Otro duro golpe recibió la Universidad Simón Bolívar (USB) el 27 de julio con la muerte del rector Enrique Planchart, firme defensor de la autonomía de la institución desde que fue designado en su cargo en 2009.
Fue un período que debió durar cuatro años, pero, tal como ha ocurrido en otras universidades, la USB no ha podido organizar elecciones de autoridades por decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, así que su gestión se prolongó por poco más de una década.
La muerte del matemático, Ph.D por la Universidad de California y destacado investigador, puso en evidencia nuevamente la crisis institucional de la USB.
En septiembre, el Consejo Nacional de Universidades designó nuevas autoridades en la institución en un proceso que ha sido cuestionado por la comunidad universitaria. A pesar del voto salvado de la ULA, la UDO, la Unexpo, la UCLA, LUZ y la propia USB, fueron nombrados Jorge Stephany en el cargo de rector, Víctor Theoktisto como vicerrector académico y José Hernández como vicerrector administrativo.
Todos los cargos son interinos, por lo que en 180 días, de acuerdo con la Ley de Universidades, deberían convocarse elecciones. Aunque hay preocupación sobre este punto porque ha sido el mismo TSJ el que ha impedido la elección de las autoridades en las universidades.
Lo que se esperaba ese día era el nombramiento del rector, tomando en cuenta la falta absoluta en el cargo por el fallecimiento de Planchart. Los otros dos cargos, vicerrector académico y vicerrector administrativo, ya estaban ocupados por profesores designados por el CNU entre 2016 y 2017, luego de la renuncia de las autoridades electas en 2009, recordó en un comunicado la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar.
“Cabe destacar que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial han bloqueado la realización de elecciones rectorales correspondientes desde 2013 al presentarse contradicciones jurídicas en la Constitución (1999), la Ley Orgánica de Educación (2009) y la Ley de Universidades (1970)”, subrayó el Fceusb, que exigió respeto a la autonomía universitaria a César Trompiz, entonces ministro de Educación, así como a Stephany, Theoktisto y Hernández.
William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la USB, considera que el presente de la institución apunta hacia el proyecto del gobierno de los últimos 15 años de tomar ideológicamente las universidades. “Una universidad comunal, una universidad de bajo nivel: hacia allá es que apuntan. Una universidad donde haya un predominio de vecinos, trabajadores y empleados por encima del área académica”, expresó.
“La transformación universitaria que proponen no se basa en la búsqueda de conocimiento para contribuir con la sociedad o para hacer descubrimientos de importancia, sino en la atención inmediata de lo económico y lo social. Es decir, que la universidad en manos de esta gente será una universidad bajo un concepto que no manejamos”, añadió.
Con los nombramientos han llegado las renuncias en cargos importantes. La semana pasada se conoció la carta con la que el profesor e ingeniero Alejandro Teruel dejó la dirección de la Biblioteca de la USB, donde durante seis años contó con presupuestos menores a 100 dólares, que no alcanzan ni siquiera para mantenimiento. Desde 2019 la Biblioteca Central, en Sartenejas, está cerrada por contaminación de hongos y moho. Se estima que entre 27% y 35% de la colección, unos 80.000 libros, está contaminada.
“Las bibliotecas de Venezuela están en peor estado que las de cualquier país latinoamericano. Es lo mismo que ha pasado en general con la investigación. Venezuela llegó a ser uno de los tres países latinoamericanos con mayor número de publicaciones por investigador, ahora ha pasado a ser uno de los tres últimos. Todo es parte de lo mismo”, dijo Teruel a El Nacional.
La compositora Diana Arismendi, directora ejecutiva del Festival Latinoamericano de Música de Caracas, renunció luego de siete años a la Dirección de Cultura de la USB, que apenas contaba con un presupuesto de entre 50 y 60 de dólares, suficiente para adquirir un tóner este año. Cuenta que hubo un punto en que, con la crisis política y la hiperinflación, se sentía atada de manos para seguir organizando actividades que llegaron a incluir proyecciones de cine o presentaciones de danza, teatro o música en los barrios cercanos. “Traíamos gente de las comunidades para la Cruz de Mayo, conmemorábamos fiestas tradicionales como la de San Juan o El Pregón. Todo eso se fue cortando y cortando. Nos quedamos haciendo actividades en el campus, en especial bajo alianzas con El Sistema. Básicamente manteniendo una actividad cultural con cero céntimos de presupuesto. Teníamos alianzas con instituciones que sí manejan presupuesto y que por su simpatía con la universidad y sus intereses culturales fueron condescendientes”.
