La coordinadora política de Primero Justicia, Karim Vera, aseguró que desde agosto de 2015, cuando el gobierno tomó la decisión de cerrar la frontera sin medir las consecuencias económicas y sociales, el daño resultó incalculable. A tal punto que para abril de 2023 la actividad industrial se mantiene paralizada en 80%, aun cuando ya están abiertos los pasos regulares por acuerdos binacionales.
Vera destacó que “los tachirenses que hacían vida en la zona se mantienen desamparados». «No hay culpables ni investigados. Pero sí miseria, hambre y desolación en un sector que en el pasado aportó mucho al país que hoy no puede abastecerse con producción nacional”, añadió.
La también presidenta de Primero Justicia en Táchira lamentó que no se realicen trabajos como para el restablecimiento de la actividad: “No es mentira ni es secreto que en el estado los ciudadanos, para estirar un sueldo hambreador, adquieran productos colombianos, que son de menor costo. ¿Cómo se explica que desde los productos básicos de alimentación que se consumen en su mayoría sean de Colombia? Es un simple capricho y campaña de mantener al venezolano arrodillado de manera ruin, sometidos a precarias condiciones de vida”.
Hizo un llamado al gobierno de Colombia a estar pendiente de los acuerdos con Nicolás Maduro. Una vez que hasta el mismo presidente Gustavo Petro ha declarado públicamente que persisten los negocios irregulares en los corredores fronterizos.
“La verdad, y está demostrado, es que en Venezuela no existe voluntad política para acabar con mafias. Son las que controlan la frontera, y el Estado se niega a poner freno”, dijo Vera.