que hay varios elementos que deben establecerse para que se ordene una detención: que se considere que la libertad de una persona significa la continuidad de crímenes por el cargo que ostenta o la cantidad de subordinados a su mando, o que haya la posibilidad de que el señalado obstaculice el proceso de la justicia o se evada.
Daniels aclaró que no habrá respuesta inmediata de la Corte Penal Internacional ni una condena en el corto plazo. Pero esto, subrayó, no le quita carácter positivo en la búsqueda y obtención de la justicia.
Alvarado dijo que debe garantizarse el derecho a la defensa y el debido proceso a los presuntos responsables. “Son procesos que generalmente duran años, pero lo importante es que nos estaríamos acercando a que los responsables de los crímenes de lesa humanidad rindan cuentas ante la justicia”, señaló.
“Le corresponde al Estado venezolano con su propia fuerza de seguridad realizar la ejecución de esa orden de captura. Entonces ahí será clave si se detiene o no se detiene. Si no se detiene demostrará mucho más que no hay voluntad de colaborar con la justicia, de que no haya impunidad, que los responsables sean sometidos a la justicia. Entonces sería un elemento negativo. Por supuesto, si se llegara a dar la orden de captura de unos altos funcionarios, muy posiblemente no lo harán. Pero eso lo que hace es reforzar en negativo para los propios acusados el proceso que se adelanta”, manifestó.
En el caso de la comparecencia, expuso Alvarado, el presunto responsable puede voluntariamente acudir a la Corte y dar su testimonio de acuerdo a una acusación concreta.
Dos aspectos distintos
El miembro del consejo consultivo de Provea dijo que en el caso venezolano hay dos aspectos que lo distinguen de otros en los que ha actuado la Corte Penal Internacional.
Por primera vez hay una experiencia en la que varios Estados, entre ellos Chile, Colombia, Paraguay y Panamá, demandaron al régimen, en particular a Maduro. Argentina se retiró de la denuncia en semanas pasadas, cuando se separó del Grupo de Lima, pero esto no afecta el curso de las investigaciones, según expertos.
La Fiscalía de la CPI dijo que consideró un informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que señala a presuntos responsables: Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; Iván Hernández Dala, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar; Miguel Domínguez, de la Fuerza de Acciones Especiales, y otros.
“Ese es un elemento importante porque la Fiscalía pudiera coincidir que esos responsables que señala la Misión también son responsables de los crímenes de lesa humanidad”, consideró Alvarado.
Juan Pernalete, Fernando Albán y Rafael Acosta
Tanto Provea como Acceso a la Justicia coincidieron en que en el caso de Venezuela el régimen chavista no está investigando la cadena de mando y resaltaron que la Corte Penal Internacional no se enfoca en los subalternos procesados por la justicia, sino en los que han tenido mayor responsabilidad en los delitos.
Daniels señaló que en los casos de las muertes del estudiante Juan Pablo Pernalete (2017), del concejal Fernando Albán (2018) y del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo (2019) hubo cambios completos en el discurso del régimen.
Tarek William Saab, fiscal general de Maduro, a los pocos minutos de que Albán cayó del piso 10 de la sede del Sebin de Plaza Venezuela, aseguró en una llamada telefónica con Venezolana de Televisión, que se trataba de un suicidio.
“Dijeron que era un intento de fuga, ahora que es homicidio culposo. Eso va mucho más allá. Una corrección implica un error, aquí estamos hablando de un delito importante. Lo que ha habido es una reelaboración del relato. Una reclasificación de los hechos desde lo jurídico para cambiar los delitos que inicialmente habían imputado por unos más graves”, manifestó el director de Acceso a la Justicia.
Agregó que en el caso del capitán Acosta Arévalo hubo el cambio de calificación más fuerte porque pasó a homicidio con alevosía y tortura cuando la calificación original era homicidio preterintencional. Es decir, un homicidio que se había cometido sin intención.
Daniels afirmó que las modificaciones no cumplen con los estándares internacionales porque en ninguno de los tres casos se juzgan a los altos mandos responsables.
