La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este martes las inhabilitaciones administrativas en contra de opositores en el país y denunció que esas acciones son propias de «regímenes autoritarios», por lo que instó a reconstruir la democracia.
El organismo se refirió entre otras personas a la candidata de la principal coalición opositora a las presidenciales de 2024, María Corina Machado.
El 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la inhabilitación política de Machado para competir en esa y otras elecciones hasta 2036.
Para la CIDH, al apartar de la contienda a reconocidos dirigentes de la oposición «se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que este ha desempeñado un papel significativo en la represión de opositores al gobierno».
En su opinión, «se anula la posibilidad de desarrollar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas».
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región.
El gobierno venezolano denunció en 2012 la Convención Americana de Derechos Humanos, que da base jurídica a la CIDH, y en 2017 hizo otro tanto con la Carta de la OEA.
En su mensaje, la CIDH recordó que ningún órgano administrativo puede restringir a través de sanciones de inhabilidad o destitución los derechos políticos a elegir y ser elegido.
«Este tipo de sanciones únicamente pueden ser impuestas mediante una condena por un juez o una jueza en el marco de un proceso penal», dijo la CIDH, subrayando que «en un Estado democrático es fundamental que se garantice la participación política en condiciones de igualdad».
En Venezuela, añadió, «es crucial el levantamiento de inhabilitaciones administrativas y el cese de cualquier acto dirigido a desalentar la participación ciudadana en asuntos de interés público», y también se deben adoptar «con urgencia» medidas para restablecer la separación e independencia del sistema judicial y otros poderes públicos.
«Solo así se podrá reconstruir la democracia y la confianza en las instituciones públicas», concluyó la organización, integrada por siete miembros que no representan a sus respectivos países de origen o residencia.