La Asamblea Nacional aprobó este martes un proyecto de acuerdo en el que ratifica a la comunidad internacional la declaratoria del oro de sangre que está siendo extraído ilegalmente en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.
Además, ratificó que queda prohibida su venta, comercialización, circulación en todo el territorio nacional, así como también su importación en contradicción al ordenamiento jurídico.
El Parlamento responsabiliza a Nicolás Maduro de todas las actividades ilícitas de explotación y contrabando del oro y demás materiales pertenecientes a la República que han sido desarrollados por la Compañía Anónima Militar para las Industrias Mineras Petrolíferas y de Gas por el Ministerio de la Defensa.
De igual forma, acusa al régimen de Nicolás Maduro ante los organismos de defensa de los derechos humanos y declarada persecución contra los pueblos indígenas y otras comunidades que habitan en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro que ha generado el desplazamiento forzoso, muerte de sus habitantes y destrucción de sus asentamientos en su economía y desarrollo social.
Oro de sangre
El diputado Rachid Yasbek reveló que más de 3.000 kilos de oro mensuales se extrae de tierras guayanesas y de la Amazonia venezolana, que arroja como ganancia 150 millones de dólares mensuales al régimen, dinero que no es usado para el beneficio del pueblo venezolano.
Seguidamente, el diputado Francisco Sucre, advirtió a los gobiernos fronterizos y al mercado internacional del oro, que este mineral está siendo vendido ilegalmente por el régimen para financiar la corrupción transgrediendo la legislación nacional en materia de la extracción ilegal de minerales venezolanos.
“Los minerales que yacen en Ciudad Bolívar no pueden estar manchados de sangre. No puede continuar con este ecocidio catalogado como el más grande del planeta, a través de la explotación del Arco Minero, pues compromete la viabilidad energética de Venezuela, la cuenca del río Caroní, principal fuente de generación hidroeléctrica del país”, alertó.
Indicó que 500.000 personas trabajan las minas en el sur del estado Bolívar, y 50% son menores de edad. Al mismo tiempo denunció el crecimiento exponencial del tráfico sexual de niñas y adolescentes en edades comprendidas de 12, 14 y 16 años.
Recordó que este es el quinto acuerdo que se presenta en el actual período legislativo de la AN, en relación con el desastre ecológico específicamente la creación de un ecosistema ilegal establecido por el régimen de Nicolás Maduro, a consecuencia de la destrucción de 3.000 kilómetros cuadros de vegetación, y la explotación del Arco Minero del Orinoco, declarado nulo por esta cámara legislativa venezolana.
Sucre destacó entre los textos legales aprobados por la plenaria para la protección del ecosistema natural venezolana, la Ley de la Reserva Natural del Sur del Orinoco, Biodiversidad y la Protección de la Generación Hidroeléctrica en el país.
Crimen ecológico
Entre tanto, el diputado José Ricardo Salazar calificó como crimen ecológico lo que ocurre en Guayana con la explotación de oro de sangre.
Culpó al gobierno de Hugo Chávez y el régimen de Nicolás Maduro de la aniquilación de la Corporación Venezolana de Guayana a través de la fundación de empresas como Minerven, que desarrolló la explotación de oro de mina y beta en los anteriores períodos democráticos.
A su vez, denunció que el poco combustible que llega al Estado está reservado a los altos jerarcas del régimen y grupos criminales, que son «dueños» de las minas de la zona.