Julio Borges, comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela designado por Juan Guiadó, criticó este viernes al gobierno de Chile por continuar con la política de deportación de venezolanos, medida que se aleja de los principios humanitarios y acuerdos que se han suscrito en materia de migración, dijo.
«Reiteramos que esta política se aleja de los principios humanitarios y acuerdos que en materia de migración ha suscrito Chile. Los venezolanos son refugiados, entregarlos a un país gobernado por un régimen que viola derechos humanos y ha causado una crisis humanitaria es poner sus vidas en riesgo», indicó Borges en Twitter.
Agregó que el gobierno chileno continúa deportando a migrantes, a pesar de las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre «las implicaciones legales de estas decisiones».
A su juicio, la solución es integrar a los venezolanos con un marco legal que permita su regularización.
«Los países deben entender que esta crisis no se frenará hasta tanto Nicolás Maduro no salga del poder», apuntó.
El gobierno de Chile expulsó el jueves a 120 migrantes venezolanos y colombianos en un vuelo chárter, en la que fue la mayor operación de deportación realizada este año como estrategia para desalentar la migración irregular por la que se pretende echar del país a 1.500 personas en 2021.
«Hay intentos de organizaciones de detener estas expulsiones, pero el Estado de Chile y el Ministerio del Interior cumplen con la ley y los extranjeros que cometan delitos o entren clandestinamente los expulsaremos», señaló el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio.
La deportación de más de 70 venezolanos
Según información oficial, la mayor parte eran venezolanos (más de 70) los deportaron a su país por entrar a Chile de forma irregular o por cometer crímenes que van desde el tráfico de migrantes al homicidio, pasando por el robo con intimidación.
Las expulsiones han recibido duras críticas de organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) y de las Naciones Unidas, que alertaron sobre las graves violaciones de los derechos fundamentales de los extranjeros.
HRW denunció expulsiones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas), impedimento para acceder a llamadas telefónicas o abogados, y separación de familias, entre otros.
Igualmente, la Corte Suprema anuló varias órdenes de deportación en los últimos meses por considerar que fueron producto de un «procedimiento contencioso administrativo insuficiente», pero en casi todos los casos esta anulación fue posterior a la deportación.
Se calcula que en Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes, equivalente a 7% de la población. La comunidad venezolana es la más numerosa, con cerca de 450.000 personas, seguida por la peruana y la haitiana.