Juan Francisco Bermúdez Quintero es candidato a rector de la Universidad Simón Bolívar, casa de estudios que está con una autoridad encargada luego del vacío ocasionado por la muerte de Enrique Planchart.
La Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (Apusb) protestó la designación de Luis Holder como rector encargado y exigió que el nombramiento de la autoridad sea hecho por el Consejo Nacional de Universidades. Apusb presentó asimismo una lista de 10 profesores con credenciales comprobadas, que esperan sea presentada por el Consejo Directivo al CNU para que tome una decisión.
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“La creciente deserción profesoral y estudiantil, los salarios miserables y la agonía general de la institución son factores que deben impulsarnos para la búsqueda de soluciones”, señaló Bermúdez, uno de los nombres en la propuesta.
“Yo creo que la Universidad Simón Bolívar está dispuesta a dialogar sin renunciar a sus ideales básicos”, agregó.
Bermúdez es ingeniero, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar en el área de Ingeniería Eléctrica. Tiene doctorado en la Universidad de Manchester, Inglaterra. Ha sido Jefe de Sección de Sistemas de Potencia, jefe del Departamento de Conversión y Transporte de Energía, coordinador docente de Ingeniería Eléctrica, director de la Unidad de Laboratorios, director de la Unidad de Gestión Redes Eléctricas Inteligentes de la Fundación de Investigación y Desarrollo, miembro de la Comisión Clasificadora, asesor del sector eléctrico por décadas y excandidato al vicerrectorado administrativo.
–¿Por qué cree que la Universidad Simón Bolívar está en crisis?
–La lamentable desaparición física del rector Planchart, quien fue electo en el 2009, un hombre de férreos principios, deja a la Universidad Simón Bolívar sin su máximo líder y en manos de un rector encargado ajeno a la institución. Desde el 2009 la universidad no elige sus autoridades rectorales y, al día de hoy, los cuatro miembros del equipo rectoral han sido sustituidos por encargados, por muerte, caso del rector, o renuncias. Al no ser electos directamente por la comunidad carecen de legitimidad plena de origen.
–¿Esa situación afecta a la plantilla de docentes y estudiantes?
–La Universidad Simón Bolívar ha perdido 60% de sus profesores y estudiantes con respecto al 2010. La producción científica se desploma a la par de la planta física y no se ven síntomas de recuperación. La desesperanza se generaliza entre sus miembros. La buena voluntad del equipo rectoral actual para mantener a la universidad operando es reconocida, pero no es suficiente para ver soluciones. Hoy en día podríamos rondar apenas unos 600 profesores activos (de 1.800 aproximadamente hace una década), con una alta participación de profesores a tiempo convencional, gracias a la buena voluntad de muchos jubilados y a los buenos oficios de la asociación de egresados. El segmento de profesores investigadores está decreciendo dramáticamente y eso va en detrimento de la producción científica. Una universidad donde solo se de clases comienza a parecerse a un liceo. Las publicaciones arbitradas y las actividades de extensión tecnológica y humanística son vitalísimas cuando se busca la excelencia.
–¿Quienes son las autoridades rectorales actuales?
–El rector encargado es Luis Holder, ficha de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, ajeno al quehacer de la Universidad Simón Bolívar. Fue fue nombrado vicerrector académico encargado en el 2017 por el CNU, debido a la renuncia de Rafael Escalona. La vicerrectora administrativa es Mariela Azzato, que asumió como encargada en el 2015 por la renuncia de William Colmenares y luego fue reconocida por el CNU. El secretario titular es Cristian Puig. Solicitó permiso en julio de este año. El encargado es Héctor Herrera.
–¿Como accedió Holder a la posición de rector?
–Ante el fallecimiento de Planchart, el Consejo Directivo se reunió y nombró como encargado a Holder. Sin embargo, en la misma reunión los representantes de la Apusb se opusieron a la designación aduciendo que se contradice la Ley de Universidades y al Reglamento Interno de la universidad.
–¿Que está planteado por ahora en la USB?
–Las voces de protesta oficial han sido las de los representantes de la Apusb, que se han pronunciado públicamente y han presentado al Consejo Directivo una lista de 10 nombres de profesores que están dispuestos a asumir la responsabilidad rectoral. Entre ellos está mi nombre. La idea que anima a la Apusb es que sea el CNU el que designe al rector encargado, seleccionando a cualquiera de los 10 candidatos listados, respetando el principio autonómico.