“El gobierno quiere presentar estos casos como que efectivamente se lucha contra las violaciones de derechos humanos, pero en realidad demuestra todo lo contrario porque, en ninguno de los tres casos hay una sentencia condenatoria. Todos están prácticamente empezando otra vez porque hubo reclasificación”, afirmó.
Alvarado respaldó que en ninguno de los casos que planteó Saab se investiga la cadena de mando. Indicó que en el caso de Acosta Arévalo se debe abrir un procedimiento al director de la Dgcim; en el de Albán, al general Gustavo González López; y, en el de Pernalete, se debe determinar quiénes dirigieron la represión y qué grado de responsabilidad tendrían en la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana.
Así, en otros miles de casos, subrayó el excoordinador de Provea.
“No hay ninguna voluntad de parte de la justicia venezolana, ni de la Defensoría del Pueblo ni del Ministerio Público, de investigar las cadenas de mando, que van desde Nicolás Maduro, como comandante en jefe de la Fuerza Armada y quien ha alentado la actuación de los grupos colectivos paramilitares, hasta Padrino López, Néstor Reverol (exministro de Interior, Justicia y Paz), los directores de la Dgcim, el Sebin y la FAES. Se garantiza la impunidad y son elementos que toma la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”, añadió.
Pocas posibilidades de que no se avance
Acceso a la Justicia dijo que existe la posibilidad de que Bensouda cierre la investigación, termine con la recopilación de información y no se avance en la investigación, pero comentó que esto es poco probable que ocurra.
“Una vez la Fiscalía dice que hay crímenes de lesa humanidad y se sabe que no se han juzgado a los responsables, porque ese es el caso… nos sorprendería muchísimo. Sería un golpe duro para las víctimas y para los defensores de los derechos humanos que la Fiscalía diga que en Venezuela se sancionan a los responsables de violaciones de derechos humanos cuando sabemos que no es así”, dijo Daniels.
Violaciones de derechos humanos no han disminuido
El caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional no ha forzado al régimen a reducir las violaciones de derechos humanos, afirmó Alvarado. Los datos de Provea señalan que el año pasado se contabilizaron 2.853 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Además, la ONG Foro Penal registra alrededor de 300 presos políticos en el país.
“Ocurrió el asesinato por tortura del capitán Acosta Arévalo, el asesinato de Fernando Albán, las masacres como la de El Ripial en marzo. Entonces no ha habido una disminución de las violaciones de derechos humanos”, aseguró el abogado.
Alvarado expresó que el proceso en La Haya, sin embargo, han obligado al régimen a disimular la situación con la toma de ciertas medidas, como la reestructuración policial, la disolución progresiva pero no anunciada de la Fuerza de Acciones Especiales y el traslado de presos políticos a las cárceles, tanto desde el Sebin como de la Dgcim.
“Por otro lado están los anuncios desesperados de Tarek, de que adelantan procesos judiciales contra violadores de derechos humanos. Pero no en la cantidad suficiente ni se investigan los mandos que tienen responsabilidad por acción u omisión en esas graves violaciones de derechos humanos”, manifestó.
Daniels agregó que el régimen creyó que podría manejar todos los procesos con la pretensión de que no prosperaran. Dijo asimismo que hubo agresividad en las reacciones recientes de Saab, pero no como ocurrió con Bachelet, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“En algunos casos las reacciones contra estos organismos han sido muy fuertes, incluso con epítetos bastante subidos de tonos. Si bien hay una queja de Saab, se ha contenido contra la Fiscalía. Eso demuestra cómo se lo toman muy en serio porque las acciones de la CPI sí tienen consecuencias reales en quienes son afectados por su juicio y el hecho de que no han podido parar la investigación, y que aparentemente esperan una decisión desfavorable, se están utilizando estos elementos, que son quejas, pero no llegan a los grados de los otros casos, lo que pone en evidencia la preocupación que esto genera en el bando gubernamental”, finalizó Daniels.