Desde que se inició el 18 de marzo la jornada de inscripción y actualización en el registro electoral (RE) continúan las denuncias de irregularidades, que según la ONG Acceso a la Justicia todo indica que el objetivo es desalentar la participación del electorado en las presidenciales de 2024.
Acceso a la Justicia detectó al menos cuatro irregularidades que amenazan con afectar el derecho al voto y ponen en riesgo la transparencia y confiabilidad de los comicios.
Como primera falla, la ONG refiere la desinformación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Si bien informó que la jornada es del 18 al 16 de abril en 315 puntos que activó el ente rector, la ubicación de estos puntos se dio a conocer la noche anterior al comienzo del proceso.
“Por si fuera poco, organizaciones como Voto Joven denunciaron que al menos 21 de estos centros han sido trasladados en los últimos días a otras zonas, sin notificación previa”, señaló la ONG.
Esta situación se ha presentado en el municipio Caroní. Uno de ellos fue el que se activó el mismo 18 de marzo en el antiguo Club Fesilven, en el sector El Guamo. El punto del RE se instaló, según comentaron los mismos organizadores, para quienes fueron invitados. Ciudadanos que acudieron para actualizar sus datos confirmaron que se les preguntaba a qué UBCH pertenecen antes de entrar al lugar.
Acceso a la Justicia destaca que “para ayudar a los ciudadanos a ubicar los puntos de inscripción más cercanos, la plataforma Toma El Control lanzó un buscador por internet que permite a los electores encontrarlos fácilmente. El CNE, por su parte, se ha limitado a publicar una lista de seis páginas de extensión con las direcciones de los puntos”.
Puntos insuficientes
La ONG recuerda que a diferencia de las presidenciales de 2018, cuando se activaron 531, o los 1.558 que funcionaron para las parlamentarias de 2015, esta vez el CNE activó solamente 315 puntos del RE.
“En el estado Zulia, la circunscripción electoral más grande del país, se habilitaron solo 26 puntos fijos, y es la entidad que más tiene. En segundo lugar se ubicó el estado Miranda con 24 puntos y en tercero está el Distrito Capital, donde funcionan 22”, precisa.
Agrega que “a los estados Amazonas y Delta Amacuro solo se le asignaron cuatro y dos centros, respectivamente; ambos ubicados en sus capitales (Tucupita y Puerto Ayacucho). Esto a pesar de su gran extensión territorial y accidentes geográficos que dificultan la movilización de sus habitantes”.
En Bolívar se habilitó un punto por municipio, sin incluir los llamados puntos itinerantes de los cuales no se da información. Esto igualmente complica el traslado de los electores, pues hay zonas como en el municipio Gran Sabana, por ejemplo, que están a dos y cuatro horas de distancia de donde se encuentra la máquina instalada por el CNE.
“Asimismo, el plazo de poco más de un mes dado para recibir nuevas inscripciones o realizar cambios de centros de votación es insuficiente para permitir el registro de las más de 3 millones de personas que han cumplido o están por cumplir los 18 años, según cálculos de la organización Voto Joven. Para las parlamentarias de 2015 el plazo fue de poco más de 5 meses”, recuerda Acceso a la Justicia.
Además se ha denunciado que los comprobantes de inscripción o actualización en el padrón electoral emitidos en algunos puntos presentan fechas erradas, lo cual hace temer que esas incorporaciones o ajustes no sean registrados efectivamente para la fecha de la elección presidencial.
También hay reportes de jóvenes que se inscribieron antes de este proceso, directamente en la Oficina Regional Electoral, y pasado más de un mes siguen sin aparecer registrados en el CNE, a diferencia de otros jóvenes que hicieron su inscripción en la misma fecha y lugar.
Sin internet ni luz durante el registro electoral
Como tercera falla que describe Acceso a la Justicia está el problema de los servicios de internet y electricidad en los puntos del RE.
Esta situación se registró en el estado Táchira el 18 y el 19 de marzo.
“El concejal Jesús Márquez denunció que los empleados del CNE que se instalaron en el municipio Jáuregui le informaron que no pudieron realizar ningún trámite durante un día completo debido a que utilizan conexión de internet móvil de Movilnet y esta operadora no tiene señal en la zona”.
Entre las irregularidades también está el caso de los venezolanos en el extranjero que desean actualizar sus datos o inscribirse para participar en las elecciones del 28 de julio.
“Una revisión realizada por Acceso a la Justicia de noticias de medios de comunicación y redes sociales permitió detectar que hasta el 19 de marzo unas 20 embajadas y consulados venezolanos en distintos países de América Latina y Europa no contaban con los equipos necesarios para poder realizar las inscripciones de nuevos electores o actualizaciones”, señala la ONG.
Precisa que apenas unos 107.000 venezolanos están habilitados para votar en el extranjero, esto a pesar de que más de 7 millones residen fuera del país, según estadísticas de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
De este universo unos 4 millones están empadronados en el exterior para votar y 1,5 millones ya cumplieron en el extranjero la edad para ejercer este derecho constitucional.
Apunta además que el mayor obstáculo para la diáspora venezolana es el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electoral (Lopre), que exige que los venezolanos en el extranjero deben demostrar que “poseen residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela, a fin de registrarse para sufragar.
En el mismo artículo se les exige a los venezolanos que están en el país poseer la cédula laminada, vigente o vencida, para inscribirse en el padrón electoral (artículo 29).
El requisito adicional se antoja como una violación de lo previsto en el artículo 21 de la Constitución, que proscribe cualquier tipo de discriminación que persiga “menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”.
A esto se añade que el CNE ha impuesto requisitos adicionales a los del país de residencia para que la persona pueda registrarse, lo que contraviene la propia Lopre e incluso la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en la sentencia Nº 50 de la Sala Electoral del 28 de marzo de 2012 estableció que “la legalidad de dicho estatus migratorio únicamente la pueden certificar los órganos competentes del país donde resida, en aplicación de su ordenamiento jurídico interno en materia migratoria”.
Acceso a la Justicia hace hincapié en que “el escaso número de centros de inscripción, los pocos recursos con los que cuentan y el breve lapso que estarán operando, así como los requisitos adicionales impuestos a los millones de venezolanos que residen fuera del país, dejan en claro que la intención de las autoridades electorales no es garantizar la mayor participación posible en los próximos comicios presidenciales. Por el contrario, todo parece indicar que el objetivo es desalentar la participación”.
(Con información de Comunicaciones Acceso a la Justicia).
Por Jhoalys Siverio