Marisela Godoy, El Nacional

La magistrada Marisela Valentina Godoy Estaba no suscribió la primera fase del avocamiento en contra de El Nacional. La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro declaró procedente el 16 de abril pasado la segunda fase del avocamiento solicitado por el abogado Alejandro Castillo, apoderado judicial de Diosdado Cabello, y ordenó a el pago de 237.000 petros, poco más de 13 millones de dólares ($ 13.366.800), calculados al momento del pago, como indemnización por daño moral. El petro equivale a 56,40 dólares aproximadamente. 

Es de recordar que el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 31 de mayo de 2018, dictó sentencia definitiva, declarando con lugar la demanda de daño moral incoada, y condenando a El Nacional al pago de la suma de 1.000 millones de bolívares como indemnización y ordenó la indexación judicial del monto condenado, lo que a la fecha, según la sentencia, serían 31.843.014.940.710 bolívares.

No firmó el primer avocamiento contra El Nacional

“Se deja constancia que por error material la magistrada Marisela Valentina Godoy Estaba, firmó la decisión definitiva recaída en el presente asunto, no habiendo suscrito la primera fase del avocamiento”, se lee en una aclaración con la rúbrica de la magistrada y suscrita por la secretaria temporal.

La sentencia definitiva entonces, luego de esta observación, fue firmada por Yván Darío Bastardo Flores, presidente de la sala y ponente; Guillermo Blanco Vásquez, vicepresidente; Francisco Ramón Velázquez Estévez, magistrado; Vilma María Fernández González, magistrada; Marisela Valentina Godoy Estaba, magistrada, y Lieska Daniela Fornes Díaz, secretaria temporal.

Marisela Godoy, El Nacional
La magistrada Marisela Godoy. Foto: @godoyesma

¿Quién es Marisela Godoy?

Godoy es abogada, graduada en la Universidad Central de Venezuela. El 28 de diciembre de 2014 fue juramentada como magistrada principal de la Sala de Casación Civil del TSJ.

En 2017 criticó la convocatoria a la asamblea nacional constituyente.

En enero de 2019 se retiró de la Sala Plena por rechazar una medida en contra de Juan Guaidó y no poder expresar su disidencia.

Ratificó su posición en abril salvando su voto en esa decisión.

En mayo de ese año salvó su voto en una decisión del TSJ contra los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, José Simón Calzadilla, Andrés Velázquez, Américo De Grazia y Richard Blanco por delitos como “traición a la patria y conspiración”.

En otros momentos ha expresado su rechazo al silencio cómplice.

“Despojada por un instante de la toga y el cargo que ostento, elevo mi voz firme de venezolana y madre para gritar ante la tortura, cualquiera que sea la época en la cual se haya infligido. Ante esto la posición es principista. Es un rechazo firme. No podemos mantenernos callados, nos rebaja como seres humanos y como pueblo”, escribió el 3 de julio de 2019 en su cuenta de Twitter.


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