–¿Porque cree que la comunidad académica de la Universidad Simón Bolívar rechaza a Holder?
–Holder es un hombre del estamento militar, absolutamente ajeno al ámbito académico de la Universidad Simón Bolívar, impuesto por el CNU en el 2017 como vicerrector académico, ignorando la voluntad interna universidad, que para la fecha seleccionó a Oscar González para el cargo, tras una consulta institucional.
–¿Por no ser Holder de la comunidad de la Universidad Simón Bolívar queda descalificado?
–Holder tendrá sus méritos en el área militar, pero su designación por el CNU en el 2017 viola los principios de autonomía universitaria, de acuerdo al artículo 109 de la Constitución de la República bolivariana de Venezuela y al artículo 9 de la Ley de Universidades de 1970. En 1995 el presidente Rafael Caldera le otorgó autonomía plena a la Universidad Simón Bolívar por su madurez y productividad, lo cual implica que la institución goza de autonomía organizativa, académica, administrativa y financiera. La autonomía de elegir sus autoridades de entre sus propios miembros es vital para la salud institucional de las universidades.
–¿ Dentro de la Universidad Simón Bolívar no hay política partidista?
–Los miembros de la comunidad universitaria tendrán sus simpatías individuales por ideologías o por partidos políticos. Eso es inevitable. Sin embargo, yo puedo asegurar que ninguna autoridad rectoral en los 54 años de historia de la Universidad Simón Bolívar se ha comportado como un operador político a la hora de tomar una decisión o de contratar a alguien. Ese es el secreto de la Universidad Simón Bolívar, que goza de un poderoso prestigio internacional inclusive, ser una referencia a nivel de aplicaciones industriales en el país y haber graduado a casi 50.000 excelentes licenciados y técnicos superiores. La Universidad Simón Bolívar jamás ha sido una organización politizada y nunca debe llegar a hacerlo. Su fin es la persecución permanente de la excelencia y la búsqueda de la verdad en el área humanística y científica.
–¿La autonomía financiera implica que la universidad venezolana debe cobrar matrícula?
–Definitivamente no. Nuestra Constitución en su artículo 102 reza que la educación debe ser gratuita y obligatoria, una responsabilidad del Estado. Yo veo la educación, incluyendo la universitaria, como una inversión social. Formar un ingeniero de calidad, por ejemplo, desde primaria hasta la licenciatura, con formación académica experimental, con profesores de calidad, no baja de 250.000 dólares por persona. Solo el Estado puede asumir esa carga global en países en vías de desarrollo como Venezuela. En países desarrollados ese paradigma puede cambiar por el poder adquisitivo familiar y los objetivos particulares del Estado. La universidad venezolana debería, eso sí, recibir donaciones de todos los sectores de buena voluntad de la sociedad y ser ágil para captar fondos complementarios, haciendo actividades de extensión inclusive.
–¿Qué ideas tiene usted para destrancar el juego electoral universitario en el país?
–Yo pienso que la Universidad Simón Bolívar y, en general, la universidad venezolana autónoma debe entender que el gobierno está aplicando medidas políticas y que debe responder acordemente. Es decir, cerrarse en principios académicos absolutos e ignorar al gobierno puede implicar la muerte paulatina del pensamiento autónomo universitario. No debemos morir y no podemos aceptar rectores impuestos, exógenos, que no respeten la idiosincrasia de las instituciones, que sigan línea partidista en las decisiones de la universidad. La solución debe estar en negociar con el gobierno una solución intermedia: unas elecciones en las que se expresen los cinco gremios impuestos en el 2009 con la nueva LOE y temporalmente modificada con la sentencia 324 del TSJ de 2019, pero con factores de ponderación aceptables por todos, que nadie pueda impugnar. Algo ya se intentó en la UNET (Táchira) en el 2012 y formulas creativas alternativas pueden ser propuestas por las comisiones electorales internas de las universidades. Un ejemplo de negociación forzada por las circunstancias del país son los diálogos que se están dando en México, entre gobierno y oposición. Los radicales siempre van a protestar las negociaciones. El país exige soluciones. La Universidad Simón Bolívar también. El gobierno debe flexibilizarse. La Universidad Simón Bolívar también.