Foto: Cortesía

José Ignacio Hernández, procurador especial de la República nombrado por Juan Guaidó, explicó que la nueva orden ejecutiva dictada por el gobierno de Estados Unidos, cesará cuando cese la usurpación en Venezuela. Señaló que la medida es indispensable para acelerar la transición democrática en el país y proteger los activos del Estado.

Resaltó que ninguna empresa o persona  podrá prestar servicios ni realizar ningún tipo de actividad con el régimen de Nicolás Maduro porque será sujeto de sanciones.

“No es es un embargo en contra de Venezuela: es un embargo en contra del régimen de Maduro. Por ello, la orden  no afecta operaciones entre privados. Además, se aclaró que los temas de alimentos, salud y humanitarios no tienen ninguna restricción”, indicó Hernández en Twitter.

El procurador añadió que la orden firmada por el presidente Donald Trump refuerza la protección de los activos de Venezuela en Estados Unidos, muy especialmente Citgo y ningún acreedor podrá tomar coactivamente esas propiedades.

También se refuerza la ilegalidad de toda deuda que el régimen de Maduro pretenda contraer con activos de Venezuela. “Solo el legítimo gobierno del presidente encargado Juan Guaidó podrá realizar operaciones con esos activos”, indicó.

Recientemente, la Corte de Delaware negó la solicitud del equipo legal del régimen de Nicolás Maduro de deponer a la junta directiva de Citgo, la cual fue designada por la Asamblea Nacional el pasado mes de febrero.

José Ignacio Hernández indicó que con esta decisión, el tribunal estadounidense ratificó a la directiva de la filial de Pdvsa en Estados Unidos.


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