La Asamblea Nacional de 2015 condenó la adjudicación del edificio sede de El Nacional a Diosdado Cabello por la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo, hermana del contralor general de la República, Elvis Amoroso. La medida se ejecutó de forma irregular, al no informarse públicamente «el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas», en violación de las reglas procesales que exige la ley. Tampoco fue notificado el representante judicial de El Nacional.
«Desde la Asamblea condenamos este nuevo ataque contra El Nacional, un atentado contra la libertad de expresión», publicó en Twitter.
Y agregó: «La dictadura pretende silenciar la verdad al imponer la censura valiéndose de cualquier artimaña, pero no podrán someter jamás a la prensa libre y sus periodistas».
Desde la #AsambleaVE condenamos esta nuevo ataque contra @ElNacionalWeb, un atentado contra la libertad de expresión
La dictadura pretende silenciar la verdad al imponer la censura valiéndose de cualquier artimaña, pero no podrán someter jamás a la prensa libre y sus periodistas https://t.co/7X8CsDrTOl
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) February 7, 2022
La SIP sobre El Nacional
Jorge Canahuati, presidente de la SIP, condenó «la consumación del robo del siglo al periodismo independiente, algo que solo puede pasar en una dictadura».
El primer ejecutivo del Grupo Opsa, de Honduras, expresó: «La dictadura ha utilizado todas sus armas para cerrar medios y amordazar a la prensa durante estos 20 años, pero esta estrategia políticojudicial es tal vez la más creativa».
En un irregular y clandestino remate judicial, realizado en contravención de todas las reglas procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llevar a cabo este tipo de actos, el Tribunal Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo, hermana del contralor general de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso Hidrobo, el pasado 27 de enero del presente año, sin haberse publicado de manera regular los carteles de remate en los que debe informarse públicamente el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas, de espaldas a El Nacional y a su representante judicial, y sin la presencia de ningún testigo sino solo del abogado del demandante, Alejandro Castillo Soto, le adjudicó directamente la propiedad de la sede de El Nacional y los lotes de terreno sobre los que esta se encuentra construida, a Diosdado Cabello Rondón.
De esta forma se concreta el despojo o arrebato judicial que de su sede natural es víctima El Nacional, litigando en contra de Cabello, justo en el tribunal de la hermana del contralor general de la República, todo por defender la verdad.
Esto confirma la no independencia judicial y una vez más se ratifican los argumentos que llevaron a que la Corte Penal Internacional abriera la investigación a Maduro.