La situación empeoró antes de la pandemia, continúa Arismendi. Prácticamente no se podía hacer nada cuando el “gobierno terminó de estrangular a las universidades”. Hubo un momento en que la USB se quedó sin transporte y ni los estudiantes ni los profesores podían subir a la institución. “La vida era realmente una tristeza. El campus universitario silencioso porque los muchachos subían como podían en los pocos autobuses que las autoridades pudieron activar con sistema de apoyo de exalumnos de la universidad”, lamenta la compositora.
Recuerda que comenzó a sentirse acorralada porque se organizaban actividades culturales, pero la gente no se quedaba en el campus porque para regresar a casa trataban de abordar alguna de las pocas unidades disponibles. Fue un momento, dice, de profunda tristeza. “Se mantuvieron en ese momento en pie el Orfeón, la Orquesta de Cámara, que tuvo un crecimiento extraordinario, y el grupo de teatro. Pero en este momento está todo desaparecido”.
En cuanto a la colección de arte de la USB, Arismendi reconoce que está en buenas condiciones. Se les ha hecho mantenimiento, incluido el Espejo Solar de Alejandro Otero: “Lo que hicimos fue recoger la exposición del 50 aniversario de la USB y también las obras de la galería. Las llevamos al depósito y se comenzó a hacer un mantenimiento. Se levantó un informe de las obras que están en la casa rectoral, se recogió lo que se pudo y se dejó la colección colonial, que son obras de gran formato. Las obras pequeñas, ya del siglo XX, se limpiaron y se les hizo mantenimiento”.
Arismendi estuvo años haciendo campaña para recuperar el Laberinto Cromovegetal de Carlos Cruz-Diez con una comisión dentro de la universidad. La Embajada de Francia otorgó un fondo simbólico con un par de ayudantes para darle algunos retoques. Actualmente, como ha estado alejada del campus, desconoce con precisión la situación de la obra. “Hay personas que han sembrado algunas cosas, paticas que se requieren, se están haciendo cargo. Entiendo que es una iniciativa autónoma, pero tengo meses que no subo a la universidad”.
La reducción drástica de recursos para la universidad, enfocada desde su fundación en la investigación científica y tecnológica, ha provocado la obsolescencia de los equipos tecnológicos, así como el deterioro de su estructura. “La falta de recursos no permite renovar esa plataforma tecnológica. Se trata de hacer un esfuerzo con alianzas, pero de ninguna manera eso sustituye las inversiones de antes”, dice el profesor e ingeniero Cristián Puig, secretario de la Universidad Simón Bolívar, la única autoridad rectoral que queda de la gestión de Planchart.
Prometieron Universidad Bella y este es el estado actual del campus, peor de como lo encontraron.
Sin recursos ni presupuesto, la Dirección de Planta Física NO podrá hacer su trabajo. pic.twitter.com/voFeoh3tK1
— FCEUSB (@FCEUSB) October 24, 2021
Para el año que viene se aprobó un presupuesto de 30 millones de bolívares, que según la tasa promedio que publica Monitor Dólar son más de 6.600.000 dólares. Aunque, destaca Puig, para cuando lleguen esos recursos, probablemente a finales de enero, ya estarán devaluados. “La situación es bien compleja. Tenemos que hacer un esfuerzo para que las universidades sigan cumpliendo su rol”, afirma el profesor.
El año pasado el presupuesto que se aprobó fue 0,5% del solicitado, señala una nota publicada en el sitio USB Noticias, producido por el Departamento de Información y Medios de la Dirección de Asuntos Públicos de la casa de estudios. La petición era de 123.442.467.633.957 bolívares (más de 260 millones de dólares), pero se asignaron 611.026.455.787 (más de 1.300.000 dólares). Estas cifras no están ajustadas a la reconversión monetaria implementada el mes pasado.
