El informe presentado por la ONG Human Rights Watch es escalofriante. Reporta ejecuciones extrajudiciales y otros abusos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro contra comunidades de bajos recursos que han dejado de respaldar la revolución bolivariana en Venezuela.
Se habla de unas 18.000 personas asesinadas desde 2016 por lo que el régimen venezolano llama eufemísticamente “resistencia a la autoridad”. Pero estos hechos son, en su mayoría, asesinatos impunes con responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas.
La investigación de Human Rights Watch y la que adelantó la oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, afirman que detrás de gran parte de estas ejecuciones está la Fuerza de Acciones Especiales.
¿Qué es esa siniestra fuerza?
En julio de 2017, en el declive de las protestas antigubernamentales, Maduro creó la Fuerza de Acciones Especiales como una división de la Policía Nacional Bolivariana para operaciones destinadas a combatir el terrorismo, el tráfico de drogas y la delincuencia organizada.
Es un comando táctico de élite, entrenado militarmente en el manejo de armas largas, que solo tendría que ver con los criminales más peligrosos de la sociedad.
Pero este año el régimen decidió sacar a la FAES a las calles a pesar de que esta no cuenta con formación en contención de protestas. Tampoco tiene las herramientas adecuadas para la disuasión de población civil.
La naturaleza de sus actuaciones no incluye bombas lacrimógenas ni disparos de balas de goma para contener multitudes. Pero sus funcionarios actúan encapuchados, en vehículos sin placas y portan armas de alto calibre y granadas.
Las cifras
Marino Alvarado, director de la ONG Provea, relató que las protestas de este año sorprendieron al gobierno de Maduro: ocurrieron en Cotiza, Catia y Petare. Todos ellos lugares en los que el chavismo ha tenido un nivel de control electoral fuerte y donde han operado los colectivos paramilitares que respaldan al oficialismo.
«Ellos tienen la orden de detener y ejecutar. El gobierno sabía que usar la FAES iba a generar las consecuencias que generó. Es un organismo que usa armas de guerra, prohibidas expresamente por la Constitución», indicó.
En las protestas de este año, Provea tiene documentados ocho casos donde ejecutaron a hombres que protestaban en la calle o se encontraban cerca de las manifestaciones, a quienes buscaron cerca o dentro de sus casas. En vez de ser detenidos en la calle, los persiguieron y les dispararon a relativa corta distancia.
Aunque comenzó como un grupo de solo 180 funcionarios, Provea destaca que actualmente 1.290 policías forman parte de ese comando, que solo actúa en Caracas, Lara, Táchira, Zulia, Miranda, Aragua, Carabobo, Guárico y Yaracuy.
La organización no gubernamental acaba de publicar un informe en el que lleva su propia cuenta sobre la actuación de ese organismo: solo en 2018, dice el documento, la FAES asesinó a 205 personas.