La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU) denunció este jueves los «constantes y crecientes ataques» que sufren organizaciones de la sociedad civil, defensores de los Derechos Humanos y periodistas en Venezuela, motivo de «profunda preocupación» para el organismo.
Según la portavoz de la Oficina de la ONU, Marta Hurtado, el último incidente de estas características tuvo lugar el 12 de enero en el estado de Zulia. Tal y como explicó, oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de la policía regional allanaron la ONG Azul Positivo.
Como consecuencia, se incautaron documentos y cinco empleados de la ONG fueron arrestados. Hasta el momento, permanecen detenidos y no han podido ver a sus abogados ni a sus familiares.
«Esta es la segunda vez en los últimos dos meses que se ha allanado la oficina de una ONG humanitaria y se ha interrogado a su personal, supuestamente debido a la financiación recibida del exterior», explicó Hurtado, matizando que los estados no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales.
«Es aún más desconcertante que estas incursiones estén acompañadas de declaraciones de funcionarios públicos que exhortan a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de su personal», agregó.
Por otro lado, al menos tres medios de comunicación también fueron objeto de ataques el 8 de enero, cuando, supuestamente, funcionarios públicos confiscaron sus equipos, sellaron sus oficinas o intimidaron a su personal.
Hurtado, detalló que estos incidentes siguen a casos similares de periodistas acosados o intimidados, mientras funcionarios públicos han emitido una serie de declaraciones deslegitimando a los medios de comunicación. «Hay informes cada vez más preocupantes de que los periodistas se están censurando a sí mismos por miedo», lamentó.
Así, la Oficina de la ONU instó a las autoridades venezolanas a que «dejen de acosar a personas por realizar un trabajo legítimo, ya sea en el sector humanitario, de Derechos Humanos o en los medios de comunicación. Una sociedad civil libre, diversa y activa es crucial para cualquier democracia y debe ser protegida, no estigmatizada o perseguida», dijo.