“La USB se ve obligada a funcionar bajo un régimen de insuficiencia presupuestaria crónico que se traduce en escaso financiamiento del costo de los servicios, impedimento para la adquisición de bienes de consumo y capital, insuficiente disposición de recursos para el mantenimiento de la infraestructura física y rigidez en el financiamiento de la estructura laboral”, destaca la nota en USB Noticias.
Para agosto de 2021, apunta Puig, un profesor titular de la USB ganaba 46 millones de bolívares (alrededor de 11 dólares) y el salario básico estaba en 28 millones (7 dólares).
Las cifras son similares a las ofrecidas recientemente por la Encuesta del Observatorio de Universidades sobre las Condiciones de Vida de la Población Universitaria en Venezuela (Enobu 2021), que estimó en 11,14 dólares lo que puede aspirar un profesor titular en Venezuela y en 5,65 dólares lo que puede ganar un profesor agregado.
Hace 20 años, subraya el estudio, un profesor titular podía ganar hasta 2.456,12 dólares.
Prisioneros en un cargo
El químico e investigador Benjamín Scharifker, exrector de la USB y la Unimet, recuerda que la situación actual de las universidades ha llegado a este punto luego de la aprobación en 2009 de la Ley Orgánica de Educación, que establece que en las elecciones en las universidades nacionales deben participar no solo estudiantes, profesores y egresados, sino también empleados y obreros, que “obviamente son parte de la comunidad universitaria, pero no es lo que tradicionalmente se conoce como la comunidad académica para efectos de elección de autoridades”.
La Sala Electoral del TSJ dictó entonces como medida cautelar que los Consejos Universitarios crearan un reglamento con el sistema de votos 1 por 1, recuerda el rector de la ULA, Mario Bonucci, en un artículo publicado en la web de esa universidad. “Luego de una célebre sanción pecuniaria contra los miembros del Consejo Universitario de la UCV, la Sala Constitucional decide avocarse y paraliza los efectos de todas estas medidas cautelares (mayo de 2010). Desde ese momento todas las autoridades, desde el rector hasta decanos y representantes profesorales hemos quedado prisioneros en nuestros cargos”, dice el texto fechado en octubre de 2017.
La suspensión de las elecciones, continúa Scharifker, ha originado que haya equipos rectorales en sus cargos por más de una década. Ha habido personas que han renunciado, que han migrado o, como en el caso de Planchart, que han fallecido. Aunque el matemático no es el primer rector que muere en su cargo: hace cuatro años pasó lo mismo con el profesor Francesco Leone, rector de la UCLA.
Scharifker también expresó su preocupación por la designación de Tibisay Lucena como ministra de Educación Universitaria luego de haber dirigido durante 12 años el Consejo Nacional Electoral. “Todos sabemos los cuestionamientos que existen sobre los mecanismos electorales en Venezuela, con decisiones arbitrarias donde se inhabilita a posibles candidatos, donde hay múltiples dificultades en lo que respecta a una equidad en el acceso a los medios de comunicación para los distintos candidatos”, señala el profesor.
“Uno se pregunta qué se pretende con esa experiencia electoral con la doctora Lucena. ¿Organizar elecciones en las universidades donde se manipulen los sistemas electorales para que el resultado esté sesgado en una dirección distinta a lo que realmente sería si fueran verdaderamente libres? Esa es una pregunta que uno puede hacerse, no hay duda”, agregó.
Durante la gestión de Lucena, el CNE tomó decisiones cuestionadas como la suspensión del referéndum revocatorio en 2016, la organización en 2017 de las elecciones de la desaparecida asamblea nacional constituyente o los comicios presidenciales de 2018, desconocidos por decenas de países y que derivaron en el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino, figura que ha perdido el peso político que tenía hace dos años.
Para este trabajo El Nacional intentó contactar a los profesores José Hernández, vicerrector administrativo, y Víctor Theoktisto, vicerrector académico. No hubo respuesta por parte del primero y el segundo contestó por WhatsApp: “Es muy poco profesional por parte de lo que otrora fue un medio relevante contactarme más de un mes después de haber publicado infundios y versiones alejadas de la realidad por actores políticos. A estas alturas no está ni en mi interés ni en el de la comunidad universitaria a la que he pertenecido por más de 35 años”.