El jefe de la delegación del gobierno de Venezuela en la negociación con la oposición, Jorge Rodríguez, aseguró este viernes que se han cumplido los acuerdos suscritos sobre garantías electorales, minutos después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificara la inhabilitación política de la candidata de la principal coalición opositora, María Corina Machado.
«A pesar de las amenazas graves de sectores de ultraderecha contra la paz de la República, se ha cumplido con el mecanismo establecido en el marco de los acuerdos de Barbados», dijo el también presidente de la Asamblea Nacional en su cuenta en X.
El parlamentario reiteró que en Venezuela habrá elecciones presidenciales este año, «llueva, truene o relampaguee», así como con acuerdos o sin ellos, en alusión a lo pactado en octubre, cuando el Ejecutivo y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición antichavista, firmaron un documento que fija condiciones para las presidenciales de este año.
A pesar de las amenazas graves de sectores de ultraderecha contra la paz de la República, se ha cumplido con el mecanismo establecido en el marco de los Acuerdos de Barbados. Sigamos avanzando. Elecciones en 2024 llueva, truene o relampaguee!!!
— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) January 26, 2024
El Supremo venezolano anunció este viernes la habilitación de cinco opositores y, en cambio, ratificó las medidas administrativas en contra del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y de Machado, quien fue elegida como aspirante a la presidencia por la PUD, en unas primarias en las que arrasó con el 92,35% de los votos.
Inhabilitaciones
Los pronunciamientos del TSJ son una respuesta a las solicitudes de revisión de las inhabilitaciones introducidas por estos opositores, como parte de un mecanismo para el estudio de estos casos, acordado entre las partes.
La sentencia en el caso de Machado detalla que está inhabilitada por haber «sido participe de la trama de corrupción orquestada» por el exjefe del Parlamento Juan Guaidó, así como por incumplir normas venezolanas, al aceptar «la acreditación como representante alterna» de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en un debate celebrado en 2014.
La decisión publicada hoy establece que la sanción de la exdiputada tiene una duración de 15 años, contados a partir de septiembre de 2021.
Tras conocerse la decisión, la exdiputada aseguró -en X- que mantendrá su lucha por «elecciones libres y limpias».