En un momento en el que la democracia venezolana se enfrenta a desafíos significativos, la disparidad en el tratamiento legal entre la candidatura de Hugo Chávez y la negación de inscripción como candidata de María Corina Machado ha generado un intenso debate sobre la equidad y la imparcialidad en el sistema político y judicial de Venezuela. Este contraste ha llamado la atención de la comunidad internacional, que ha expresado preocupación por la aparente selectividad en la aplicación de la ley en Venezuela.
Los pronunciamientos de organismos internacionales y líderes mundiales han destacado esta situación como un ejemplo de la fragilidad de las instituciones democráticas en el país. Han instado a las autoridades a garantizar un proceso electoral justo y transparente, observando con atención cómo se desarrolla este episodio en un contexto de creciente preocupación por el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
El exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge Rosell, respondió a las afirmaciones del abogado Juan Garanton sobre los 60 minutos que cambiaron la historia de Venezuela.
En respuesta a la historia legal planteada por el abogado Juan Garantón Nicolai, el exmagistrado tomó la palabra para aclarar algunas cuestiones cruciales. En particular, dirigió sus comentarios hacia las afirmaciones de Garantón, quien ha sugerido que ciertas decisiones judiciales han tenido un impacto trascendental en el destino del país: los 60 minutos que cambiaron la historia de Venezuela.
La justicia en Venezuela
La respuesta del exmagistrado del TSJ, a las afirmaciones de Garantón no sólo arroja luz sobre la complejidad de los eventos que rodearon la candidatura de Chávez en aquel momento, sino que también plantea cuestiones fundamentales sobre el Estado de derecho y la responsabilidad cívica en el proceso democrático venezolano.
“Que tal decisión haya traído consecuencias nefastas para el país, no es de la responsabilidad de la Corte Suprema, sino de los incautos electores que votaron por el futuro déspota, dentro de los cuales no me cuento”, dijo Rosell.
“Esa decisión fue la recomendación que emitimos los componentes de la Sala Penal, que en principio fuimos consultados, previa convocatoria para la Sala Plena y es el sólido argumento para alegar que la candidata María Corina Machado no está inhabilitada”, agregó.
Rosell, reconocido por su papel como coredactor del Código Orgánico Procesal Penal y su trayectoria como profesor universitario, no vaciló en abordar directamente el tema y darle respuesta a Garantón. Enfatizó que la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia fue el resultado de un análisis riguroso y objetivo.
Sostuvo que la decisión que tomaron en ese momento no fue a la ligera. «Fue el resultado de un proceso judicial meticuloso y exhaustivo, en el cual se determinó que Hugo Chávez no había sido condenado por sentencia penal alguna», dijo.
También aclaró que fue una decisión que se tomó sin mucha discusión entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues era un asunto de fácil resolución: “Como Hugo Chávez no había sido condenado por sentencia penal alguna, el Código Penal establece claramente que para que una persona sea inhabilitada para ejercer cargos públicos, es necesario que exista una sentencia penal firme en su contra. En ausencia de tal sentencia, cualquier negación de inscripción como candidato resulta cuestionable desde el punto de vista legal y constitucional”.
Los electores son responsables de lo que hacen
El exmagistrado del TSJ también señaló que la responsabilidad de las consecuencias posteriores de dicha decisión no puede atribuirse exclusivamente a la Corte Suprema. En cambio, Rosell destacó el papel de los electores y su responsabilidad en la elección de líderes políticos.
«No podemos escapar de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de elegir a nuestros líderes con sabiduría y discernimiento», enfatizó Rosell. «La decisión de respaldar a un futuro líder, sea cual sea su orientación política, recae en última instancia en manos de los votantes», dijo.
En cuanto a las implicaciones legales de la decisión en cuestión, Rosell subrayó que esta no debería utilizarse como un obstáculo para la participación política de ciertos candidatos, como es el caso de María Corina Machado.
«La decisión de la Corte Suprema no debe ser interpretada como una inhabilitación para la participación política de ningún individuo», afirmó Rosell.
«Es importante recordar que el Estado de derecho debe prevalecer, y cada candidato tiene derecho a una evaluación imparcial de su elegibilidad», agregó.