La Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas informó este miércoles 26 de agosto que durante los primeros 6 meses de 2020 se registró un total de 162 ataques contra periodistas y trabajadores de la prensa.
Un total de 85 de esos ataques, perpetrados por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y grupos colectivos, ocurrieron tras el decreto del estado de alarma anunciado por el régimen de Nicolás Maduro en marzo.
Humberto Prado, comisionado para los Derechos Humanos, presentó el informe Libertad de Prensa Bajo Ataque en el cual detalla que los trabajadores de la prensa han sido amedrentados, detenidos ilegalmente y sometidos a desapariciones forzadas.
“Considerando el aumento de la política represiva del régimen contra los comunicadores, el temor de las víctimas a denunciar los hechos y la falta de medios independientes que divulguen las violaciones de la libertad de prensa, la Comisión no descarta que el número de afectados sea mayor al reportado en este informe”, indicó Prado en la presentación.
«Son alarmantes los altos niveles de impunidad que existen en el país, las agresiones y la violencia a las que recurren los atacantes y, principalmente, el papel cada vez más activo que tienen los líderes del régimen usurpador, quienes, haciendo uso de las instituciones y medios de comunicación públicos, han fomentado la persecución contra la libertad de prensa», añadió.
Los ataques dirigidos contra los periodistas están clasificados en tres tipos de actuaciones: detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento y censura de medios de comunicación.
“En todos estos ataques el comportamiento del gobierno ilegítimo varió. En unos casos permaneció pasivo e indiferente, demostrando su falta de voluntad para impedir la comisión de actos y sancionar a los responsables”, señaló Prado.
La Comisión exigió que se elimine la Ley contra el Odio por impedir el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión e información, que se prohíba todo tipo de actos discriminatorios contra medios y periodistas y que se realicen investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre las agresiones sufridas por los trabajadores de la prensa a manos de los cuerpos de seguridad y grupos civiles armados.